El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato y conspiración por matar a ciudadanos estadounidenses. Estas absurdas acusaciones forman parte de la campaña de la administración Trump para asfixiar a Cuba, que incluyen amenazas de un asalto militar con el fin de derrocar la Revolución Cubana.

Los cargos derivan de la supuesta responsabilidad de Castro, uno de los líderes históricos de la Revolución Cubana y general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, por el derribo de dos aviones en 1996 y la muerte resultante de cuatro miembros de los Hermanos al Rescate, un grupo con base en Florida liderado por contrarrevolucionarios cubanoamericanos.

Los dos aviones, acompañados por un tercer avión pilotado por José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, violaron repetidamente el espacio aéreo cubano e ignoraron las advertencias de que debían dar vuelta. La fuerza aérea cubana los derribó sobre las aguas territoriales del país mientras se dirigían hacia La Habana.

La incursión del 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo cubano fue precedida por una larga serie de violaciones de la soberanía cubana por parte de la organización, provocaciones organizadas desde suelo estadounidense que el gobierno estadounidense se había negado a bloquear. Después de que los pilotos fueran advertidos por el control de tráfico aéreo cubano, Basulto respondió que sabía que sus acciones los ponían en peligro, pero que lo harían de todos modos como “cubanos libres”.

Castro, hoy de 94 años, era en ese entonces el ministro de Defensa de Cuba y supuestamente ordenó el ataque.

Esta última agresión es una nueva escalada de la guerra económica de Washington contra la mayor de las Antillas, que lleva 67 años y se inició poco después de que en 1959 el pueblo cubano derrocara la odiada dictadura de Fulgencio Batista respaldada por Estados Unidos, abriendo el camino al socialismo en el continente americano.

Esto ocurre en un momento en que el bloqueo de los envíos de petróleo a Cuba que ha impuesto Estados Unidos ha generado una crisis humanitaria, ya que los cortes eléctricos socavan el transporte de alimentos, mercancías y personas, el sistema sanitario del país, el suministro de agua potable y otras infraestructuras críticas.

En las últimas semanas las declaraciones de funcionarios estadounidenses se han vuelto cada vez más belicosas. Los cargos contra Castro — especialmente a la luz del asalto de Washington contra Venezuela el 3 de enero y el secuestro del presidente de ese país para enfrentar cargos en un tribunal de Nueva York — aumentan la amenaza de una acción militar abierta contra Cuba.

Los grandes medios empresariales de Estados Unidos se han sumado a la campaña de la administración Trump, desempolvando una campaña propagandística de hace 30 años basada en mentiras sobre los Hermanos al Rescate y el incidente de 1996 para justificar cualquier posible acción de este tipo.

El artículo siguiente, que apareció por primera vez en el sitio Web de Belly of the Beast, describe la historia del incidente de 1996 y presenta los hechos necesarios para desmentir las falsedades difundidas por los grandes medios de comunicación. Lo publicamos a continuación para la información de nuestros lectores. El titular, los subtítulos, las fotos y los vídeos que siguen son del original. La traducción es de Panorama-Mundial.

— Los editores de Panorama-Mundial

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El encausamiento de Raúl Castro y el doble rasero de Washington sobre el terrorismo

20 de mayo de 2026

Por Nicholas Greven

La violencia — incluso el terrorismo — contra Cuba ha sido tolerada durante mucho tiempo en Washington; pero no toleran la respuesta de Cuba. Ese doble rasero vuelve a estar a la vista de todos ahora que la administración Trump intenta imputar al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos aviones hace 30 años, mientras el ejército estadounidense bombardea lanchas en el Caribe y el Pacífico con regularidad, matando a casi 200 personas impunemente.

El derribo en 1996 de dos Cessnas pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate, con sede en Miami, no fue un acto repentino ni ocurrió sin contexto. Esto ocurrió tras repetidas provocaciones e incursiones, numerosas advertencias y porque el gobierno de Estados Unidos se negó a contener a un grupo político que buscaba abiertamente la confrontación.

Presentada ahora en Miami y Washington como la largamente esperada rendición de cuentas por la muerte de cuatro hombres, la acusación pendiente se basa en una estrategia familiar: la indignación selectiva, la amnesia histórica y el excepcionalismo legal.

