Federico Fuentes, activista de solidaridad con Venezuela desde hace mucho tiempo, fue citado extensamente en el análisis informativo en dos partes, La conquista de Washington en Venezuela, que publicó Panorama-Mundial el mes pasado. En una entrevista con la revista en línea Tempest, Fuentes explicó el historial de sumisión al imperialismo estadounidense por parte de la nueva presidenta venezolana Delcy Rodríguez y su administración durante el primer mes tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero de 2026.

Desde que la entrevista se publicó a principios de febrero, las concesiones que el gobierno venezolano le ha otorgado a Washington se han intensificado. Un intento notable por ganarse el favor de sus supervisores yanquis se develó en respuesta al inicio, el 28 de febrero, de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, otro intento más de lograr un “cambio de régimen” mediante una fuerza militar abrumadora y la decapitación del gobierno. Esta vez, en lugar de secuestrar al líder central como en Venezuela, los guerreristas estadounidenses e israelíes arrasaron con el complejo donde el ayatolá Alí Jameneí se reunía con sus principales asesores, matándolo a él y a varios otros.

Esa misma mañana, el gobierno de Rodríguez emitió un comunicado expresando su “condena y profundo pesar” por la elegida “opción militar” mientras se celebraban las conversaciones diplomáticas. Sin embargo, en ningún lugar de la declaración se mencionaba a Estados Unidos o Israel.

Por otro lado, el comunicado condenó explícitamente las acciones de represalia de Irán como “represalias militares inapropiadas y reprobables contra objetivos en varios países de la región”. El documento concluía con un llamado a la reanudación de las negociaciones entre todas las partes.

Tras una amplia crítica en las redes sociales, la declaración fue retirada de las cuentas oficiales del ministerio de Asuntos Exteriores y de las plataformas sociales del ministro de Asuntos Exteriores Yván Gil.

En contraste, varias organizaciones venezolanas de base han demostrado tener una brújula moral superior. La Plataforma Internacional para la Solidaridad con la Causa Palestina y la Fuerza Patriótica Alexis Vive emitieron declaraciones condenando inequívocamente la guerra de Estados Unidos e Israel, como también lo hizo la sección venezolana de Alba Movimientos, una alianza continental de movimientos sociales. El 3 de marzo, simpatizantes de estos grupos marcharon frente a la embajada iraní en Caracas en señal de solidaridad coreando “Irán, amigo, el pueblo está contigo”.

La entrevista con Fuentes apareció por primera vez el 4 de febrero de 2026 en el sitio web de Tempest. La publicamos con el amable permiso de Fuentes y de Tempest. El titular, las citas en bloque y el texto que aparecen a continuación son del original. La traducción, las fotos y las notas son de Panorama-Mundial.

— Los editores de Panorama-Mundial

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Venezuela después del golpe

Entrevista con Federico Fuentes

4 de febrero de 2026

Por Ashley Smith y Federico Fuentes

El presidente Donald Trump ha implementado su Doctrina Donroe de la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., realizando un golpe de Estado en Venezuela. Su propósito es crear una esfera de influencia exclusiva en el hemisferio occidental, imponer la dominación imperial en estos países y expulsar a sus rivales, especialmente a China. En un primer paso de esta estrategia, Trump urdió falsas acusaciones de tráfico de drogas contra el régimen de Nicolás Maduro, utilizándolas para justificar la ola de ataques terroristas contra lanchas que navegaban frente a la costa venezolana y el envío de fuerzas especiales para secuestrar a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, que han sido recluidos en una cárcel de Nueva York en espera de juicio. En su declaración a la prensa sobre el golpe, Trump y los miembros de su gobierno reconocieron abiertamente sus verdaderos objetivos imperiales: el control del petróleo de Venezuela.^[1]

Sin embargo, en vez de instalar un gobierno de derecha encabezado por María Corina Machado, la líder de la oposición, Trump mantuvo intacto el régimen de Maduro, ahora dirigido por Delcy Rodríguez. A pesar de su retórica antiimperialista, la nueva presidenta colabora con el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, Trump avizora nuevas intervenciones y cambios de régimen — desde Colombia hasta Nicaragua, Cuba y Groenlandia — con el fin de someter el hemisferio occidental a los designios de Washington.^[2]

En esta entrevista Ashley Smith, la redactora de Tempest, habla con el activista Federico Fuentes sobre el golpe, el régimen de Maduro y la urgencia de fortalecer la resistencia antiimperialista frente al nuevo imperialismo agresivo de Trump. Fuentes es un activista solidario con Venezuela desde hace mucho tiempo que vivió en Caracas durante varios años durante el gobierno de Hugo Chávez como corresponsal de Green Left [Izquierda Verde] y como investigador en el Centro Internacional Miranda. Es editor de LINKS International Journal of Socialist Renewal.

