(Esta es la segunda de dos partes. La primera puede encontrarse aquí.)

Por Geoff Mirelowitz y Argiris Malapanis

Nuevos cargos federales acusan a Trump de violaciones de la Ley de Espionaje y de obstrucción de la justicia por tratar de ocultar sus violaciones. La Ley de Espionaje es una legislación reaccionaria aprobada en 1917, dos meses después de que el gobierno de Estados Unidos se sumara a la Primera Guerra Mundial. La intención de la ley era silenciar e intimidar la oposición por parte de la clase obrera a la guerra, que fue librada en interés de los ricos.

ANÁLISIS DE NOTICIAS

Una de las primeras y más conocidas víctimas de esa ley fue Eugene Victor Debs, sindicalista revolucionario y socialista que se declaró en contra de la guerra. Más de una vez Debs había sido el candidato del Partido Socialista (SP) a la presidencia de Estados Unidos. Debs fue acusado bajo la ley después de un discurso que dio en Canton, Ohio, en 1918. Fue condenado por hacerlo pero se postuló nuevamente para presidente en 1920 — desde su celda en prisión — y ganó casi un millón de votos.

Otros que también han sido acusados bajo la ley incluyen a Daniel Ellsberg, quien sacó a la luz documentos que detallan las mentiras y el engaño de Washington sobre la guerra en Vietnam y que llegaron a conocerse como los “Papeles del Pentágono”, y Edward Snowden, quien reveló en 2013 la vigilancia secreta generalizada de ciudadanos estadounidenses por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Cuando Trump era presidente, su administración aplicó la Ley de Espionaje tal como lo han hecho republicanos y demócratas en el pasado.

Un eje central de la campaña de Trump en 2016 fue su acusación de que la candidata demócrata Hilary Clinton había puesto en peligro la seguridad nacional por el uso indebido de su cuenta gubernamental de correo electrónico. Una característica cotidiana de los mítines de campaña de Trump eran los gritos de “¡Enciérrenla!”. En ese entonces Trump declaró: “Voy a hacer cumplir todas las leyes relativas a la protección de la información clasificada” y “Nadie va a estar por encima de la ley”. Añadió que el manejo arrogante por Clinton de esa información tan sensitiva “la descalifica de la presidencia”.

Es irónico que sea Trump quien ahora enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel por un comportamiento similar.

Las supuestas violaciones por Trump de la Ley de Espionaje consisten en haber retenido documentos que el gobierno de Estados Unidos considera “clasificados”, y que no tenía derecho a tener en su poder después de dejar el cargo tras la toma de posesión de Biden.

Trump no es de ninguna manera el único exfuncionario que ha retenido documentos de esa índole. Tanto Mike Pence como Joe Biden han sido acusados de hacer lo mismo. La diferencia en esos casos parece ser simple. Pence y Biden aparentemente cooperaron con funcionarios federales para devolver esos documentos. El presente cargo acusa a Trump de negarse a hacerlo; de devolver algunos, pero no otros, y de tratar de ocultar los que no regresó.

Imputaciones de usar un doble estándar

Sin embargo, para mucha gente, los cargos contra Trump por el Departamento de Justicia de la administración Biden son considerados como un ataque contra su oponente más probable en las elecciones de 2024. Como lo expresó un titular del Washington Post, “La acusación contra Trump pone a Biden en un escenario sin precedentes”.

El editorial del Wall Street Journal del 9 de junio fue más allá todavía: “Como de costumbre, el mismo Sr. Trump es su peor enemigo”, argumentó. Esto no habría ido a ninguna parte”, dijo recientemente el exfiscal general Bill Barr a la cadena CBS, “si el presidente hubiera devuelto los documentos. Pero los tuvo dando vueltas durante un año y medio”.

“Dicho esto”, escribió el Journal, volviendo a su punto principal, “si los fiscales piensan que esto los va a absolver de las implicaciones políticas de su decisión de acusar al Sr. Trump, no entienden lo que han desatado.

“En el tribunal de la opinión pública, la primera pregunta será sobre dos estándares de justicia”, argumentó el Journal. “El Sr. Biden tenía archivos viejos y clasificados almacenados en su garaje de Delaware junto a su auto deportivo. Cuando salió esa noticia no sonó muy compungido. “Mi Corvette está en un garaje con candado, ¿de acuerdo? Así que no es como si estuvieran en la calle”, dijo Biden. El fiscal Garland nombró a otro fiscal especial, Robert Hur, para investigar, pero [el Departamento de] Justicia no va a acusar al Sr. Biden”.

