Por Yvonne Hayes

El 22 de agosto, Kilmar Abrego García, aprendiz en la industria de chapa metálica y miembro del Local 100 de la Asociación Internacional de Trabajadores de Chapa Metálica, Aéreos, Ferroviarios y del Transporte (SMART por sus siglas en inglés), regresó a casa con su familia en Maryland. El trabajador inmigrante fue puesto en libertad después de meses de encarcelamiento, la mayor parte en una prisión en El Salvador conocida por su brutalidad, donde había sido deportado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin permitirle ejercer su derecho, constitucionalmente garantizado, al debido proceso legal.

Tres días más tarde, después de hablar brevemente para darles las gracias a los cientos de simpatizantes reunidos frente al edificio federal en Baltimore, Maryland, Abrego García y su esposa Jennifer Vásquez Sura subieron los escalones para presentarse como se requiere para una entrevista rutinaria de inmigración.

Dentro de ese edificio federal, un agente enmascarado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvo. Un representante de CASA, la organización de derechos de los inmigrantes, le dijo a la multitud esperando afuera que Vásquez Sura, quien ha liderado la lucha para traer a su esposo a casa, “miró firmemente a los oficiales a la cara y les dijo: ‘Recuerden este momento cuando vayan a casa y vean a sus hijos. Una vez más han secuestrado a mi esposo'”.

OPINIÓN

Abrego García fue detenido a la fuerza por ICE el 12 de marzo cuando regresaba a casa del trabajo con su hijo en el automóvil. Tres días después, fue deportado a El Salvador, presuntamente por ser un pandillero afiliado a la MS-13. Dos semanas después de su deportación, el gobierno se vio obligado a admitir que había cometido un “error administrativo” porque en 2019, un juez de inmigración había prohibido explícitamente su deportación a El Salvador debido al temor de que su seguridad estuviera en riesgo. En respuesta a una demanda de Vásquez Sura, el 10 de abril la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno que “facilitara” su regreso. La administración Trump afirmó que no tenía autoridad para hacerlo.

El 12 de mayo, a medida que aumentaba la presión para traer a Abrego García a casa, el gobierno presentó cargos penales en Tennessee alegando que era un traficante de personas. Y a principios de junio, las autoridades estadounidenses lo trajeron de regreso a Estados Unidos para ser juzgado y lo mantuvieron en una cárcel de Tennessee hasta su liberación el 22 de agosto.

Nuevas amenazas por parte del DHS

Inmediatamente después de volver a ponerlo bajo custodia el 25 de agosto, el gobierno anunció su intención de volver a deportar a Abrego García, esta vez a Uganda. Solo dos días antes, habían indicado que aceptarían enviarlo a Costa Rica, que ha dicho que lo aceptaría como refugiado, si se declara culpable en el caso de Tennessee. Abrego García se negó. Sus abogados citan este tejemaneje por parte del gobierno como prueba adicional de que se trata de un caso de “enjuiciamiento vengativo y selectivo”.

En respuesta a una petición de los abogados del trabajador inmigrante la jueza federal de distrito, Paula Xinis, emitió una orden temporal que prohíbe la deportación de Abrego García, para darle tiempo a considerar si debe ser deportado a un país de su elección y si estaría en riesgo en Uganda.

Los funcionarios del DHS anunciaron el 5 de septiembre que, aunque no estaban de acuerdo con las preocupaciones sobre la seguridad de Abrego García en Uganda, lo deportarían a Eswatini, un país en el sur de África, casi completamente rodeado por Sudáfrica, con una frontera también compartida al este con Mozambique. Eswatini es conocido por sus duras condiciones carcelarias. Su gobierno no ha dado garantías de que no enviaría a Abrego García de regreso a El Salvador.

Junto con esta declaración llegó una nueva moción que el gobierno de Estados Unidos presentó ante la corte afirmando que si Abrego García tiene éxito en reabrir su caso de asilo, será devuelto inmediatamente a El Salvador a pesar de la orden de 2019 que prohíbe su deportación a ese país.

Si bien la ley de inmigración requiere que la solicitud de asilo se presente dentro de un año de ingresar a Estados Unidos, los abogados de Abrego García señalan que cuando llegó por primera vez a Estados Unidos, era un adolescente que huía de la extorsión y las amenazas de violencia, y que ciertamente era elegible para el asilo. Ahora con 30 años, pero habiendo sido obligado a regresar a El Salvador, donde fue abusado y torturado, argumentan que su petición de asilo debe ser considerada, que el plazo se reinició cuando volvió a ingresar a Estados Unidos bajo custodia del DHS a principios de junio. El gobierno afirma que es miembro de una organización terrorista extranjera que lo hace inelegible para el asilo.

Derecho al debido proceso

En respuesta a este arresto más reciente, el presidente general de SMART, Michael Coleman, emitió una declaración condenando las acciones del gobierno.

