Vea también el editorial “¡Puertas abiertas para los refugiados haitianos! Asilo, no deportaciones“.

Por Argiris  Malapanis

26 de septiembre del 2021—”¡Déjenlos entrar! ¡Déjenlos entrar!”, corearon los manifestantes el 22 de septiembre en Miami, Florida, exigiendo asilo para los refugiados haitianos. Casi 30 mil haitianos llegaron recientemente a Estados Unidos cruzando el Río Grande y buscando refugio bajo el Puente Internacional Del Río, en Texas.

“Joe Biden nou fache”, coreaban en criollo, según el Miami Herald. “Joe Biden le nou fache nou  pa jwe”, que se traduce aproximadamente como “Joe Biden estamos enojados. Joe Biden cuando estamos enojados no jugamos”.

Unos 200 manifestantes tomaron las calles frente a la oficina local de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en Miami, bloqueando partes de la Séptima Avenida del Noroeste cerca de Little River Drive, informó el Herald.

El Movimiento de la Red de Acción Familiar (FAMN), una organización con sede en Little Haiti (Pequeño Haití) de Miami, convocó la acción. Instó a la gente a protestar “por las expulsiones ilegales de refugiados haitianos y los graves abusos contra los derechos humanos en Del Río, Texas”.

“Esto es realmente atroz e inaceptable”, dijo Marleine Bastien, directora ejecutiva de FANM, según el Herald. “Tratan peor a los refugiados haitianos negros por su raza”.

‘¡Prometiste y mentiste!’

“Estamos aquí para luchar contra la deportación de haitianos, nuestras hermanas y hermanos que buscan asilo”, dijo a los medios Firmante Peters, una manifestante, según un video de la protesta de José Iglesias publicado en el sitio web del Herald. “Esto es algo que no podemos ocultar. La administración Biden nos lo prometió, y no está cumpliendo su promesa. ¡Alto a las deportaciones de haitianos ya! ¡Prometiste y mentiste!”

El 21 de mayo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció una extensión de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos que ya viven en Estados Unidos. Bajo TPS, personas del extranjero pueden vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos si las autoridades determinan que las condiciones en su país de origen son demasiado peligrosas para regresar.

Haití, una nación caribeña de casi 12 millones de habitantes con las condiciones más severas de pobreza y subdesarrollo en el hemisferio occidental, atraviesa otra grave crisis humanitaria.

En los últimos dos meses tras el asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, más de 2 mil haitianos han muerto y muchos más han resultado heridos y desplazados tras un terremoto y por inundaciones repentinas. Eso se suma al costo que ya se cobran el hambre, la enfermedad y el aumento de la violencia—producto neto de la superexplotación del país por parte de Washington y otras potencias imperialistas—en la empobrecida nación isleña.

Según las Naciones Unidas, Haití tiene uno de los niveles más altos de inseguridad alimentaria en el mundo. La ONU estima que 4.4 millones de haitianos, casi el 40% de la población, necesitan asistencia alimentaria inmediata. Entre ellos, 1.2 millones sufren de hambre severa. Más de 1 millón de personas enfrentan una emergencia. Estados Unidos y otros países ricos deberían proporcionar ayuda incondicional y masiva a Haití inmediatamente, en lugar de exacerbar los males sociales del país al obligar a los refugiados a regresar a los horrores de los que intentaban escapar.

Al extender el TPS a los haitianos en mayo, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que lo hacía “debido a las condiciones extraordinarias y transitorias en Haití que impiden que los nacionales regresen sin peligro, específicamente por una crisis política y abusos contra los derechos humanos; graves problemas de seguridad; y la exacerbación de la pandemia de COVID-19 por una grave situación económica y la falta de acceso a alimentos, agua y atención médica”. Esa declaración agregó: “Los efectos persistentes del terremoto de 2010 también han exacerbado actualmente la gravedad de las condiciones extraordinarias y transitorias en Haití”. Y concluyó: “La designación de Haití para el TPS no contraviene el interés nacional de Estados Unidos”.

La administración Biden, sin embargo, se ha opuesto obstinadamente a los llamados de los defensores de los refugiados haitianos en el sur de la Florida y en otros lugares, quienes buscan detener las deportaciones de haitianos de la frontera. En cambio, la Casa Blanca ha invocado el Título 42 del Código de Estados Unidos, una política instituida por el predecesor de Biden, Donald Trump, que permite a los agentes federales expulsar rápidamente a la mayoría de los refugiados o inmigrantes a México o sus países de origen sin la oportunidad de solicitar asilo. En medio de la pandemia de COVID-19, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, encargada de liderar la política de inmigración de la administración, afirman que esto se justifica como “medida de salud pública”, tal como lo hizo Trump.