¿Qué motivó la decisión de Trump de retener los documentos? Esa es una pregunta sin una respuesta clara. El gobierno probablemente tendrá dificultades para demostrar que Trump planeaba hacer algo nefasto con ellos. La mayoría de las denuncias por violaciones de la “seguridad nacional” que hacen los funcionarios gubernamentales de cualquiera de los partidos tienen, como su objetivo principal, proteger la información sobre la política y los actos de Estados Unidos que los ricos no quieren que los trabajadores conozcan.

Sin especular sobre el estado de ánimo de Trump, sus declaraciones públicas sugieren que él se considera por encima de la ley, en gran parte por ser un expresidente que continúa insistiendo que le robaron las elecciones de 2020. Sería posible argumentar que Trump esencialmente provocó que el Departamento de Justicia lo acusara al negarse a cooperar con la simple devolución de los documentos.

De hecho, el Washington Post del 15 de junio informó que Trump rechazó repetidamente los esfuerzos de algunos de sus abogados por evitar que se hiciera una acusación devolviendo los documentos clasificados que estaban en su poder. Uno de esos abogados, Christopher Kise, “quería abordar silenciosamente a[l Departamento de] Justicia para ver si podía negociar un acuerdo que excluyera los cargos, esperando que el fiscal general Merrick Garland y el departamento preferirían tener alguna vía de escape para evitar enjuiciar a un ex presidente”, señaló el Post. “Pero Trump no estaba interesado tras escuchar a otros abogados que lo instaron a tomar un enfoque más pugilístico, por lo que Kise nunca se acercó a los fiscales”.

La postura de Trump dejó solo dos alternativas para los liberales que lideran el gobierno de Estados Unidos: no hacer nada y aparentar ser débiles, o enjuiciarlo a pesar de saber que de ninguna manera existe la certeza de obtener una condena. Pero al elegir acusarlo, también desataron fuerzas políticas que no pueden controlar.

Una advertencia de los peligros

“La acusación contra Trump mas su candidatura podrían poner en peligro la democracia y el estado de derecho. La colisión de la acusación penal contra el expresidente Donald Trump aunada a la campaña presidencial podría socavar aún más la confianza en los principios democráticos y las instituciones de gobierno, dicen los expertos”, proclamó el titular de un artículo en el Washington Post del 17 de junio, expresando una opinión similar a la que expresaba el Wall Street Journal, aunque desde un ángulo diferente.

“En la estimación de muchos expertos legales, negarse a acusar a Trump, dada la preponderancia de la evidencia presentada en la acusación, habría enviado una señal de que los expresidentes, o al menos este expresidente, están por encima de la ley”, escribió el Post.

“Académicos, expertos legales y estrategas políticos concuerdan en que lo que se avecina puede ponerse feo y es impredecible”, dijo el artículo. “Muchos temen que las elecciones de 2024 no superen la desconfianza de muchos estadounidenses en su gobierno y sus cimientos, casi sin que importe el resultado. ‘Una democracia constitucional o se sostiene o se cae según la efectividad y confiabilidad de los sistemas a través de los cuales se crean y se aplican las leyes”, dijo William Galston del Brookings Institution. “Si llegan a plantearse dudas fundamentales sobre esas instituciones, entonces la democracia constitucional en su conjunto enfrentará problemas”.

“Además de esas cuestiones legales el país enfrenta grandes problemas”, dijo el artículo. “Con otras investigaciones en curso — una sobre el papel de Trump en el ataque del 6 de enero de 2021 … y el otro viendo sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia — podrían causarle más daño a estas instituciones democráticas por los golpes que probablemente van a sufrir entre ahora y la inauguración en 2025”.

El Post citó a Jack Goldsmith, quien sirvió en el Departamento de Justicia y en el Pentágono durante la administración de George W. Bush y ahora es profesor en la Facultad de Derecho de Harvard, y que observó: “Parece obvio y claro que va a ser peor y probablemente mucho peor”, dijo Goldsmith. “Condenado o no, nominado o no, podemos asumir que [Trump] va a inflamar esto al máximo y sus partidarios lo inflamarán al máximo”.

“La posibilidad de una acusación en la investigación del 6 de enero agrega otra capa de riesgo”, dijo el Post. “Goldsmith ve ese caso como legalmente más difícil que el caso de los documentos y, por lo tanto, potencialmente más difícil de ganar para los fiscales”, continuó.

“Es probable que estas sean las condiciones enfrentadas durante el próximo año electoral. Desde cualquier punto de vista, esto representa una perspectiva sombría para la restauración de una democracia próspera”, advirtió el Post.

Estados Unidos ha sido la democracia burguesa más estable del mundo durante más de un siglo. Su jefe ejecutivo — el presidente — cumple un mandato de cuatro años ininterrumpido por maniobras parlamentarias. Una elección presidencial en Estados Unidos, no importa lo amargamente disputada que sea, ha resultado, hasta 2020, en una transferencia de poder predecible y sin incidentes. Hoy eso no es cosa tan segura. La acusación contra Trump solo aumenta la incertidumbre y el peligro de inestabilidad política. Decenas de millones todavía creen en las falsas afirmaciones de Trump de que le robaron las elecciones de 2020 y lo apoyan en su lucha contra las acusaciones mientras hace campaña para retomar la Casa Blanca.

