El artículo a continuación fue publicado el 12 de mayo de 2025 por el sindicato de Hojalateros y del Transporte Aéreo y por Ferrocarril (SMART por sus siglas en inglés). Informa que “SMART sigue luchando por que Kilmar Abrego García regrese a casa y por su derecho al debido proceso legal”. Abrego García trabaja en la industria de la chapa metálica.

“El hermano Abrego García es un aprendiz de primer año del Local 100 de [SMART] y tiene su ha familia y ha hecho su vida en Maryland, donde también ayudaba a construir la infraestructura de nuestra nación”, dijo una declaración del Primero de Mayo emitida por la central sindical AFL-CIO, SMART, UNITE HERE y la Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines. “A pesar de esas contribuciones esenciales, fue deportado por el gobierno de Estados Unidos sin el debido proceso legal ni la oportunidad de apelar. No podemos permitir que ese error judicial prevalezca”.

Otros sindicatos se han unido a los llamados pidiendo que Abrego García regrese a casa y en defensa de otros trabajadores inmigrantes víctimas del gobierno. “Traigan a Kilmar a casa”, publicó la Asociación de Auxiliares de Vuelo y Trabajadores de Comunicación de Estados Unidos en su página de Facebook el 27 de abril. “Azafata, aprendiz sindical, trabajador agrícola. No importa dónde trabajes. Un ataque contra uno es un ataque contra todos”.

A principios de abril, 10 sindicatos nacionales y decenas de locales que representan a más de 3 millones de trabajadores también emitieron una declaración exigiendo la liberación de los trabajadores inmigrantes recientemente secuestrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según un artículo de Labor Notes.

Abrego García creció en El Salvador y luego emigró sin papeles a Estados Unidos en 2011 a la edad de 16 años, escapando de las amenazas de las pandillas. En 2019, un juez de inmigración le concedió la suspensión del estatus de deportación debido al peligro que corría por la violencia de las pandillas si regresaba a El Salvador. Este estatus le permitió vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Cuando fue deportado el 15 de marzo de 2025, vivía en Maryland con su esposa y sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, y cumplía con las citas anuales requeridas por ICE.

Incluso después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que su deportación era ilegal y ordenó a la Casa Blanca que “facilitara” el regreso de Abrego García, la administración Trump ha mantenido una postura desafiante, insistiendo en que el trabajador inmigrante no regresará a Estados Unidos.

Esto a pesar de que James Percival, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) designado por Trump, reveló por escrito a sus colegas el 30 de marzo que la deportación de Abrego García se debió a “un error administrativo”. En los días antes de que esto se diera a conocer, funcionarios del DHS trataron de retratar a Abrego García como un “líder” de la violenta pandilla callejera MS-13, a pesar de no poder encontrar evidencia para respaldar la afirmación, según el New York Times.

Desde entonces, la administración Trump ha librado una campaña implacable para difamar a Abrego García. Presentan la grabación de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 que resultó en una multa por conducir con una licencia vencida como prueba de que Abrego García es un “traficante de personas”. Grabaciones de una disputa doméstica, que constituye una invasión de su privacidad y la de su esposa, Jennifer Vásquez Sura, la presentan para reforzar una imagen de él como un “golpeador de esposas”.

Abrego García fue deportado a El Salvador junto con casi 140 inmigrantes venezolanos que la Casa Blanca calificó de “extranjeros ilegales” y que acusó de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua. Sin embargo, al menos 50 de estos hombres habían ingresado legalmente a Estados Unidos, según informó el diario británico The Guardian el 19 de mayo.

“El gobierno los llama a todos ‘extranjeros ilegales’. Pero de los 90 casos en los que se conoce el método de cruce, 50 hombres informan que ingresaron legalmente a E.E.U.U, con permiso previo del gobierno de Estados Unidos, por un punto fronterizo oficial”, dijo el instituto Cato en un informe publicado el mismo día.

La administración Trump invocó una ley para tiempos de guerra que rara vez se usa — la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 — para deportar sumariamente a estos inmigrantes sin el debido proceso legal. Desde entonces, varios tribunales federales y la Corte Suprema han fallado en contra del intento de la administración Trump de usar la ley para deportaciones sin derecho a una audiencia judicial.