Después de que el 16 de septiembre un juez federal detuvo estas expulsiones masivas bajo el Título 42, la Casa Blanca apeló inmediatamente la decisión. La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos suspendió rápidamente la orden judicial del juez, dando a Biden luz verde para continuar usando la ley de la era de Trump.

Esta política no sólo afecta a los haitianos, sino también a otros trabajadores que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. En los primeros seis meses de este año, agentes federales de Estados Unidos arrestaron a un récord de más de 1.1 millones de personas que cruzaron la frontera sur.

El trato a los refugiados haitianos es tan cruel que incluso el principal funcionario de Washington en Haití no pudo apoyarlo. El 23 de septiembre, Daniel Foote, quien fue nombrado en julio como el enviado principal de Estados Unidos a Haití, anunció su renuncia en protesta por las expulsiones masivas de haitianos por el gobierno federal.

“No quedaré asociado con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están confinados a complejos de seguridad debido al peligro que representan las bandas armadas que controlan la vida cotidiana”, escribió Foote al secretario de Estado Antony Blinken en su carta de renuncia.

Foote criticó lo que llamó un “ciclo de intervenciones políticas internacionales en Haití” que “ha producido resultados consistentemente catastróficos”. Advirtió que el número de personas desesperadas que viajan a las fronteras de Estados Unidos “solo va a crecer a medida que aumentemos la miseria inaceptable de Haití”.

Michael Knowles, presidente del Local 1924 de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) también expresó su oposición. “Estas medidas de disuasión [y] expulsión niegan el Estado de derecho a los solicitantes de asilo y los colocan en peligro. Eso es una violación de los derechos humanos”, dijo a Reuters Knowles, cuyo sindicato representa a los funcionarios de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La agencia de noticias informó que otros miembros de AFGE expresaron opiniones similares. “Nuestros miembros están indignados por el maltrato de los migrantes y la negativa de nuestras autoridades fronterizas a permitirles que se escuchen sus solicitudes de asilo”, agregó Knowles.

“Los sindicatos de esta región recuerdan a nuestros gobiernos que la única manera de lograr una verdadera seguridad es a través de políticas humanas que defiendan los derechos y la dignidad de todos los trabajadores, independientemente de dónde hayamos nacido o del color de nuestra piel”, dijo una declaración del 20 de septiembre de la federación sindical AFL-CIO. “Pedimos el alto inmediato al retorno forzoso de los solicitantes de asilo a lugares peligrosos y pedimos una ayuda humanitaria robusta para proporcionar alimentos y refugio al pueblo haitiano y apoyar los esfuerzos de los sindicatos para reconstruir su país”.

Expulsiones masivas

La administración Biden permaneció impávida. “Casi 30 mil migrantes han sido localizados en Del Río desde el 9 de septiembre, con el número más alto en cierto momento llegando a aproximadamente 15,000”, dijo Mayorkas a los medios el 24 de septiembre en su sesión informativa diaria en la Casa Blanca. “Hoy en día ya no quedan migrantes que permanezcan en el campamento bajo el Puente Internacional”.

El secretario de Seguridad Nacional dijo que para el 24 de septiembre los agentes federales ya habían expulsado a 2 mil a Haití en 17 vuelos. También afirmó que 8 mil regresaron a Haití “voluntariamente”. Alrededor de 17,400 están ahora encarcelados en centros de detención federales donde sus casos de asilo podrían ser escuchados. Eso deja a 2,600 desaparecidos, algunos de los cuales pueden haber regresado a México, según funcionarios estadounidenses.

Mientras aplicaba esta política brutal, la administración Biden derramó lágrimas de cocodrilo por las imágenes de agentes montados a caballo persiguiendo a haitianos en la frontera, en Del Río. El 19 de septiembre algunos refugiados intentaron cruzar el río y regresar al lado estadounidense de la frontera después de comprar alimentos y agua en México para llevar a sus familias en el campamento de Del Río. Los agentes federales usaron sus caballos para tratar de hacerlos regresar. En fotos y videos que se volvieron virales, se puede ver que los agentes agitan en círculo las largas riendas de sus caballos mientras intentan impedir que los hombres ingresen a Estados Unidos, inclinándose también sobre sus caballos para agarrar a algunos de ellos de sus camisas.