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Ashley Smith: El golpe de Estado de Trump en Venezuela conmocionó al mundo. Es claramente el primer paso de su Nueva Doctrina Monroe para declarar el hemisferio occidental como esfera de influencia exclusiva de Washington, lo que convierte en blanco de sus ataques a todos los gobiernos que se opongan a EE.UU. o se resistan a sus dictámenes. Pero también es sorprendente. Antes del golpe, Maduro le estaba ofreciendo a EE.UU. todo tipo de concesiones y acuerdos, pero Trump optó por secuestrarlo de todos modos. ¿Por qué?
Federico Fuentes: Las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro se remontan al inicio del segundo mandato de Trump, cuando su enviado especial, Richard Grenell, se reunió con Maduro en Caracas. Parece que, al menos durante un tiempo, Trump estaba abierto a la idea de replantear las relaciones con la Venezuela de Maduro.

Esto se basaba en el reconocimiento de que los aliados tradicionales de Washington en la oposición de derecha eran demasiado débiles para desalojar a Maduro del poder o asegurar una gobernanza estable, y que el gobierno de Maduro podía satisfacer los requisitos de Trump, en particular en lo que respecta a las deportaciones y al acceso al petróleo. Y Trump tuvo razón: el gobierno de Maduro aceptó la repatriación de deportados, liberó a varios ciudadanos estadounidenses que tenía bajo su custodia y ofreció públicamente a EE. UU. acceso a su petróleo. Lo único que no estaba dispuesto a ofrecer era la cabeza de uno de los suyos.

Trump advirtió varias veces que, si Maduro no dimitía y abandonaba el país, se emprendería algún tipo de acción militar. Maduro pensó que podía poner en evidencia el farol de Trump. Al final, se produjo el dramático asalto militar al territorio venezolano, que no solo condujo al secuestro de Maduro y de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, sino también a la muerte de un número aún desconocido de ciudadanos venezolanos y 32 cubanos. Una intervención imperialista que hay que denunciar.^[3]

Algunos… han argumentado que, dado que el gobierno sigue prácticamente intacto, nada ha cambiado fundamentalmente. Pero… el equilibrio de fuerzas que sustenta a este gobierno ha cambiado profundamente.

La razón es que Trump se dio cuenta de que era insostenible lanzar su nuevo “corolario Trump” a la Doctrina Monroe — que, como afirma su Estrategia de Seguridad Nacional, busca “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” — y permitir al mismo tiempo que Maduro permaneciera en el poder y negociara con su gobierno. Así que lo que ocurrió fue una operación que derrocó a Maduro, pero manteniendo su gobierno. El dramático asalto militar marcó el inicio oficial de la ejecución del “corolario Trump”.

Ya logrado su objetivo, el Gobierno de Trump ahora está negociando con el nuevo gobierno, encabezado por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, en una situación fundamentalmente diferente: una en la que todas las cartas están en manos de Trump. Su intención es usar esto para humillar al gobierno y esencialmente convertir a Venezuela en un protectorado del siglo XXI.

AS: El golpe de Trump no fue un cambio de régimen. Mantuvo al régimen en su lugar, sin Maduro y su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué no instaló a Machado y a la oposición de derecha?

FF: Por dos razones. En primer lugar, porque entendía que Machado y la oposición de derecha no podrían gobernar el país de forma estable, principalmente porque no tienen influencia en el ejército y las fuerzas de seguridad. Además, aunque la gente que apoya al gobierno es minoría, representa un sector importante de la sociedad y se habría movilizado contra la imposición de un gobierno de ese tipo. Los escenarios más probables hubieran sido movilizaciones callejeras y tal vez incluso una guerra civil.

En segundo lugar, el gobierno de Trump consideró que cualquier nuevo gobierno sin Maduro mantendría su política de buscar un acuerdo con EE.UU. Reconoció que el gobierno de Maduro ya estaba muy debilitado por la pérdida de apoyo y legitimidad como resultado de las elecciones presidenciales de 2024, en las que el gobierno se negó a publicar resultados verificables, lo que indicaba claramente que se había cometido fraude.

Por lo tanto, cualquier nuevo gobierno dependería en gran medida de EE.UU. para mantenerse en el poder. Dado el control del gobierno de Maduro sobre el ejército y el papel que éste había jugado en el desmantelamiento del proceso radical de cambio liderado por Chávez — comúnmente conocido como la revolución bolivariana — los funcionarios de Trump consideraron que un nuevo gobierno dependiente, un madurismo sin Maduro, sería la mejor opción para garantizar la estabilidad y asegurar sus intereses.^[4]

Hay otros dos puntos que vale la pena señalar. En primer lugar, siempre he creído que las sucesivas administraciones estadounidenses preferían sustituir a los gobiernos de Chávez y luego de Maduro por una autoridad de transición antidemocrática. Durante mucho tiempo, esto fue esencialmente una necesidad, ya que la oposición era incapaz de ganarse el apoyo popular en las elecciones.

Y lo que es más importante, dicha autoridad estaría en óptimas condiciones para revertir por completo los logros que aún se mantienen de la revolución bolivariana. Una autoridad que no fue elegida no se vería obstaculizada por preocupaciones sobre la popularidad o el mandato del electorado y, por lo tanto, estaría menos sujeta a la presión de las bases. En cambio, podría implementar rápidamente lo que buscaba Estados Unidos (y aplicar la represión necesaria), de modo que, cuando lleguen a celebrarse las elecciones, todas las decisiones importantes ya se hubieran tomado.

Hoy en día, la principal base de apoyo del gobierno es el gobierno de Estados Unidos.