La reacción de Trump a estos reveses legales fue atizar el apoyo público a su campaña de deportaciones masivas, cuya meta es convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios culpándolos por los bajos salarios, el deterioro de condiciones laborales, el crimen y otros males sociales. “¡LA CORTE SUPREMA NO NOS PERMITE SACAR A LOS CRIMINALES DE NUESTRO PAÍS!” publicó Trump en Truth Social, su plataforma social, el 16 de mayo.

Esto prepara el escenario para una mayor confrontación con los tribunales y plantea el peligro de mermar la separación de poderes entre las ramas judicial y ejecutiva del gobierno, a medida que Trump avanza hacia la consolidación de un gobierno de un solo hombre.

Desde que asumió el cargo hace más tres meses, la administración Trump ha tomado muchas medidas para impulsar su cruzada antiinmigrante. Entre ellas se encuentran:

• Anunciando que el gobierno ha deportado a 135 mil personas en sus primeros 100 días en el cargo, afirmando que esto “ya ha superado [las cifras de] la totalidad del año fiscal 2024”. Muchos informes noticiosos cuestionan estas afirmaciones, estimando el número en 72 mil. Sin embargo, incluso aceptando las cifras oficiales como fidedignas, la tasa promedio de deportaciones diarias es 1% menor que la del último año de la administración Biden.
• Eliminando el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los inmigrantes venezolanos, quienes recibieron ese estatus en 2023, lo que podría afectar a unas 350 mil personas, una decisión refrendada el 19 de mayo por la Corte Suprema; y el anuncio el 21 de mayo de que el TPS también se elimina para Afganistán.
• Intentando convencer o coaccionar a otros gobiernos para que acepten la deportación de inmigrantes de Estados Unidos que no son nacionales de esos países. Esto incluye a un hombre de Myanmar y otro de Vietnam que la administración Trump deportó a Sudán, país devastado por la guerra, en violación de una orden judicial que prohíbe tales deportaciones a terceros países sin otorgar a los inmigrantes el debido derecho al proceso legal, como informaron CBS News y otros medios el 20 de mayo. Según los informes, la Casa Blanca también está buscando similares acuerdos de deportación con otros países como Angola y Guinea Ecuatorial.
• Deportando a cientos de solicitantes de asilo de varios países, la mayoría de los cuales no hablan español, a los llamados países “puente” como Panamá y Costa Rica, donde muchos permanecen en el limbo. Algunos han sido transportados a refugios improvisados en el Tapón del Darién, la peligrosa jungla entre Panamá y Colombia que muchas personas cruzan en su camino hacia la frontera con Estados Unidos.
• Ofreciendo a los inmigrantes indocumentados $1,000 para que se auto-deporten. El primer vuelo a Honduras y Colombia con inmigrantes que aceptaron esta oferta despegó de Houston el 19 de mayo.
• La imposición de multas extraordinarias a los inmigrantes que se nieguen a auto-deportarse. Un caso notorio es el de una madre indocumentada de tres hijos en Florida, a quien ICE le impuso una multa de $1.8 millones. No queriendo compartir su nombre por temor a una mayor victimización, le dijo a Telemundo 51 el 19 de mayo que en 2005 huyó de la violencia de las pandillas en su Honduras natal después de que su hermano fuera asesinado por miembros de la notoria pandilla MS-13.
• Movilizando a 10 mil militares y buscando la movilización de hasta 20 mil efectivos de la Guardia Nacional para controlar las fronteras y realizar deportaciones masivas.
• Asegurando más de $150 mil millones en fondos adicionales durante cinco años para aplicar la ley de inmigración, que es parte del proyecto de ley fiscal que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 22 de mayo. Esto incluye 59 mil millones de dólares para ampliar el muro fronterizo. Los nuevos fondos también pagarán para contratar a 10 mil agentes adicionales de ICE y 8,500 funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza, y ampliarán el número de camas de detención de 41 mil a 100 mil. Estas medidas ya han llevado a una dramática disminución de los cruces fronterizos no autorizados, especialmente en la frontera entre Estados Unidos y México.

Todo esto está sentando las bases para expulsiones más masivas de las que hemos visto hasta ahora. Es probable que lo que sigue sea un mayor número de arrestos y deportaciones, aunque sería muy difícil deportar a todos los que actualmente están en Estados Unidos sin papeles, alrededor de 11 millones de personas — un objetivo que la administración Trump había proclamado anteriormente.

