Por Marco Antonio Rivera

DENVER, CO, 11 de enero del 2022—Tanto el pueblo trabajador como todos los defensores de los derechos democráticos debemos expresar nuestra solidaridad con Rogel Aguilera Mederos y exigir que sea puesto en libertad inmediatamente.

Opinión

El chofer estuvo involucrado en un trágico choque de 28 vehículos porque los frenos del semirremolque que conducía fallaron cuando iba de bajada en una sección montañosa de la autopista I-70 en Lakewood, un suburbio de Denver. El accidente en abril del 2019 cobró la vida de cuatro personas. Después de que el pasado octubre un jurado declarara a Aguilera culpable de cuatro cargos de homicidio vehicular y otros 23 delitos penales, ¡un juez lo sentenció a 110 años tras las rejas!

La noticia de un castigo tan cruel e inusual despertó la sensibilidad de millones de personas en todo el mundo que rápidamente expresaron su indignación por la sentencia tan draconiana. La familia de Aguilera, grupos de compañeros camioneros y organizaciones hispanas en Estados Unidos organizaron protestas en la Florida, Colorado, Tejas y otros lugares. Más de 5 millones de personas han firmado una petición exigiendo clemencia para el trabajador inmigrante nacido en Cuba —que tenía 23 años cuando ocurrió el accidente—y la conmutación de su sentencia por el tiempo cumplido.

Músicos y otros artistas se han unido a la campaña solidaria. Entre ellos se encuentra   “Cenzontles de Burgos”, una banda de Tamaulipas, México, que compuso la canción “Sentencia 110”.

“Como no soy de su raza, me ven como amenaza”, dice la canción, compuesta en el popular género mexicano “corridos”.

Otros músicos han seguido su ejemplo, creando sus propias versiones con este estilo musical narrativo que, a menudo, representa “el blues” que experimentan los trabajadores. 

Celebridades como la modelo Kim Kardashian y la intérprete colombiana Shakira se han sumado a los llamados de justicia.

Como resultado de esta explosión de solidaridad, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Jefferson tuvo un cambio de opinión repentino. La oficina del fiscal anunció que buscaría una reducción de la sentencia a 20 a 30 años y ofreció una disculpa por el hecho de que la fiscal principal se jactó obscenamente de su “victoria” contra Aguilera. Después del anuncio de la sentencia de 110 años, la fiscal había publicado una foto de un trofeo celebrando su “éxito”.  

El gobernador de Colorado reduce sentencia

Mientras tanto, el 31 de diciembre de 2021, el gobernador de Colorado, Jared Polis, redujo la sentencia de Aguilera a 10 años, con la posibilidad de libertad condicional en cinco.

Polis anunció su decisión de fin de año después de que miembros de la familia del joven camionero, y otros que lo apoyan, se manifestaron frente al Capitolio y se reunieron con el gobernador para presentar la demanda de clemencia. Una de las voces más fuertes y emotivas durante la manifestación de solidaridad del 22 de diciembre aquí fue la madre de Aguilera. A través de un traductor, dijo en español: “Liberen a mi hijo porque voy a morir…. No podría soportar” una condena de décadas de prisión para su hijo.

En su carta de conmutación, el gobernador dijo que el accidente fue “un acto trágico pero involuntario”.

La principal fiscal de distrito del condado de Jefferson, Alexis King, criticó la decisión del gobernador por hacer corto circuito de “un proceso judicial más deliberativo”, como lo expresó un artículo en Al Jazeera.

El abogado por la defensa, James Colgan, calificó correctamente como “falsa” la crítica de King. “Hace dos semanas, ellos [los fiscales] estaban perfectamente de acuerdo con que mi cliente cumpliera 110 años, hasta que hubo una protesta pública”, dijo Colgan a Reuters. “Todo esto es política”.

El caso de Aguilera, aunque inusual en algunos aspectos, es un buen ejemplo de lo que la justicia bajo el capitalismo tiene reservado para los trabajadores.