Lo que no preví fue que, en última instancia, esa autoridad podría estar mejor gestionada por figuras que mantuvieran la retórica de la revolución bolivariana (aunque hubieran presidido su destrucción), y no por la oposición. Irónicamente, el gobierno de Rodríguez tiene una ventaja sobre Machado, ya que esta última estaría casi con toda seguridad sujeta a una mayor presión popular, dada la gran cantidad de votos que su candidato preferido, Edmundo González Urrutia, parece haber obtenido en las últimas elecciones presidenciales, según indican los comprobantes de votación recogidos por la oposición.

El otro punto es que debemos enfocarnos en el contenido y no en la forma. Algunos en la derecha (y en la izquierda) han argumentado que, dado que el gobierno sigue prácticamente intacto, nada ha cambiado fundamentalmente. Pero eso pasa por alto un elemento crucial: el equilibrio de fuerzas en el que se sustenta este gobierno ha cambiado profundamente.

Cuando Chávez fue elegido en 1998, llegó al poder con un programa progresista, pero le resultó difícil implementar muchas de las reformas que proponía. La antigua clase capitalista, encabezada por la principal cámara de comercio de las grandes empresas, Fedecámaras, seguía teniendo la ventaja en términos de equilibrio de fuerzas, en particular a través de su control del ejército y de la empresa petrolera estatal, PDVSA.^[5]

Estas palancas cruciales del poder se utilizaron para intentar derrocar a Chávez en 2002-2003. Sin embargo, la derrota del intento de golpe militar en abril de 2002 y del cierre patronal de los magnates petroleros de diciembre de 2002 a enero de 2003 — ambos gracias a la movilización masiva de la mayoría pobre, la clase trabajadora (en particular los trabajadores del petróleo) y los sectores patrióticos del ejército — alteró fundamentalmente el equilibrio de poder. En su forma, el gobierno de Chávez era el mismo antes y después de estos acontecimientos, pero en su contenido era fundamentalmente diferente.

Lo mismo ocurre ahora, aunque de forma algo inversa. El equilibrio de fuerzas no se ha alejado de la clase trabajadora y los pobres, a quienes el gobierno de Maduro apartó y reprimió. En cambio, sí se ha alejado de la nueva base en la que se apoyaba para gobernar, o sea las fuerzas militares y de seguridad, la nueva clase capitalista que alimentó mediante el acceso a los fondos estatales y, en los últimos años, la antigua clase capitalista (incluso Fedecámaras hizo las paces con el gobierno).

Hoy en día, la principal base de apoyo del gobierno es el gobierno de Estados Unidos. La dramática pérdida de apoyo popular, puesta de manifiesto en las elecciones presidenciales de 2024, reveló la fragilidad del régimen. El asalto militar estadounidense del 3 de enero dejó al gobierno completamente desprotegido. El resultado es una autoridad de transición sin mandato popular y cuyo control del poder depende en última instancia de Washington: una situación tremendamente peligrosa para el pueblo venezolano y su soberanía.

AS: Muchos han señalado la evidente colaboración entre el régimen de Rodríguez y EE. UU. tras el golpe de Estado. Algunos han argumentado que ella llegó a un acuerdo con Trump para entregar a Maduro y ofrecer concesiones petroleras a cambio de preservar el régimen. ¿Es esto cierto? ¿Cómo encaja el acuerdo de Rodríguez con su postura antiimperialista? ¿Qué intentará hacer ahora?

FF: Aunque no se puede descartar un acuerdo, no se han presentado pruebas definitivas. Además, hay dos argumentos sólidos en contra de que se haya llegado a tal acuerdo. En primer lugar, es más probable que los miembros del Gobierno pensaran que podían poner en evidencia el farol de Trump, creyendo que no iría tan lejos o que, en última instancia, aceptaría un acuerdo que mantuviera a Maduro en el poder. Esto ayuda a explicar por qué las fuerzas armadas venezolanas estaban tan mal preparadas ante el asalto del 3 de enero, a pesar de los meses de advertencias.

Más importante aún, un factor clave para que el gobierno de Maduro (y ahora Rodríguez) pudiera mantenerse en el poder ha sido la capacidad de mantener unidas a las facciones bastante diversas que lo componen. Un acuerdo para entregar a un líder habría causado gran preocupación entre todas las facciones, preocupadas por quién pudiera ser el siguiente, lo que podría fracturar esa unidad que para ellas ha sido tan vital hasta ahora — y lo seguirá siendo en el futuro.

Dicho esto, independientemente de si se llegó o no a un acuerdo, eso no cambia mucho con respecto a las políticas o al discurso del gobierno de Rodríguez.

Para empezar, el gobierno de Maduro, desde hace tiempo, pero especialmente desde la reelección de Trump, le había estado restando importancia a su discurso antiimperialista. Puede que haya utilizado la retórica antiimperialista al dirigirse a los izquierdistas extranjeros en foros organizados por el gobierno en Caracas, o en mítines de su base de apoyo, para quienes esa retórica es un importante elemento de cohesión. Pero incluso cuando Estados Unidos intensificó su despliegue militar en el Caribe, Maduro hizo todo lo posible por restarle importancia a la situación y evitar pronunciarse directamente contra Trump y sus acciones.