“En SMART, luchamos por el principio del debido proceso legal todos los días”, dijo Coleman. “Defendemos el valor estadounidense fundamental de que todos nuestros miembros, y todos en este país, son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Seamos muy claros: Kilmar merece su día en la corte. Y si el gobierno quiere enviarlo a la cárcel, deben demostrar su culpabilidad en la corte”.

Desde su detención inicial y deportación en marzo, el sindicato se ha pronunciado repetidamente en defensa de Abrego García y ha trabajado con Vásquez Sura y su equipo legal para presionar su caso en los tribunales. SMART también ha ayudado a garantizar que su familia sea atendida durante su ausencia.

El 1º de abril, después de que el gobierno admitiera su “error” al haber deportado a Abrego García dos semanas antes, Coleman dijo: “Kilmar, nuestro hermano del Local 100… estaba legalmente autorizado para vivir y trabajar en este país y había cumplido plenamente con sus responsabilidades bajo la ley. No tenía antecedentes penales y, de hecho, es un ejemplo del arduo trabajo del que se enorgullecen los miembros de SMART. Y, sin embargo, la Administración Trump, consciente de su estatus protegido, lo deportó a El Salvador, dejando que su esposa descubriera esa información por medio de las fotografías de un comunicado de prensa.

“Buscando la vida prometida por el sueño americano, el hermano Kilmar estaba literalmente ayudando a construir este gran país. ¿Qué obtuvo a cambio? Arresto y deportación a una nación cuyas prisiones se enfrentan a las protestas de organizaciones de derechos humanos”.

Instando a sus miembros a hacer donaciones a una cuenta de GoFundMe para la familia, una publicación de SMART en abril decía:

“Kilmar huyó de El Salvador después de soportar amenazas y extorsión de la violenta pandilla Barrio 18. Estas amenazas fueron tan severas que un juez de inmigración de Estados Unidos le otorgó protección legal en 2019. A pesar de esta protección, el hermano Abrego García … fue entregado a las manos de la misma pandilla de la que huyó…

“El gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad legal para arrebatar de la calle a una persona que está legalmente presente en Estados Unidos y sacarla del país sin el debido proceso. Que el gobierno afirme lo contrario, y que alegue que los tribunales federales no tienen poder para intervenir, son irrazonables…..

“Honremos los principios fundamentales de nuestra unión: solidaridad, justicia y la defensa de nuestros miembros. Le instamos que considere donar y compartir la historia de Kilmar para ayudar a traer a este hermano a casa”.

Respuesta del movimiento sindical

Otros sindicatos también han prestado su voz a la defensa de Abrego García.

En el período previo al Primero de Mayo, la AFL-CIO y varios sindicatos internacionales emitieron declaraciones exigiendo el debido proceso legal para Abrego García. Una carta abierta (en inglés) firmada por 15 sindicatos nacionales y docenas de locales, así como por muchísimas organizaciones de justicia social, describió la serie de ataques contra los trabajadores inmigrantes, entre ellos la deportación de Abrego García, como la punta del iceberg de los ataques del gobierno contra el derecho a organizarse y protestar.

“El movimiento obrero se apega a un valor por encima de todos los demás: la solidaridad”, dice la carta. El movimiento obrero exige el fin de los ataques de la administración Trump contra los trabajadores inmigrantes, la libertad de expresión, el derecho a organizarse y negociar, y los trabajadores del gobierno federal, sus sindicatos y los servicios que brindan”.

Los patrocinadores de la carta abierta esbozaron una serie de demandas que pueden servir como ejemplo a seguir para todos los trabajadores, entre ellas un llamado a “todos los sindicatos para que organicen mítines, manifestaciones y otras acciones para exigir que la administración detenga estos ataques y libere a nuestros compañeros trabajadores. El movimiento sindical debe actuar para detener la maquinaria de deportación, la censura y la intimidación de Trump. Cuando sea necesario, debemos interrumpir el quehacer habitual de todos los días”.

El apoyo que ha recibido Abrego García ha servido en buena parte para revertir su expulsión a El Salvador y evitar que se haga realidad la campaña del gobierno en su contra. Pero dada la magnitud de las fuerzas alineadas contra él, ese apoyo no ha alcanzado a corregir esta injusticia. Si bien son importantes los esfuerzos de los sindicatos por difundir la verdad sobre este caso y explicar el concepto fundamental de solidaridad entre los trabajadores, especialmente dada la abierta hostilidad hacia los inmigrantes que se escucha entre algunos grupos de trabajadores y de muchos en las clases medias, las declaraciones de solidaridad y la confianza ciega en los tribunales, por sí solas, no detendrán esta aplanadora.