Desde el día del trágico accidente, la fiscalía inició una campaña para retratar a Aguilera como un asesino, acusándolo de homicidio, de “imprudencia”, y de “extrema indiferencia”.

Aguilera, sin embargo, se disculpó con las familias de los fallecidos en el accidente y cooperó plenamente con la investigación del departamento de policía. La policía no encontró evidencia de que el camionero hubiera usado drogas o alcohol y dijo que Aguilera no tenía antecedentes penales o infracciones de conducción.

Sin embargo, el fiscal de distrito acusó a Aguilera de 40 delitos penales.

Aguilera testificó en el juicio que estaba transportando madera cuando los frenos de su semirremolque fallaron mientras descendía por una pendiente empinada de la Interestatal 70 en las estribaciones de las Montañas Rocosas. El camionero tomó una decisión en cuestión de segundos de no tomar la rampa de camiones desenfrenados porque pensaba que él iba poder tomar el hombrillo de la carretera y detener el vehículo una vez que llegara a una parte plana del camino al pie de la colina. Pero cuando llegó allí, el tráfico estaba embotellado debido a otro accidente. Cuando Intentó moverse hacia un lado para evitar los vehículos estancados, otro semirremolque ya se había detenido allí bloqueando la vía. Su camión se estrelló con vehículos que habían disminuido su velocidad, provocando una reacción en cadena y una bola de fuego que consumió vehículos y derritió partes de la carretera.

Durante el juicio, la fiscalía hizo todo lo posible por exonerar de toda culpabilidad en el accidente a la empresa Castellano 03 Trucking LLC, con sede en Texas, el empleador de Aguilera. La fiscal de distrito alistó a administradores y a mecánicos como testigos para comprobar, supuestamente, lo bien que el vehículo había sido mantenido y culpar únicamente a Aguilera. El hecho de que en los dos años anteriores al accidente esta empresa haya tenido 30 notificaciones por violaciones de seguridad no importaba.

Carácter de clase del “sistema de justicia”

El caso de Ethan Couch, el “niño de la afluencia”, presenta un fuerte contraste con el trato de Aguilera por parte de los tribunales. Couch, un joven rico de 16 años que la prensa describió como un “adolescente mimado de Texas”, se estrelló en el 2013 mientras conducía borracho y mató a cuatro personas. Quedó libre tras una sentencia de libertad condicional después de que sus abogados argumentaron que los padres de Couch nunca le habían “enseñado la diferencia entre el bien y el mal”.

El carácter de clase del “sistema de justicia” queda más claro todavía cuando se contrasta el caso de Aguilera con la forma en que los fiscales y jueces han bregado con las grandes corporaciones principalmente responsables de crímenes atroces. 

Un ejemplo reciente es la responsabilidad comprobada de los barones de las empresas farmacéuticas que causaron la epidemia de opioides en Estados Unidos con el fin de obtener ganancias gigantescas. Desde 1999, más de un millón de personas han muerto por sobredosis de opioides en este país. ¡Solamente el año pasado fallecieron cien mil personas!

En un juicio en 2020, John Kapoor y otros cuatro ejecutivos de Insys Therapeutics fueron condenados por conspiración de sobornar a médicos para que recetaran Subsys, el potente analgésico opioide de su compañía, incluso a personas que no lo necesitaban. Luego le mintieron a las compañías de seguros para asegurarse de que el costoso aerosol oral de fentanilo quedara cubierto en el recetario. El medicamento, diseñado para pacientes con cáncer, podía costar hasta $19,000 al mes. Kapoor, fundador de la compañía, fue sentenciado a 5 años y 6 meses de prisión. Sus ejecutivos recibieron entre un año y 33 meses. Al anunciar su sentencia tras este primer éxito en el enjuiciamiento de ejecutivos de las farmacéuticas por su papel en la crisis de los opioides, la jueza de distrito Allison Burroughs explicó su indulgencia citando la “filantropía” de Kapoor como un factor determinante.

Otros representantes de las grandes empresas farmacéuticas ni siquiera se han enfrentado a cargos penales.

En noviembre del 2020, el gigante de los opioides Purdue Pharma se declaró culpable de un cargo de conspiración doble por defraudar a Estados Unidos y violar la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y dos cargos de conspiración para violar el Estatuto Federal Antisoborno. En otras palabras, Purdue admitió su responsabilidad en el tráfico de narcóticos a una escala que sería la envidia de todos los cárteles de la droga en el mundo, y de además mentirle al gobierno federal. Como parte del acuerdo de culpabilidad, la compañía aceptó pagar miles de millones de dólares en multas y en acuerdos en las demandas de civiles. Sin embargo la familia Sackler, propietarios de Purdue, que ganó miles de millones traficando OxyContin  a pacientes incautos, obtuvieron inmunidad por las demandas de opioides como parte de este acuerdo.

Estos son sólo algunos de los innumerables ejemplos que ilustran cómo el sistema de justicia de Estados Unidos protege a la clase capitalista a expensas de las vidas y el sufrimiento de los trabajadores.

Disgusto de los camioneros por la sentencia de Aguilera

Los camioneros en muchas partes del mundo, particularmente en América Latina, reaccionaron con disgusto ante la sentencia de Aguilera. Los choferes conocen muy bien las terribles condiciones de trabajo y los desafíos inusuales a los que se enfrentan los trabajadores como Aguilera: de 60 a 70 horas de trabajo a la semana sin pago de horas extras, enfrentarse a dificultades para encontrar estacionamiento a su propia cuenta, y estar bajo presión constante para entregar cargas con estrictos límites de tiempo para evitar multas o deducciones de pago.  

Los gobernantes capitalistas están emprendiendo una campaña de reclutar a nuevos choferes para resolver las dificultades con “el mayor nudo en la cadena de suministros de Estados Unidos”, como lo expresó un artículo en la edición del 9 de noviembre de 2021 del New York Times.  El Times se refería a los embotellamientos del comercio mundial que se han multiplicado durante la pandemia del coronavirus.

El presidente Joe Biden anunció recientemente su “Plan de Acción para Camiones Remolque” para ayudar a los capitalistas con sus problemas con la cadena de suministros, pero no alcanzó a pedir salarios más altos o a pedir mejoras en las condiciones de trabajo para los conductores de esos camiones. El plan de Biden simplemente promete estudiar el “tiempo muerto pagado y no pagado” del conductor del camión, así como los “acuerdos depredadores de los arrendamientos de camiones”, como si éstos fueran una especie de misterio ineluctable.

De la misma manera en que los fiscales del condado de Jefferson hicieron todo lo posible por exonerar al empleador de Aguilera de cualquier responsabilidad, el plan de Biden tiene como objetivo ayudar a los jefes de empresas de fletes a resolver sus problemas mientras pretende preocuparse por las condiciones de trabajo tan inseguras que a menudo tienen que enfrentar los choferes.

Rogel Aguilera Mederos es un trabajador de 26 años nacido en Surgidero de Batabanó en la provincia de Mayabeque, en Cuba, y residente de Houston, Texas. Está casado y tiene un hijo pequeño. Es residente permanente de Estados Unidos. Como incluso el gobernador de Colorado admitió, el accidente en el que Aguilera estuvo involucrado no fue el resultado de un acto criminal sino de un accidente. Nadie, excepto la empresa de camiones para la que trabajaba debería tener que rendir cuentas por este desastre.

El abogado de Aguilera, James Colgan, ha anunciado que “habrá una apelación en cuanto a los hechos y errores cometidos en el juicio”.

Podemos apoyar el esfuerzo legal exigiendo que la sentencia de Aguilera se reduzca al tiempo cumplido y que sea puesto en libertad de inmediato. La reducción de su sentencia a 10 años no puede remediar esta grave injusticia de clase.

Únete a la familia de Aguilera y a los millones de personas que han firmado la petición en Change.org promoviendo esta campaña solidaria. Puedes encontrar la petición aquí.