De misiones de rescate a provocación

Hermanos al Rescate fue fundada por José Basulto, un veterano de la fallida invasión de Bahía de Cochinos y colaborador de la CIA con un historial de acciones violentas contra Cuba. En 1961, Basulto participó en un complot para bombardear una base de misiles en La Habana. Un año después ayudó a posicionar un barco armado con un cañón de 20 mm frente a la costa de La Habana y disparó contra el hotel Hornedo de Rosita, donde creía que Fidel Castro estaba cenando, según The Atlantic.

“Fui entrenado como terrorista por Estados Unidos”, dijo Basulto.

El relato que sigue se basa en gran parte en el libro “Back Channel to Cuba” de William M. LeoGrande y Peter Kornbluh, quienes documentan los intercambios diplomáticos y los acontecimientos previos al derribo de los Hermanos al Rescate.

Hermanos al Rescate comenzó en 1991 realizando misiones de búsqueda y rescate de embarcaciones cubanas. Pero tras un acuerdo migratorio de 1994 que redujo drásticamente el flujo de migrantes que cruzaban el Estrecho de la Florida, el grupo pasó del trabajo de rescate a la provocación abierta. “Empezaron… a llevar a cabo una agenda política de acoso y amenazas contra el gobierno cubano”, recordó Richard Nuccio, entonces asesor especial de la Casa Blanca para Cuba. Los pilotos de Hermanos al Rescate violaron repetidamente el espacio aéreo cubano, lanzando medallones religiosos y panfletos antigubernamentales sobre La Habana, incluso uno, según documentaron LeoGrande y Kornbluh, instando a los cubanos a “Cambiar las cosas ahora”.

Basulto fue honesto sobre el propósito de los vuelos. Tras un sobrevuelo de La Habana en 1995, declaró: “Queremos confrontación”. La misión, dijo, pretendía demostrar que “el régimen no es invulnerable”.

El gobierno cubano le advirtió repetidamente a Washington que los vuelos eran ilegales y peligrosos. Los funcionarios cubanos presentaron protestas diplomáticas, enviaron pruebas a la Administración Federal de Aviación (FAA) y dejaron claro que si las incursiones continuaban, Cuba podría derribar los aviones. Los funcionarios estadounidenses sabían que el peligro era real. En un correo electrónico de enero de 1996, obtenido por el Archivo de Seguridad Nacional, la funcionaria de la FAA Cecilia Capestany le informó a sus superiores que “algún día los cubanos van a derribar a uno de esos aviones”.

Sin embargo, Washington no detuvo los vuelos. Los funcionarios cubanos utilizaron todos los medios de comunicación disponibles: notas diplomáticas, informes militares, intermediarios y contactos alternativos, para dejar claro que su paciencia se había agotado.

El 24 de febrero de 1996, tres Cessnas de Hermanos al Rescate despegaron de Florida tras presentar un plan de vuelo falso alegando que estaban buscando a balseros en alta mar. En realidad, la misión tenía como objetivo penetrar el espacio aéreo cubano.

Al acercarse la aeronave a la isla, los controladores cubanos le advirtieron inmediatamente a la aeronave que no cruzara su espacio aéreo. “Corren peligro si penetran de ese lado”, advirtieron.

“Estamos listos para hacerlo”, respondió Basulto según documenta el Archivo de Seguridad Nacional. “Es nuestro derecho como cubanos libres”.

Poco después, cazas cubanos derribaron dos de los aviones, matando a los cuatro hombres a bordo. El avión de Basulto logró regresar a Miami.

Convirtiendo una tragedia en un arma

El derribo de los aviones Hermanos al Rescate no solo se utilizó para vilipendiar a Cuba. También transformó la política estadounidense durante décadas.

Antes del incidente, la administración Clinton había estado explorando con cautela oportunidades limitadas con La Habana. Pero tras el derribo de los aviones, los sectores duros en el Congreso aprovecharon el momento. En la Casa Blanca, algunos funcionarios advirtieron contra una reacción exagerada. Hermanos al Rescate había “estado jugando con fuego”, le dijo Richard Nuccio al asesor principal Sandy Berger. “Han conseguido exactamente lo que esperaban conseguir”.