La anatomía de una trampa para incriminarlo

El de Abrego García no es un caso aislado. Es parte de un creciente ataque contra el pueblo trabajador que se enfoca en asaltar a los trabajadores inmigrantes con matones enmascarados en sus lugares de trabajo y sus barrios de clase trabajadora, y ahora incluye una declaración de “guerra” contra ciudades como Los Ángeles y Chicago.

El gobierno ha decidido usar a Abrego García como ejemplo para todo trabajador que se atreva a enfrentarse a las autoridades. El caso del gobierno contra este trabajador inmigrante tiene como objetivo dividir e intimidar a los trabajadores y hacer que sus sindicatos acepten cada vez más la campaña de los gobernantes por incrementar su riqueza y su poder.

Desde el principio, el gobierno ha mantenido una avalancha constante de calumnias y difamación para obtener apoyo público para sus acciones, mientras le niega a Abrego García su derecho al debido proceso legal. El objetivo ha sido deshumanizar a Abrego García y convencer a otros trabajadores de que debemos verlo — junto con todos los demás inmigrantes — como un criminal y una amenaza para la sociedad.

Desde que una juez federal desestimó la justificación original del Departamento de Justicia para su arresto y deportación por rayar en lo “fantasioso” (su presunta membresía en la pandilla salvadoreña MS-13), los funcionarios del gobierno han usado su desmesurado acceso a los medios noticiosos para tacharlo como un esposo abusivo, para aseverar que solicitó fotos y videos de un menor desnudo y que tuvo que ver en un asesinato, y para pintarlo como un traficante de personas.

La calumnia de que “maltrata a su esposa” se deriva de un incidente de violencia doméstica en 2021, que la Casa Blanca sacó a relucir ante la prensa en abril de 2025. Al publicarla también revelaron la dirección de Vásquez Sura, lo que la obligó a ella y a los niños a mudarse a una casa más segura por temor al acoso y las represalias.

Vásquez Sura, quien ha defendido enérgicamente a Abrego García, le explicó a la prensa que el incidente de 2021 ocurrió cuando ella y su esposo tuvieron una discusión mientras estaban en su automóvil. Se enojó y la golpeó, dejándola con un moretón, un rasguño sobre el ojo y la camisa rota.

“Porque superé la violencia doméstica en una relación anterior, actué por precaución luego del desacuerdo con Kilmar, amparándome con una orden de protección civil, en caso de que las cosas llegaran a más”, dijo en un comunicado compartido por su abogado. “Las cosas no llegaron a más y decidí no seguir adelante con el proceso en la corte civil. Pudimos resolver la situación en privado como familia, incluso yendo a terapia”.

“Kilmar siempre ha sido un compañero y padre amoroso, y continuaré apoyándolo y exigiendo justicia para él. Nuestro matrimonio solo se fortaleció en los años siguientes”, afirmó.

“Nadie es perfecto y ningún matrimonio es perfecto”, dijo Vásquez Sura. “Pero eso no es justificación para que ICE lo secuestre y lo deporte a un país donde se suponía que debía estar protegido de la deportación”.

Una declaración el 24 de abril de la Alianza para Inmigrantes Sobrevivientes (AIS), que defiende a inmigrantes que han superado la violencia doméstica, la agresión sexual y la trata, criticó el intento del gobierno de aprovechar “la explotación de sus familias [los sobrevivientes] y de sus vidas privadas al servicio de objetivos políticos”.

“Seamos claros: nuestro movimiento no aboga por la erosión del debido proceso legal o la expulsión masiva de inmigrantes como una solución a la violencia contra las mujeres en este país. Esto no es lo que hace que las comunidades sean más seguras”, advierte la declaración de AIS.

“Los intentos de traumatizar e intimidar a los sobrevivientes, y convertir sus experiencias en teatro político son inaceptables y dañinos, tanto para las familias involucradas como para el objetivo más amplio de poner fin a la violencia de género. No demuestra un compromiso serio para poner fin a la violencia contra las mujeres.

“Politizar su dolor… hace que sea mucho menos probable que los sobrevivientes denuncien delitos y obtengan ayuda”, señaló AIS.

La calumnia sobre la “trata de personas” es una distorsión de los cargos del 12 de mayo que el gobierno presentó en Tennessee, que alegan que Abrego García es culpable de transportar a sabiendas a “extranjeros [que] estaban en Estados Unidos en violación de la ley”. La “evidencia”, que el gobierno ha difundido ampliamente, se deriva de una parada de tráfico en 2022, pero los cargos de contrabando surgieron solo después de que el gobierno se viera presionado para corregir el “error” del cual se valió para justificar su deportación.

Según el informe del DHS sobre el incidente, otros ocho hombres iban con Abrego García en su automóvil. Abrego García declaró que conducían de Houston a Maryland para trabajos de construcción. El oficial de la patrulla de carreteras apuntó los nombres de los pasajeros, pero no pudo leer la escritura y no prosiguió con el asunto ya que no se emitió ninguna citación. Abrego García recibió una advertencia por conducir con una licencia vencida.