La Casa Blanca dijo que esas escenas eran “horribles”. El 23 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la unidad de patrulla a caballo en Del Río había sido suspendida temporalmente y que las acciones de los agentes estaban siendo investigadas. Los agentes de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, han montado a caballo para mantener a los inmigrantes fuera desde que se creó la agencia en 1924. Simplemente fueron capturados en video haciendo su trabajo. El “horror” que el Washington oficial ha expresado sobre el incidente no tuvo impacto alguno en su cruel política.

Muchos de los haitianos que llegaron a la frontera con Estados Unidos en septiembre habían viajado durante meses desde Brasil y Chile, a menudo a pie, a veces a través de la selva. Se les había permitido moverse y trabajar en esos países después de que un terremoto en 2010 devastó a Haití, lo que resultó en la muerte de más de 300 mil personas, según cálculos del gobierno haitiano.

Sin embargo, como han informado el diario español El País y otros medios, el empleo para muchos inmigrantes en estos países sudamericanos se agotó en los últimos años después de las rápidas desaceleraciones económicas debido a la pandemia del coronavirus. “La comunidad haitiana ha sido especialmente castigada y sometida a maltratos y abusos de todo tipo”, dijo a El País la socióloga María Emilia Tijoux, académica de la Universidad de Chile. Los que se quedan, dijo, “saben que deben resistir a un modo de ser nacional y racista”.

Muchos inmigrantes haitianos enfrentan un trato similar por parte de las autoridades estadounidenses, como lo confirman los acontecimientos recientes.

Un largo historial de intervención imperialista

¿Cuáles son los hechos que respaldan lo que dijo Daniel Foote al referirse al “ciclo de intervenciones políticas internacionales en Haití”?

Washington y sus aliados imperialistas tienen un largo historial de intervenciones militares en Haití y de explotación financiera de su pueblo. Esto incluye el respaldo de Estados Unidos a la larga y brutal dictadura de Duvalier de 1957 a 1986. Una rebelión popular derrocó a ese odiado régimen en 1986.

Cuatro años más tarde Lavalas, una organización nacionalista burguesa que prometía reformas, ganó las elecciones por mayoría aplastante. Lavalas estaba encabezada por Jean-Bertrand Aristide, quien se había hecho popular por sus críticas abiertas a la dictadura de Duvalier y fue elegido presidente. Un golpe militar derrocó al gobierno de Aristide siete meses después de que asumiera el cargo. En 1994, tropas estadounidenses invadieron el país y el gobierno de Aristide fue reinstalado. Si bien muchos haitianos inicialmente apoyaron esa intervención liderada por Estados Unidos, pronto quedó claro dónde se encontraban Washington y sus aliados.

Lejos de ayudar a las masas haitianas a resolver los problemas fundamentales que enfrentan, las tropas estadounidenses, francesas y otras tropas extranjeras intervinieron para proteger los intereses de los capitalistas ricos en Haití y de los tiburones en Wall Street, los responsables de las duras condiciones que enfrentan la mayoría de los haitianos.

El gobierno de Estados Unidos cortó la ayuda y bloqueó los préstamos para presionar al gobierno de Haití a acelerar la venta de industrias nacionalizadas a capitalistas privados. Se negó durante meses a entregar documentos tomados de la sede de los grupos militares y paramilitares haitianos. (¡El Pentágono afirmó arrogantemente que estos archivos se habían convertido en propiedad de Estados Unidos!) Washington presionó al gobierno de Aristide para que dejara de impulsar medidas que llevaran ante la justicia a los responsables de los asesinatos y torturas tan comunes bajo el régimen militar anterior. Finalmente, Washington obligó a Aristide a renunciar y a aceptar el exilio de su país en el 2004.

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, una fuerza para “mantener la paz” establecida bajo el patrocinio de Estados Unidos en el 2004 y que operó en el país hasta 2017 desempeñó un papel similar.

En contraste a un saqueo como éste, Cuba socialista respondió a los últimos desastres en Haití aumentando la magnitud de su Contingente Internacional de médicos Henry Reeve. La Habana envió otros 11 médicos especializados en enfrentar desastres y epidemias. Cuba ha mantenido una brigada médica en Haití durante 20 años ininterrumpidos, y en el momento del reciente terremoto, 253 profesionales ya estaban trabajando allí.