Primero afirmó que los vídeos de las embarcaciones bombardeadas en el Caribe estaban hechos simplemente con inteligencia artificial (IA). Luego trató de culpar al secretario de Estado Marco Rubio por embaucar a Trump. Después le envió a Trump una carta privada en la que explicaba cómo había “reconocido públicamente los importantes esfuerzos que [Trump] está realizando para poner fin a la guerra [sic] que [él] heredó en otras regiones” y esperaba que “juntos podamos derrotar las falsedades que han mancillado nuestra relación”. Y solo unos días antes de su secuestro, Maduro le volvió a ofrecer públicamente a Estados Unidos acceso al petróleo de Venezuela.

La falta de respuesta a la intervención imperialista… es el resultado directo de las políticas antidemocráticas y contrarias a los intereses de los trabajadores que ha implementado el gobierno de Maduro, que han alienado precisamente a la base social necesaria para resistir al imperialismo.

Bajo Rodríguez, quien menos de dos semanas después del secuestro de Maduro se reunió con el director de la CIA y publicó en sus redes sociales una nota sobre una conversación telefónica “larga y cortés” con Trump en torno a “una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos”, esta narrativa esencialmente ha continuado. Ha justificado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de las embajadas en ambos países como el medio por el cual el gobierno buscará la puesta en libertad de Maduro y Flores.

En cuanto a la última parte de su pregunta, no se trata tanto de lo que Rodríguez quiera hacer como de lo que se le permita hacer. Una vez más, todas las decisiones se toman en Washington. Veamos por ejemplo la industria petrolera: Trump ha confiscado grandes reservas de petróleo venezolano, las ha vendido a través de intermediarios extranjeros, ha depositado las ganancias en cuentas bancarias de Qatar y le ha dicho a Venezuela cómo debe utilizar su parte, concretamente como fondos para que los bancos privados las vendan como si fueran divisas.

El gobierno de Rodríguez ha reaccionado tratando de presentar esto como una especie de victoria, en lugar de un acto de piratería internacional y una violación extrema de su soberanía. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional acaba de celebrar su primera votación para reformar parcialmente la ley de hidrocarburos de Chávez, legalizando así los planes de Trump para el sector, inclusive en particular la entrega del control de la extracción, la producción y la venta de petróleo a empresas extranjeras. En última instancia, Rodríguez tiene pocas opciones en este asunto, aunque se puede argumentar que ella (y Maduro) habrían estado encantados de proceder de esta manera — aunque claro, no en estas condiciones de extrema coacción.

AS: ¿Cómo han respondido al golpe las distintas clases, los grupos sociales y las fuerzas políticas de Venezuela, tanto dentro del país como en la diáspora?

FF: La respuesta general ha sido de conmoción, duelo y una mezcla de incertidumbre y expectativa. Líderes de derecha, como Machado, se pronunciaron a favor del asalto militar y el secuestro, y entre la diáspora hubo manifestaciones para celebrar la intervención del 3 de enero. Sin embargo, estas manifestaciones deben ponerse en contexto: millones de venezolanos se han visto obligados, de una forma u otra, a abandonar el país — en cambio, las manifestaciones fueron bastante pequeñas.

Estas manifestaciones reflejan en gran medida a los elementos más derechistas de la diáspora, alejados de la realidad cotidiana de su país (en particular, los bombardeos). Al igual que sus líderes, habían depositado todas sus esperanzas en algún tipo de intervención estadounidense para derrocar al gobierno, creyendo que esto les permitiría regresar. No obstante, esas protestas fueron efímeras, sobre todo después de que se dieran cuenta de que el mismo gobierno seguía en el poder y que su líder preferida, Machado, estaba siendo marginada por Trump.

Dentro del país, el gobierno se ha asegurado de que no se produzcan movilizaciones similares. Los políticos moderados de derecha se han pronunciado en contra del ataque. Pero tampoco ha habido señales de movilizaciones espontáneas en contra.

El gobierno tardó varios días en recuperarse de la conmoción y empezar a organizar protestas. La participación en estas manifestaciones se ha limitado en gran medida a la base de apoyo del partido gobernante y ha sido relativamente pequeña, de miles o, como mucho, varias decenas de miles de personas.

Hay cientos de sindicalistas en la cárcel por protestar, no se pueden registrar nuevos sindicatos, las huelgas son ilegales y la negociación colectiva está prácticamente prohibida.

Esto se debe a que, desde hace muchos años, la mayoría de los venezolanos se han alejado de la política y le han dado la espalda a toda la clase política, tanto al sector gubernamental como a la oposición. Es posible que muchos hayan votado por la oposición en 2024, pero principalmente con el empeño de votar en contra del gobierno y no para apoyar a la oposición, y mucho menos su programa político.

Vale la pena señalar que este es un claro ejemplo de la falacia del argumento, planteado por algunos izquierdistas, de que debemos apoyar políticamente a cualquier gobierno en conflicto con el imperialismo. Por supuesto, debemos seguir oponiéndonos a las intervenciones imperialistas que buscan socavar a gobiernos extranjeros. Pero no podemos hacer la vista gorda ante las acciones de esos gobiernos, que debilitan fundamentalmente el sentimiento antiimperialista en su propio país. La falta de respuesta a la intervención imperialista del 3 de enero es el resultado directo de las políticas antidemocráticas y contrarias a los intereses de los trabajadores que ha implementado el gobierno de Maduro, que han alienado precisamente a la base social necesaria para resistir al imperialismo.