Las acciones citadas — incluso si los hombres que viajaban con Abrego García eran inmigrantes indocumentados — están muy lejos de constituir “trata humana”, un delito contra seres humanos que implica el uso de la coerción con la intención de explotar. De hecho, si los cargos en la acusación son ciertos, lo peor de lo que se puede acusar a Abrego García es de ayudar a hombres que muy bien pueden haberse encontrado en situaciones similares a la suya, hombres que solo buscan una manera de mantenerse a sí mismos y a sus familias, hombres que pueden haber huido de la violencia y la persecución en sus países de origen.

¿Cuántos de nosotros hemos eludido la ley por razones menos nobles: contratar a alguien que pueda ser indocumentado para hacer trabajos de jardinería o para ayudar a limpiar la casa; conducir a casa después de tomar un poco de alcohol; tratando de torcer nuestras finanzas para que encajen en alguna laguna fiscal aquí o allá?

Cualquier trabajador que se haya topado con problemas en el trabajo o en el sistema legal va a reconocer las tácticas del gobierno. Inocentes o culpables, ya sea que alguien haya cometido algún error o no, los patrones y su gobierno usan los mismos métodos (exageración, distorsión y mentiras descaradas) para asegurarse de ganar su caso, sin importar si sus pruebas son fabricadas o sin peso legal.

“Todos debemos que imaginar si esto nos sucediera a nosotros”, señaló Coleman, el presidente de SMART. “Tomado bajo custodia, deportado ilegalmente y sin poder comunicarse con sus seres queridos”.

Cualquiera de nosotros podría terminar en este tipo de trampa, incluso si nuestro único “crimen” es mantenernos firmes.

La reciente y vergonzosa decisión de la Corte Suprema de eliminar cualquier restricción cuando ICE opera en base a la discriminación racial y económica está interrelacionada con los esfuerzos del gobierno de tratar de incriminar y deportar a Abrego García.

Es inusual que Panorama-Mundial cite las palabras de un/a juez de la Corte Suprema, pero en este caso son absolutamente precisas — y escalofriantes.

Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que disintieron, escribió que el fallo de la Corte del 8 de septiembre significa que la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos podría ya no proteger los derechos de personas “que tienen cierto semblante, hablan de cierta manera y parecen tener el tipo de trabajo legítimo que paga muy poco. Como eso es incontrovertiblemente incompatible con las garantías constitucionales de nuestra nación, disiento”.

Moción para “amordazar” a Noem, Bondi

Dada la campaña de calumnias y los esfuerzos por avivar el sentimiento racista y antiinmigrante en su contra, Kilmar Abrego García ha solicitado que los tribunales instruyan a la secretaria del DHS, Kristi Noem, y a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, así como a otros representantes del gobierno, que se abstengan de hacer comentarios extrajudiciales sobre su caso. La moción señala que la campaña de calumnias en su contra hace que sea mucho más difícil para este trabajador inmigrante recibir un juicio justo e imparcial.

Si bien es cierto que ocupar un cargo político no anula el derecho de alguien a la libertad de expresión, existen reglas que rigen la conducta de las personas involucradas en procedimientos legales, las cuales tienen el objetivo de proteger la integridad del proceso y los derechos del acusado, reglas que en este caso los funcionarios del gobierno y sus patrocinadores en los medios de comunicación de las grandes empresas han ignorado por completo.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intervenido para acusar falsamente a Abrego García. “Le dio una paliza a su esposa”, dijo Trump a los periodistas el 25 de agosto. “Su esposa tiene miedo incluso de hablar de él, ha sido mutilada por este animal”. Una semana antes, el presidente publicó en su cuenta X una supuesta foto de la mano tatuada de Abrego García con las marcas “MS13” claramente superpuestas al original. Y el 25 de agosto, la cuenta “X” de la Casa Blanca publicó un gráfico de Abrego García con “MS 13” estampado en el pecho.

El presentar a Abrego García como un personaje diabólico tiene el objetivo de aprovechar el miedo que muchos trabajadores sienten en un mundo donde su futuro parece inestable. Es solo cuando luchamos por los derechos de todos los trabajadores — sean de donde sean — y cuando nos unimos en la acción, que tendremos la oportunidad de contrarrestar esta embestida.

Todo trabajador tiene el derecho a defenderse de cargos penales y tiene el derecho a vivir, a trabajar, y a cuidar de su familia. La amenaza de deportación que se cierne sobre las cabezas de millones de trabajadores estadounidenses, y las expulsiones masivas que ya están en marcha, debilitan a nuestra clase y fortalecen a los empleadores.

El caso de Abrego García debe convertirse en un llamado contundente a la unidad y en un ejemplo en las batallas por venir.

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