La advertencia no fue atendida. Clinton rápidamente apoyó la Ley Helms-Burton, que codificó en ley el embargo estadounidense y, a través de su Título III, amplió su alcance extraterritorial, permitiendo a ciudadanos estadounidenses encausar a empresas extranjeras que fueran acusadas de “tráfico” de bienes nacionalizados tras la Revolución Cubana. Clinton y todos los presidentes desde entonces suspendieron el Título III durante más de dos décadas, hasta que Trump activó la disposición en 2019, desatando decenas de demandas que resultaron en un éxodo de inversión extranjera de la isla.

El derribo de los Hermanos al Rescate también se convirtió en un elemento central para la persecución de Gerardo Hernández, uno de los Cinco Cubanos, un grupo de operativos encubiertos enviados al sur de la Florida para vigilar a las organizaciones terroristas vinculadas con ataques contra civiles en Cuba. En 1998, funcionarios cubanos le entregaron al FBI una extensa documentación que detallaba decenas de complots terroristas financiados por Estados Unidos. El FBI respondió arrestando a los agentes que se habían infiltrado en las redes terroristas. Hernández fue condenado en 2001, en un juicio muy controvertido, por cargos de conspiración relacionados con el derribo de los Hermanos al Rescate, a pesar de no haber pruebas de que hubiera participado, ordenado o tuviera conocimiento previo de la decisión de derribar la aeronave.

Casi tres décadas después, el mismo incidente vuelve a ser utilizado como arma para atacar a Raúl Castro, despojado del contexto más amplio en el que ocurrió. Lo que no incluye la acusación del Departamento de Justicia es el largo historial de extremistas violentos radicados en Florida que han perseguido a Cuba, lo que ha continuado hasta la fecha.

El terrorismo basado en la Florida y décadas de impunidad

El 25 de febrero de 2026, un barco registrado en Florida que transportaba a diez hombres armados intercambió disparos con la guardia costera cubana a una milla de la costa norte de Cuba. Según el Ministerio del Interior de Cuba, los hombres abrieron fuego primero, hiriendo a un comandante cubano. Tras el tiroteo, cinco de los hombres murieron y el barco fue confiscado, junto con más de 12 mil cartuchos, fusiles de francotirador, cócteles molotov, chalecos antibalas y equipos de visión nocturna. Se informa que los diez hombres a bordo eran, según se informa, nacidos en Cuba y residentes de Estados Unidos.

El incidente fue el último episodio en una campaña de décadas de ataques armados, sabotaje y terrorismo dirigidos contra Cuba desde suelo estadounidense, a menudo con impunidad y, en ocasiones, con protección política tácita en Miami y Washington.

El ejemplo más infame es el vuelo 455 de Cubana [de Aviación]. Se cree ampliamente que Orlando Bosch y Luis Posada Carriles fueron los responsables del atentado en 1976 contra el avión civil, que explotó frente a la costa de Barbados, matando a las 73 personas a bordo. En ese momento era el acto más mortífero de terrorismo aéreo en el hemisferio occidental. Entre las víctimas había niños y todos los miembros del equipo nacional de esgrima de Cuba.

Posteriormente el FBI describió a la organización de Bosch, CORU (Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas), como una “organización paraguas terrorista y anticastrista”, mientras que el exfiscal general de EE.UU. Dick Thornburgh calificó a Bosch de “terrorista impenitente”. Posada Carriles estuvo implicado en una larga serie de operaciones violentas que se extendió durante décadas, incluyendo una campaña de atentados en 1997 contra hoteles en La Habana que mató a un turista italiano e hirió a varios más.  

Lejos de procesar a Bosch y a Posada Carriles, Estados Unidos finalmente protegió a ambos. En 1990 el presidente George H.W. Bush permitió que Bosch permaneciera en el país a pesar de una resolución del Departamento de Justicia de 1989 que buscaba deportarlo, citando “pruebas sustanciales sobre sus actividades terroristas pasadas y presentes”. Mientras tanto, Posada Carriles escapó de una prisión venezolana mientras esperaba juicio por el atentado del vuelo de Cubana y más tarde reapareció en Centroamérica durante el escándalo Irán-Contra (véanse los registros desclasificados sobre Posada Carriles en el Archivo de Seguridad Nacional). Tras entrar ilegalmente a Estados Unidos en 2005, Posada Carriles fue protegido de la extradición a Venezuela y Cuba y nunca fue juzgado en Estados Unidos por el atentado contra el vuelo de Cubana.

Tanto Posada Carriles como Bosch vivieron libremente en Miami hasta su muerte.