Hoy en día, la mayoría de los venezolanos creen que las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Eso explica tanto la falta de movilización como la sensación de una esperanza ansiosa en un sector importante de la población de que las cosas podrían mejorar, ya que aparentemente no podrían empeorar — aunque en última instancia la intervención imperialista solo va a empeorar las cosas.

AS: La falta de respuesta del pueblo venezolano contrasta fuertemente con el anterior intento de golpe de Estado contra Chávez. Entonces, el pueblo se levantó y lo restituyó en el cargo. ¿Por qué esta vez la respuesta es diferente?

FF: La diferencia refleja cómo la clase trabajadora y la gente pobre veían al gobierno de Chávez en 2002, en comparación con el gobierno de Maduro en 2026. Cuando Chávez fue derrocado, había una verdadera sensación de que se les estaba quitando su gobierno y sus derechos, lo que provocó movilizaciones generalizadas organizadas y espontáneas.^[6]

En 2026, la mayoría considera, con razón o sin ella, que el gobierno de Maduro es el principal problema. Esto no significa que todos apoyaran el ataque militar; muchos sintieron una profunda oposición o una profunda sensación de desmoralización ante este ataque imperialista. Sin embargo, no se movilizaron en contra. En cambio, en su mayoría prefirieron quedarse al margen — como lo han hecho durante la mayor parte de la última década — para ver qué va a pasar, con la esperanza de que algo bueno salga de esta tragedia. 

AS: Es evidente que el régimen se ha transformado desde los días de Chávez, cuando parecía ofrecer una gran esperanza no solo al pueblo venezolano, sino también a América Latina y, en general, a la izquierda internacional. ¿Qué ha cambiado y por qué? ¿En qué medida es esto resultado del colapso de los precios del petróleo? ¿En qué medida es resultado de las sanciones de Estados Unidos? ¿Y en qué medida es resultado del propio régimen?

FF: En cuanto a la última parte de la pregunta, es el resultado de todo esto, a lo que yo añadiría un cuarto factor importante: las acciones antidemocráticas y violentas de la oposición de derecha, sobre todo de figuras como Machado, que contribuyeron a la crisis política y a una profunda despolitización. El peso que se le debiera dar a cada factor y el orden en que comenzaron a afectar la situación son una parte importante del debate entre la izquierda dentro (y fuera) de Venezuela a la hora de hacer un balance del gobierno de Maduro. Pero cualquier evaluación que ignore alguno de estos factores conduce inevitablemente a conclusiones erróneas.

Es importante destacar que estos factores explican el cambio más importante: el del carácter del gobierno de Maduro. Como he mencionado anteriormente, en algún momento durante el gobierno de Maduro, entre 2015 y 2017, quedó claro que el sector de la sociedad para el que gobernaba estaba cambiando. Una combinación de circunstancias y decisiones lo llevó a romper con la mayoría pobre y la base de la clase trabajadora que había apoyado al gobierno de Chávez y constituía la columna vertebral de la revolución bolivariana. En su lugar, consolidó una nueva base entre los militares, las fuerzas de seguridad y la nueva clase capitalista, e inició un proceso contrarrevolucionario.

Por eso sostengo que, aunque las sanciones pueden no haber tenido éxito en términos de cambio de régimen — si lo entendemos como un cambio en el personal que dirige el Estado — sí lograron favorecer el cambio de la clase que forma su base y el proyecto político del régimen.

AS: ¿Cuál era la naturaleza del régimen de Maduro antes de que fuera secuestrado? ¿Qué intereses de clase representaba? ¿Hasta qué punto se había vuelto represivo y dictatorial?

FF: A diferencia del gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro era innegablemente un gobierno pro-capitalista. Representaba tanto los intereses de la nueva clase capitalista, que se había enriquecido gracias a sus conexiones con el Estado “bolivariano” (la llamada boli-burguesía que Chávez denunciaba), como los de la clase capitalista tradicional. El gobierno de Maduro acabó ganándose el apoyo de Fedecámaras, mientras que el director de la Bolsa de Caracas afirmó tras las elecciones presidenciales de 2024 que el gobierno, y no la oposición, era el que mejor representaba la estabilidad económica.

El gobierno de Maduro también fue decididamente anti obrero. A menudo, sectores de la izquierda excusan al gobierno, diciendo que sus decisiones políticas se debieron a las sanciones. Pero esto pasa por alto que las políticas gubernamentales condujeron a una dramática redistribución ascendente de la riqueza, incluso antes de las sanciones. Además, incluso bajo las sanciones, no es cierto que el gobierno de Maduro no tuviera otras opciones. A partir de 2018, eligió deliberadamente trasladar el peso de la crisis a la clase trabajadora.

La izquierda favorable a Maduro responde afirmando que el gobierno no ha privatizado los servicios públicos, proporciona subsidios y apoya la construcción de comunas, lo que significa que sigue siendo progresista. Esto ignora las privatizaciones (totales y parciales) que se han producido en diversos sectores, sobre todo en la agricultura, pero también en la estratégica industria petrolera, donde se ha llevado a cabo una privatización encubierta bajo el pretexto de la Ley Antibloqueo.

Al mismo tiempo, aunque durante el mandato de Maduro se han creado empresas estatales, especialmente en el sector minero, estas se crearon como vehículos para incorporar al ejército a los circuitos de acumulación de capital, y han sido responsables de la destrucción del medio ambiente y del despojo de tierras indígenas, no de la redistribución de la riqueza. La historia está repleta de ejemplos de empresas estatales que benefician a los capitalistas, empezando por PDVSA, que fue de propiedad estatal durante todo el período neoliberal que precedió a Chávez.

Lo mismo ocurre con políticas como los subsidios a los alimentos, el transporte y los combustibles, que incluso gobiernos reaccionarios como los de Egipto e Indonesia han establecido. En la mayoría de los casos, sirven como un medio clientelar para mantener cierto nivel de apoyo social (como ha hecho el gobierno de Maduro con sus paquetes de alimentos distribuidos por los dirigentes locales del partido gobernante). En otros casos, son muy difíciles de revertir sin enfrentar una resistencia sustancial. En general, el impacto de estos subsidios ha sido superado con creces por la política deliberada de pulverizar los salarios de los trabajadores como la manera de hacerle frente a la hiperinflación.

En cuanto a la promoción de los consejos comunales y las comunas como prueba de la naturaleza progresista del gobierno de Maduro, estos izquierdistas ignoran los propios datos del gobierno, que muestran que, lejos de haber promovido miles de comunas como vehículos para el autogobierno, el gobierno presidió su cooptación y su declive. Las cifras del Ministerio de Comunas muestran un descenso pronunciado y constante en los últimos cuatro años del número de consejos comunales que reeligen a sus autoridades (de unas 19 mil en 2022 a poco más de 2 mil el año pasado). Mientras tanto, de las casi 4 mil comunas que se han registrado en la última década, menos del 20 % han podido mantener al menos un órgano en funcionamiento, como un gobierno comunal o un banco comunal. Un factor importante han sido los intentos del gobierno de subordinarlas, poniéndolas bajo el control de los dirigentes locales del partido.

A diferencia del gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro era innegablemente un gobierno pro-capitalista.

La realidad es que las políticas que señala la izquierda que favorece a Maduro son en gran medida legados de la era Chávez, que desde entonces se han transformado en canales de corrupción, clientelismo y acumulación de capital; han quedado completamente anuladas por la depresión de los salarios de los trabajadores; o siguen vigentes porque el costo político de revertirlos sería demasiado alto, aunque, como indica la reforma propuesta para la industria petrolera, incluso las medidas que ayer se consideraban tabúes mañana pueden dejar de ser sagradas.

Por supuesto, tal giro en la política económica tenía que ir acompañado de un aumento de la represión. Fuera de Venezuela, oímos hablar de la represión contra la oposición de derecha, aunque nunca de las acciones antidemocráticas, violentas e ilegales del gobierno. Pero las fuerzas de izquierda y de la clase trabajadora en Venezuela han sufrido, posiblemente, una represión aún mayor.

En cuanto a los derechos de los trabajadores, hay cientos de sindicalistas en la cárcel por protestar, no se pueden registrar nuevos sindicatos, las huelgas son ilegales y la negociación colectiva está prácticamente prohibida. En cuanto a la izquierda, todos los partidos de izquierda del país han sido despojados de su registro electoral o se les ha negado el derecho a registrarse para las elecciones. Las últimas elecciones presidenciales fueron las primeras desde la caída de la dictadura militar en 1958 en las que se le prohibió completamente a la izquierda presentar un candidato.

Si a esto le sumamos que al pueblo venezolano se le negó el derecho a que se contaran y verificaran sus votos (posiblemente uno de los derechos democráticos más básicos, pero que algunos en la izquierda parecen querer negar al pueblo venezolano, alegando que no ocurrió nada anormal en esas elecciones), nos hacemos una idea de hasta qué punto se ha retrocedido en materia de democracia. No solo en comparación con la era Chávez (cuando la izquierda señalaba acertadamente a Venezuela como líder mundial en elecciones transparentes), sino incluso con los derechos mínimos de una democracia burguesa.

Hay otro componente que es preciso tener en cuenta: el uso de las fuerzas de seguridad para aterrorizar a la clase trabajadora y a las comunidades pobres. A medida que aumentaba el descontento con el gobierno entre los sectores que tradicionalmente votaban a Chávez, el gobierno de Maduro intensificó la vigilancia policial de estos barrios mediante la Operación Liberar al Pueblo y la creación del escuadrón élite de la muerte, las FAES (Fuerzas de Acción Especial).

El resultado fue un aumento espectacular de los asesinatos policiales de hombres negros, en su mayoría jóvenes, en esos barrios: de unos 1,500 a 2,500 al año en 2014-2015 a unos 5,000 o 5,500 al año en 2016-2018, lo que convirtió a las fuerzas de seguridad de Venezuela en las más mortíferas de la región en términos per cápita. Aunque no se trataba estrictamente de una operación política, esta represión policial tuvo el efecto de aterrorizar a las comunidades que habían empezado a pasarse de la raya.

Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que incluso las zonas que habían votado mayoritariamente por Chávez acabaran volviéndose contra Maduro y no salieran a la calle a defenderlo tras su secuestro.

AS: Está claro que Trump no ha terminado de imponer la Nueva Doctrina Monroe en la región. ¿Qué intentará hacer en Colombia, en Cuba y, especialmente, en Groenlandia? ¿Cómo responderán los países afectados? ¿Cómo responderá China, que tiene inversiones y relaciones comerciales masivas en todo el hemisferio occidental? ¿Cómo responderá Rusia? ¿Y Europa? ¿Augura esto nuevas rivalidades inter-imperialistas por la división del capitalismo global, a pesar de su profunda integración, en nuevas esferas de influencia?

FF: Es difícil dar una respuesta exhaustiva a una pregunta tan amplia, pero en términos sencillos, el impacto probablemente será doble.

Por un lado, se ha enviado un mensaje claro a los países más pequeños: si se atreven a pasarse de la raya, serán los siguientes. Por lo tanto, la respuesta más probable de países como Colombia y México será tratar de negociar las mejores condiciones posibles con Estados Unidos para evitar un destino peor. La probabilidad de intervenciones imperialistas estadounidenses contra países pequeños ha aumentado drásticamente.

Por otro lado, las acciones de Trump en Venezuela han enviado un mensaje a las grandes potencias, como China y Rusia, de que así es como funcionará el mundo a partir de ahora. Esto solo los animará a actuar en consecuencia en sus propias esferas de influencia. Por supuesto, Rusia ya lo estaba haciendo, especialmente en Ucrania. Pero China podría intentar hacer lo mismo con Taiwán.

AS: La última pregunta es sobre la izquierda internacional. Gran parte de la izquierda se puso, por decirlo de forma generosa, unas gafas color de rosa con respecto a Maduro y su régimen. Lo defienden como antiimperialista e incluso socialista, a pesar de su naturaleza represiva y anti obrera. Tal postura, si se adopta como punto de unidad para un movimiento contra la guerra, alienará no solo a la clase trabajadora de diversos países, sino también a los trabajadores y refugiados venezolanos que son víctimas del régimen. Entonces, ¿qué postura debería adoptar la izquierda internacional respecto al régimen de Maduro y Rodríguez? ¿Y qué postura deberíamos defender como lema central del movimiento contra la guerra?

FF: Aquí hay dos peligros. El primero es perder de vista el panorama general y creer simplemente que, como Maduro era malo y muchos venezolanos se alegraron de su marcha, debemos mantener una postura neutral respecto a su secuestro (y el de Flores).

Los y las antiimperialistas deben reconocer que las acciones de Trump han convertido el mundo en un lugar mucho más peligroso y representan una grave amenaza para los derechos humanos, el derecho internacional, la democracia y la soberanía en todas partes. Además, estas acciones no han contribuido en nada a restaurar los derechos democráticos en Venezuela (Trump ha dicho que cualquier elección se pospondrá hasta la “tercera” fase de su proyecto de recolonización, en un momento indefinido en el futuro).

Por lo tanto, debemos seguir condenando el asalto militar del 3 de enero y exigiendo la liberación inmediata de Maduro y Flores. Si han cometido un delito (como robarse las últimas elecciones), entonces debería ser el pueblo venezolano quien los juzgue.

Sin embargo, es poco probable que un movimiento que esté enfocado únicamente en esa demanda movilice el tipo de movimiento amplio que necesitamos para hacer retroceder a Trump. Pocas personas de la clase trabajadora (dentro y fuera de Venezuela) consideran que un simple retorno al estatus quo sea un gran paso adelante. Por lo tanto, hay otros elementos importantes sobre los que podemos hacer campaña.

Debemos seguir condenando el asalto militar… y exigiendo la liberación inmediata de Maduro y Flores. Si han cometido un delito… entonces debería ser el pueblo venezolano quien los juzgue.

Por ejemplo, es evidente que Venezuela está perdiendo rápidamente la soberanía sobre sus recursos naturales. Tenemos que denunciar esta violación de la soberanía de Venezuela y el robo descarado de sus recursos naturales. La campaña contra las sanciones y el bloqueo naval estadounidenses forma parte de ello, ya que estas herramientas se están utilizando para coaccionar aún más al gobierno de Rodríguez y someterlo por completo. También debemos exigir el fin del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que se ha utilizado para presionar a otros gobiernos, no solo al venezolano.

La izquierda en su conjunto debería ser capaz de unirse en torno a estas demandas, independientemente de su posición sobre los gobiernos de Maduro y Rodríguez. Pero el movimiento debe separar esta defensa de la soberanía nacional de Venezuela del apoyo político al gobierno de Rodríguez. No hacerlo es el segundo peligro en el que puede caer la izquierda.

En lo que respecta a los derechos democráticos básicos en Venezuela, no podemos ser neutrales, o ignorar que se han visto gravemente socavados y fingir que las acciones del gobierno son únicamente culpa de las acciones de Estados Unidos. Esto es obviamente falso y los trabajadores de nuestro país, con razón, no lo van a creer — lo cual nos va a dificultar aún más ganarlos a una posición antiimperialista.

Igual de importante, como expliqué antes, es que las políticas antidemocráticas y anti-obreras del gobierno han socavado el antiimperialismo en Venezuela. Defender esos derechos en Venezuela no solo nos ayuda a construir la respuesta más amplia posible en nuestro país, sino que también contribuye a crear espacio para una movilización genuina de la clase trabajadora antiimperialista en Venezuela.

Por último, una parte importante de nuestra solidaridad debe consistir en establecer vínculos con los trabajadores venezolanos y la izquierda, y ver cómo podemos coordinar nuestras luchas conjuntas. Con demasiada frecuencia, los debates se centran exclusivamente en el gobierno y la oposición de derecha. Se excluyen las voces de la izquierda y de la clase trabajadora, o las voces de la mayoría, que no apoyan ni a Maduro/Rodríguez ni a Machado. Mientras que algunos izquierdistas prefieren negar su existencia o denunciarlos, nosotros deberíamos ayudar a que sus voces se escuchen, para que los trabajadores de nuestros países puedan conocer sus luchas y actuar en solidaridad con ellos.

Si deveras creemos que solo los venezolanos pueden decidir su destino, entonces eso implica apoyar a los venezolanos en sus luchas por los derechos que necesitan para que eso sea una realidad; es decir, los mismos derechos por los que luchamos en nuestros países. Eso incluye el derecho a elegir su propio gobierno, libre de injerencias extranjeras y fraude.

Federico Fuentes es un veterano activista de solidaridad con Venezuela. Vivió varios años en Caracas durante el gobierno de Hugo Chávez, donde trabajó como corresponsal para Green Left y como investigador en el Centro Internacional Miranda. Es coautor de Latin America’s Turbulent Transitions: The Future of Twenty-First Century Socialism [Las transiciones turbulentas de América Latina: El futuro del socialismo del siglo XXI] y editor de LINKS International Journal of Socialist Renewal, que ha organizado un debate sobre la Venezuela de Maduro, principalmente con artículos y entrevistas a izquierdistas venezolanos.

Ashley Smith forma parte del grupo Tempest Collective en Burlington, Vermont. Ha escrito para numerosas publicaciones, entre ellas Spectre, Truthout, Jacobin, New Politics y muchas otras publicaciones tanto en línea como impresas.

NOTAS

[1] La “Doctrina Donroe” hace referencia al “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, detallado en la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. para 2025. Articulada por primera vez por el entonces presidente James Monroe en 1823, cuando casi todas las colonias españolas en América habían alcanzado o estaban cerca de obtener la independencia, la doctrina Monroe afirmaba que cualquier nuevo esfuerzo de las potencias europeas por controlar o influir en estados soberanos en la región sería visto como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Representaba las semillas de una política que podría resumirse en América Latina y el Caribe como el “patio trasero” de Estados Unidos — un intento descarado de dominación económica por Estados Unidos en el hemisferio y la concentración del poder militar para respaldarla. La versión actual de esta política tiene como objetivo recuperar la dominación estadounidense en las Américas.

[2] Delcy Rodríguez, actual presidente de Venezuela, fue vice presidente y jefe del Ministerio de Petróleo y Finanzas de Venezuela bajo el expresidente Nicolás Maduro. Se convirtió en presidenta tras el secuestro de Maduro por las fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana a Maduro, fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025 y es ampliamente considerada como una candidata a la presidencia tras el secuestro de Maduro. Como parte de su gesta por ser elegida a ese cargo, le entregó servilmente su medalla Nobel a Trump, quien se había indignado por no haberla ganado él mismo.

[3] Durante el asalto de Venezuela por Estados Unidos el 3 de enero, 50 personas murieron defendiendo el complejo presidencial en Caracas. Entre ellos había 32 combatientes cubanos asignados a la unidad de protección de Maduro.

[4] La Revolución Bolivariana se refiere al proceso de reforma social en Venezuela iniciado en 1998, cuando Hugo Chávez fue elegido presidente del país por primera vez. Recibe su nombre de Simón Bolívar, un oficial militar venezolano que lideró la lucha por la independencia de España a principios de la década de 1820 en la región que abarca lo que hoy son Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Vea Las elecciones en Venezuela: ¿Un fraude anunciado? para más información sobre el proceso social bajo el liderazgo de Chávez.

[5] Fedecámaras (Federación Venezolana de Cámaras de Comercio) es la organización paraguas y sin fines de lucro más grande e influyente que representa a las asociaciones empresariales privadas en Venezuela. La industria petrolera venezolana fue nacionalizada oficialmente el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, un predecesor de Chávez. Esta nacionalización estableció a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como una empresa petrolera estatal. Poco después de ser elegido presidente por segunda vez en 1989, Pérez anunció El Gran Viraje para gestionar las arcas vacías del país y una enorme deuda externa. Este giro incluyó medidas de austeridad dictadas por el Fondo Monetario Internacional y permitió una mayor participación de inversores privados en PDVSA. El endurecimiento del control estatal sobre el PDVSA regresó en 2007 bajo Hugo Chávez.

[6] Para más contexto histórico vea Las elecciones en Venezuela: ¿Un fraude anunciado?

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