Si bien hay algunos en el campo de Trump que hacen campaña activamente por ese objetivo — uno de ellos es Steve Bannon, un ultraderechista y antiguo principal estratega de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump — eso requeriría un nivel de represión sin precedentes y tendría un impacto negativo, también sin precedentes, sobre la economía.

Lo que se ha logrado hasta ahora es crear una mayor atmósfera de miedo entre todos los inmigrantes. Esto sirve a los intereses de la clase capitalista, manteniendo un segmento especial de segunda clase de la clase obrera que puede ser obligado a aceptar salarios más bajos y peores condiciones de trabajo, lo que facilita la intensificación de la explotación de todos los trabajadores.

Incluso sin la deportación de millones de personas, la erosión política de los derechos democráticos ha comenzado claramente y va a continuar. El debido proceso legal — que para un inmigrante indocumentado incluye el derecho a impugnar la orden de deportación en un tribunal y tener el tiempo suficiente para organizarse para hacerlo — ampara a todos en el país, independientemente de su estatus legal, según la Constitución de los Estados Unidos. Queda por verse exactamente hasta dónde conducirá este ataque contra los derechos democráticos.

Las campañas por los sindicatos que exigen el regreso de Abrego García y defienden a otros trabajadores inmigrantes son un ejemplo de lo que debe hacerse para contrarrestar la campaña antiinmigrante de la administración Trump y defender los derechos democráticos.

La defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes, que incluye la necesidad de obtener una amnistía para todos los trabajadores indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, es crucial para unir a la clase trabajadora y resistir la carrera de los multimillonarios hacia el abismo.

Panorama-Mundial publica el artículo que sigue para información de nuestros lectores. También alentamos a todos a unirse a la campaña de SMART y de otros sindicatos para lograr que Abrego García regrese a casa y para defender los derechos de todos los trabajadores inmigrantes. El título, el video y el texto a continuación han sido tomados del original.

— Los editores de Panorama-Mundial

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Defendiendo nuestros derechos: Luchando por Kilmar Abrego García y por su derecho al debido proceso

12 de mayo de 2025

Desde mediados de marzo, SMART ha seguido luchando por el regreso a casa de Kilmar Abrego García y por su derecho al debido proceso legal. Abrego García, un aprendiz de chapa metálica del Local 100 de SMART en Maryland, fue deportado por error a El Salvador hace casi dos meses.

El último episodio de SMART News presentó la cobertura del caso en curso, incluyendo imágenes de una conferencia de prensa con el presidente general de SMART, Michael Coleman, y la esposa de Abrego García, Jennifer; una entrevista con el abogado de SMART, Luke Rebecchi; y la participación del presidente general Coleman en el programa The Situation Room de CNN.

“El principio del debido proceso legal es uno de los valores fundamentales sobre los cuales fue fundada nuestra nación. Cada persona en Estados Unidos tiene el derecho al debido proceso legal, el derecho a enfrentarse a sus acusadores, la garantía de que nadie será ‘privado de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal'”, dijo el presidente general Coleman el 4 de abril. “Cuando Kilmar Abrego García fue deportado por error a El Salvador, se le negó su derecho al debido proceso legal, y nosotros en SMART estamos luchando para garantizar que reciba el tratamiento que le otorga la ley, al igual que lucharíamos, y siempre lucharemos, por los derechos de todos y cada uno de los miembros de SMART”.

“En un abrir y cerrar de ojos, nuestros tres hijos perdieron a su padre y yo perdí al amor de mi vida”, dijo Jennifer Vásquez Sura durante la conferencia de prensa en abril. “Su madre perdió a un hijo, sus hermanos perdieron a su hermano. Toda nuestra familia está destrozada por lo que, en palabras de ICE, fue un error”.

“Todos tenemos que imaginar si esto nos pasara a nosotros”, dijo el Presidente General Coleman durante la misma conferencia de prensa. “Es uno de nuestros familiares, uno de nuestros amigos. Puesto bajo custodia, deportado ilegalmente y sin poder comunicarse con sus seres queridos.

“No basta con admitir que se cometió un error — tienen que arreglarlo”.

El jueves 10 de abril la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que respalda la orden de un juez federal que requiere que el gobierno facilite el regreso de Kilmar Abrego García a Estados Unidos. Instamos a nuestros miembros a enviar una carta a sus representantes y senadores exigiendo que tomen acción.

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