Miami es el epicentro del doble rasero que impulsa la política estadounidense hacia Cuba. Los sectores duros cubanoamericanos que dominan la política de la ciudad han defendido durante mucho tiempo la violencia, el terrorismo y el castigo colectivo contra Cuba en nombre de la “libertad” y los “derechos humanos”. No es de extrañar que el actual impulso por imputar a Raúl Castro se produjera tres meses después de que los cubanoamericanos duros de la Florida instaran al Departamento de Justicia a hacer exactamente eso.

“Esto fue algo muy meditado que yo quería hacer”, dijo el representante Mario Díaz-Balart (R-FL) al diario USA Today. “Y pensé que éste sería el presidente que lo haría”.

Cuba enjuiciada, Washington por encima de la ley

La hipocresía no termina en el Estrecho de Florida. Desde el cambio de siglo, Estados Unidos ha bombardeado objetivos en varios países sin declaraciones de guerra, sin autorización de la ONU y a menudo con poca consideración por las víctimas civiles. Más recientemente, en el Caribe y el Pacífico, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques militares con un nivel de impunidad que hace que las acciones de Cuba en 1996 parezcan modestas en comparación.

Mientras Washington y Miami preparan acusaciones contra un hombre de 94 años por un incidente de hace tres décadas, la administración Trump ha pasado los últimos meses ejecutando a personas en lanchas en aguas internacionales sin aceptar responsabilidad alguna. Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha lanzado cerca de 60 ataques militares contra lanchas en el Caribe y el Pacífico bajo la Operación Lanza del Sur, alegando atacar a “narcotraficantes” y “organizaciones terroristas“.

Las operaciones han causado la muerte de al menos 193 personas, en parte debido a tácticas como aviones militares disfrazados y ataques de “doble toque” contra embarcaciones ya averiadas, en donde tras un ataque inicial el objetivo eran los supervivientes. Casi no se ha presentado ninguna prueba al público. Las imágenes de satélite son clasificadas. Las intercepciones no se publican. Ni siquiera se hacen públicos los nombres de los fallecidos. A las víctimas de la metralla estadounidense rara vez se les concede la dignidad del reconocimiento público.

Estos asesinatos extrajudiciales reflejan un familiar doble rasero en la política exterior de Estados Unidos: que la violencia de Estados Unidos es legítima mientras que la violencia de sus adversarios no lo es, incluso en casos de legítima defensa.

Replanteando el cambio de régimen como justicia

La acusación pendiente no es simplemente un medio para saldar cuentas de hace décadas; más bien, está al servicio de los objetivos actuales de política exterior, destinados a transformar cargos penales dudables en un pretexto legal para impulsar un cambio de régimen y posiblemente una intervención militar.

Según NBC News, Trump “ha quedado cada vez más frustrado con la capacidad del gobierno cubano de mantenerse el poder” y ha estado “presionando a sus asesores” sobre por qué aún no ha ocurrido el colapso a pesar de las sanciones extraterritoriales sin precedentes y un bloqueo petrolero que está causando una crisis humanitaria. Aunque los funcionarios de la administración creen que el gobierno cubano caerá antes de que termine el año, Trump “ha considerado ese plazo insuficientemente corto”.

Como la escalada de la guerra económica no logra el colapso del gobierno cubano, el Departamento de Defensa está elaborando planes para una posible acción militar contra Cuba.

La única pieza que falta es un pretexto legal. La acusación de “narcoterrorismo” utilizada para justificar el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro no puede aplicarse fácilmente a Cuba. Durante décadas, la “posición de consenso” dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense ha sido que Cuba no patrocina el terrorismo. Mientras tanto, el Departamento de Estado ha considerado durante mucho tiempo a Cuba un socio clave de Estados Unidos en la cooperación contra el narcotráfico.

La acusación contra Castro parecería proporcionar una justificación, aunque endeble, para una acción militar. Lejos de ser la culminación de una larga espera para la rendición de cuentas, el caso parece sentar las bases legales para una nueva y más violenta fase en el asedio de Washington contra Cuba.

Sobre el autor

Nicholas Greven tiene un máster en Estudios Latinoamericanos y del Caribe y una licenciatura en Historia de Estados Unidos y América Latina por la Universidad de Indiana en Bloomington. Actualmente estudia Derecho en la Facultad de Derecho de la City University of New York.

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