Las cuestiones políticas tendrán prioridad

No es posible predecir exactamente cómo se resolverán los problemas legales. El caso ha sido asignado a la jueza federal Aileen M. Cannon, quien falló a favor de Trump en una etapa anterior de la investigación del Departamento de Justicia (sólo para que sus fallos luego fueran revocados por un tribunal federal de apelaciones conocido por tener un sesgo conservador). Si el caso va a juicio, hasta un solo miembro del jurado que no haya sido persuadido por los cargos del gobierno podría bloquear una condena.

Esto se irá desplegando en el clima político tan polarizado que domina a Estados Unidos hoy. Como escribió Damon Linker en su artículo de opinión en el New York Times, “El Sr. Trump no es un político estándar que de casualidad entró en conflicto con los estatutos de corrupción. Es un hombre que llegó una vez a la presidencia y busca regresar a ella movilizando y atizando la masiva sospecha que existe sobre las instituciones y los funcionarios públicos. Trump se presenta como un hombre desafiante, ansioso por servir como tribuna para aquellos que se sienten abandonados, denigrados y humillados por los miembros del establishment.

“Entre más concertada sea la oposición que ha enfrentado el Sr. Trump por parte de la policía, los principales medios de comunicación, el Congreso y otras personas prominentes en nuestro país y cultura”, continuó Linker, “más popular se ha vuelto al seno de su partido. Los esfuerzos por frenarlo — para derrotarlo política y legalmente — a menudo han sido contraproducentes, reivindicándolo a él y a su lucha en los ojos de sus partidarios.

“No hay razón alguna para suponer que la posibilidad de que el Sr. Trump termine siendo un criminal convicto interrumpiría esta dinámica. Por el contrario, es mucho más probable que lo transforme en algo parecido a un mártir para millones de estadounidenses — y en el proceso les arrebate por completo a esos partidarios tan devotos el apego que le tienen al estado de derecho”.

Trump ha logrado este estatus porque, para decenas de millones en la clase trabajadora y sectores de las clases medias, las condiciones económicas y sociales en Estados Unidos continúan deteriorándose y Trump afirma — falsamente — que él las va a cambiar.

Algunos de los problemas que han llevado a que muchos pierdan la confianza en las figuras tradicionales del sistema bipartidista incluyen: la alta inflación; los salarios que no pueden mantenerse al día, lo que obliga a muchos a hacer trabajos secundarios; una sensación general de inseguridad económica; una crisis de falta de vivienda asequible y un creciente segmento de la población sin hogar; una epidemia del consumo de opioides y un número creciente de sobredosis letales de drogas; y los crecientes indicios de que los cambios climáticos ya están causando estragos en la vida de millones de personas.

Aquellos que gobiernan este país parecen tener menos fe en su propia capacidad de inspirar confianza en su habilidad de sacar al país de las cada vez peores condiciones que tantos enfrentan. Un indicio de esto es la probabilidad muy real de que la opción que le van a ofrecer al pueblo de Estados Unidos en las elecciones de 2024 sea elegir entre Biden, la persona más vieja que haya ocupado la Casa Blanca, o Trump, que tendrá 78 años el día de las elecciones de 2024. En lugar de proyectar la visión de un futuro significativamente diferente, lo que ambos partidos proponen es un faccionalismo constante que no ofrece soluciones políticas que puedan beneficiar a los trabajadores.

En un artículo de Panorama-Mundial del 16 de abril sobre la previa acusación contra Trump de cargos estatales en Nueva York, escribimos: “Mientras tanto, los trabajadores no tenemos un partido político que hable por nuestros intereses y que pueda responder a esta demagogia y señalar el camino hacia la acción política por la clase trabajadora que sea independiente de los dos partidos de los ricos. Con cada nuevo tema o controversia, nos dicen que elijamos entre los demócratas o los republicanos y los apoyemos a ellos. Lo mismo ocurre con los movimientos legales hoy día contra Trump. Y lo mismo ocurrirá con las medidas que se tomen en respuesta en el futuro a medida que las divisiones entre los partidos capitalistas continúen profundizándose”.

Creemos que lo que dijimos sigue siendo correcto. Solo un repunte en la resistencia de la clase trabajadora que conduzca al establecimiento de un partido político de los trabajadores que sea genuinamente independiente, y que luche día tras día por los intereses de los trabajadores, puede cambiar la situación que enfrentamos hoy.

(Esta fue la segunda de dos partes. La primera puede encontrarse aquí.)

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