El 18 de junio de 2026, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba — el máximo órgano legislativo del país — adoptó una extensa serie de reformas económicas tras un extenso debate. El gobierno cubano tomó estas decisiones mientras el pueblo cubano se enfrenta a una grave crisis humanitaria causada en gran parte por la implacable guerra económica de Washington durante casi siete décadas, agravada este año por un bloqueo a las importaciones de petróleo a la isla y las nuevas sanciones draconianas impuestas por Estados Unidos. Las reformas parecen apuntar a un repliegue organizado con sustanciales aperturas al mercado capitalista. Están “concebidas como un ejercicio soberano para preservar las conquistas de la Revolución sin renunciar al socialismo”, como expresó el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz.