(Esta es la primera de dos partes. La parte II puede encontrarse aquí.)

Por Geoff Mirelowitz y Argiris Malapanis

El 1º de agosto, el fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó cargos federales contra el expresidente Donald Trump relacionados a su fallido intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Dos días después, Trump se declaró “inocente” de los cuatro cargos en un tribunal federal en Washington, D.C.

Es un hecho ineludible que Trump y sus aliados participaron en una campaña concertada encaminada a anular los resultados de las elecciones. Hasta el día de hoy Trump sigue promoviendo la desvergonzada mentira de que la elección le fue “robada”. Esta nueva acusación, sin embargo, sienta un peligroso precedente, permitiendo que el gobierno tache de criminal ciertos tipos de promoción política. Si el gobierno prevalece en este caso, ¿a quién pondrán en la mira las futuras administraciones en los años venideros — ya sean liberales, conservadoras o de la extrema derecha? No defendemos a Trump, pero sí abogamos por la defensa de los derechos democráticos.

Lo único que sería capaz de contrarrestar la demagogia derechista de Trump, y su constante disposición de desafiar toda norma establecida de la democracia burguesa que no se adapte a sus propósitos, es una respuesta política. Ésta podría incluir realizar campañas electorales independientes, usar los medios de comunicación, entablar discusiones en el trabajo, y valerse de otros medios para explicar que un multimillonario que actúa como autócrata no representa los intereses del pueblo trabajador, como tampoco lo hacen sus opositores liberales o conservadores. Sería necesario movilizar al pueblo trabajador y a sus aliados en torno a un programa de acción para exigir la defensa de nuestros medios de vida y nuestros derechos democráticos. Sólo una organización de la clase obrera que se mantenga independiente de los empleadores y de sus instituciones de poder sería capaz de dirigir cabalmente una campaña de este tipo.

ANÁLISIS DE NOTICIAS

Las acciones de Trump no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos. El resultado de las elecciones presidenciales del año 2000 entre George W. Bush y Al Gore también fue muy disputado. Las dos partes presentaron argumentos legales contradictorios. Pero la disputa fue acallada cuando la Corte Suprema de Estados Unidos detuvo los intentos de volver a contar las boletas en el estado de Florida, tras lo cual Gore admitió rápidamente su derrota.

Después de que el 6 de enero de 2021 una turba derechista penetrara las defensas de la policía en el Capitolio de Estados Unidos y detuviera temporalmente la certificación de los resultados del Colegio Electoral de 2020, Panorama-Mundial escribió:

El presidente de Estados Unidos y sus partidarios presentaron docenas de quejas y demandas judiciales para promover reclamos sin fundamento de que la votación había sido fraudulenta. Sin embargo al poco tiempo estos desafíos fueron rechazados por funcionarios de gobiernos estatales, a menudo republicanos, así como por las legislaturas estatales en los seis estados considerados “indecisos” donde Trump había disputado el resultado del voto popular, y además por varios tribunales federales inferiores y la Corte Suprema de Estados Unidos.

A pesar de tan abrumador repudio institucional, los reclamos conspirativos y extravagantes de Trump sobre la “elección robada” lograron obtener el respaldo de 139 miembros de la Cámara de Representantes y 8 senadores estadounidenses, quienes terminaron por negarse a certificar los resultados de las elecciones en Arizona y en Pensilvania.

También estimularon a los grupos radicales de derecha, los cuales, atizados por Trump, organizaron violentas protestas en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, atacando el edificio…

Estos métodos—teorías de conspiración, la “gran mentira”, el líder supuestamente bajo el ataque injusto de intereses especiales—son parte del repertorio de demagogos bonapartistas que afirman que en todas las disputas su palabra debe ser la definitiva.^[1]

Desde El radicalismo, el bonapartismo y las consecuencias de las elecciones estadounidenses de 2020

La respuesta a la acusación ha sido mixta

Ahora, más de dos años y medio después, los fiscales federales argumentan que la campaña reaccionaria de Trump para impugnar los resultados de las elecciones es una violación de la ley federal. La respuesta inicial a estas acusaciones ha sido mixta.

El New York Times y otras publicaciones liberales apoyaron la acusación sin titubear. El editorial del Times del 2 de agosto declaró que Trump es “un presidente acusado de traicionar a su país”. Sin embargo, al día siguiente, el titular principal del Times anunció: “La Primera Enmienda será probablemente el eje de la defensa de Trump”. (Cabe destacar que la edición en línea del Times reformuló de esta manera el titular del mismo artículo: “Los cargos electorales contra Trump serán un choque entre las mentiras y la libertad de expresión”).

El Times citó la acusación de Smith, que dice en la introducción: “Estas afirmaciones [sobre una elección robada] eran falsas, y el acusado sabía que eran falsas. Pero el acusado las repitió y difundió ampliamente de todos modos, para hacer parecer como legítimas afirmaciones que él sabía que eran falsas, y para crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y para erosionar la fe del público en la administración de las elecciones”.

Si bien es de conocimiento público que las afirmaciones de Trump son falsas, la sugerencia de que la promoción de afirmaciones que conducen a una “atmósfera nacional de desconfianza e ira” puede de alguna manera considerarse una violación de la ley que no queda amparada por la constitución es algo que ciertamente será impugnado en los tribunales. Es una idea peligrosa con implicaciones para el futuro que debería preocuparle a todos los partidarios de las libertades civiles.

La acusación reconoce el derecho de Trump a hacer afirmaciones falsas. Pero de cierto modo esto no es sorprendente, ya que la mentira es algo que satura toda la política capitalista. A menudo el gobierno de Estados Unidos ha lanzado intervenciones militares en otros países — con consecuencias mucho más mortales que las del 6 de enero — apuntaladas con mentiras o tergiversaciones de la verdad. Sólo hay que recordar las afirmaciones — que luego resultaron ser falsas — de que el régimen de Saddam Hussein había supuestamente desarrollado “armas de destrucción masiva”, justificación que usó Estados Unidos para invadir Irak en 2003.

En 1964 Washington intensificó su guerra contra Vietnam usando mentiras sobre el “incidente del Golfo de Tonkin”.^[2] El gobierno continuó mintiendo y tergiversando los hechos durante los más de ocho años que duró la guerra. A medida que millones de personas empezaban a oponerse a la guerra y exigían que Washington se retirara de Vietnam, la atmósfera nacional de desconfianza e ira creció tanto que también empezaron a oponerse decenas de miles de soldados enviados a luchar en esa guerra.

‘¿Fue criminal?’

“El comportamiento postelectoral de Donald Trump en 2020 fue destructivo y sus fechorías del 6 de enero de 2021 fueron vergonzosas, pero ¿fue un crimen?”, preguntaron los editores del Wall Street Journal el 1º de agosto.

El National Review (NR), otra publicación conservadora que ha criticado con frecuencia a Trump, fue más lejos. “Esta acusación contra Trump no debería prevalecer”, declararon en un editorial del 1º de agosto.

“En muchas ocasiones hemos condenado los pésimos actos de Trump tras las elecciones del 2020”, escribieron los editores del Review. “Fueron censurables. Estuvo cerca de ser condenado por juicio político en el Senado; con 57 senadores que lo declararon culpable, se salvó sólo por el requerimiento constitucional de una mayoría absoluta de dos tercios para la condena y la inhabilitación.

“Ahora, por medio de un abogado especial que nombró precisamente para este propósito”, continuó el editorial, “el Departamento de Justicia de Biden está tratando de usar el proceso penal como la segunda vuelta de un juicio político fallido. De hecho, Jack Smith se está afanando por criminalizar el discurso político amparado con endebles teorías legales — cuando la Corte Suprema les ha advertido repetidamente a los fiscales que se abstengan de usar teorías creativas y ensanchar los códigos penales para encontrar mala conducta que el Congreso no ha declarado ilegal.

“Ni siquiera está claro que Smith haya alegado algo que la ley prohíba”, continuó NR. “La acusación relata en detalle los engaños de Trump, pero eso no significa que constituyan fraude criminal. Como reafirmó la Corte Suprema hace apenas unas semanas, el fraude en el derecho penal federal es un plan para estafar a las víctimas de dinero o bienes tangibles. La retórica mendaz en el intento de mantenerse en un cargo político es condenable — y repetimos, impugnable — pero no constituye fraude criminal, aunque esa es la acusación que hizo Smith. De hecho, suponiendo que un fiscal pudiera probar más allá de una duda razonable que Trump no estaba convencido de que le robaron las elecciones (y buena suerte alegando eso), tanto la hipérbole como cosas aún peores constituyen discurso político amparado”.

Estos son algunos de los argumentos que los abogados de Trump planean presentar en la corte. La emisora National Public Radio entrevistó a John Lauro, uno de los abogados de Trump, el 2 de agosto.

“Cuando uno examina esta acusación”, dijo Lauro, “realmente no va más allá de decir que el presidente Trump estaba ejerciendo su derecho a hablar sobre estos temas y abogar políticamente por su convicción de que las elecciones le fueron robadas y se llevaron a cabo incorrectamente. Recibió consejos de abogados — consejos muy, muy sabios y eruditos — sobre una variedad de cuestiones constitucionales y legales. Así que es una defensa muy sencilla de que él tenía todo el derecho de abogar por una posición en la cual creía y en la que creían sus partidarios. Y es la primera vez en la historia de Estados Unidos que una administración en funciones está criminalizando a una administración anterior por su derecho a expresarse. Es realmente algo sin precedentes y realmente va a politizar el sistema de la justicia penal…

“A fin de cuentas”, concluyó Lauro, “el gobierno nunca podrá probar fuera de toda duda razonable … que el presidente Trump no creía en la justicia de su causa”.

Esta estrategia de la defensa también será desafiada. Si los abogados de Trump no logran convencer a un jurado, seguramente apelarán la condena. Es muy posible que los jueces de apelación y de la Corte Suprema estén más dispuestos a escuchar tales reclamos de la defensa.

Los fiscales ya se han opuesto a que los abogados de Trump presenten algunos de estos argumentos en público. El 7 de agosto el New York Times informó que un fiscal, Thomas P. Windom, presentó documentos en la corte que atacaban a Lauro por presentarse “en cinco programas de televisión [dominicales]” y discutir “este caso en detalle”.

Uno puede oponerse firmemente a las opiniones y las acciones de Trump pero reconocer al mismo tiempo el peligro de criminalizar sus palabras de esta manera. Muchos cargos criminales — y sin duda cargos claramente políticos como estos — se debaten en el tribunal de la opinión pública. Prácticamente todos los combatientes de la clase trabajadora que han sido atacados por el gobierno han intentado hacer lo mismo, y con mucha razón. El gobierno siempre cuenta con vastos recursos para presentar su caso. Debemos rechazar la imposición de límites a los derechos del acusado, incluso cuando el acusado es una figura despreciable como Trump.

Clarence Darrow, uno de los abogados de derecho más importantes del siglo veinte y ardiente defensor de las libertades civiles, promovió esta idea. Como explica la Enciclopedia de la Primera Enmienda, “Darrow creía que las leyes de conspiración son inconstitucionales”. Él “tomó casos que no eran bien vistos — representando a clientes del movimiento obrero acusados de violencia, traición y conspiración — para dar voz a ‘los débiles, los que sufren y los pobres’ al defender sus derechos bajo la Primera Enmienda a la libertad de expresión, a una prensa libre y a presentarle reclamos al gobierno”. Entre sus clientes estaba el líder socialista Eugene Debs.

Citando al biógrafo de Darrow, la enciclopedia agrega: “Darrow, un brillante abogado de derecho, consideró que la Primera Enmienda era la garantía escrita de que el gobierno no puede imponer ‘traba alguna al pensamiento, las acciones, los sueños y los ideales de los hombres, incluso los más despreciados entre ellos’”.

¿Qué dice la acusación?

Hay quien pudiera argumentar que las declaraciones del Wall Street Journal, el National Review y otras publicaciones conservadoras tienen como única meta defender a Trump o vilipendiar a los demócratas. Los citamos porque reflejan el punto de vista de sectores importantes de la clase dominante, y porque millones de personas están de acuerdo con esos argumentos.

Una lectura cuidadosa de la acusación de Smith, sin embargo, no deja dudas de lo débil que es el caso del gobierno al acusar a Trump de delitos criminales.

En la página 2 la acusación de 45 páginas dice: “El acusado tenía derecho, como todos los estadounidenses, de hablar públicamente sobre las elecciones e incluso de afirmar, falsamente, que había ocurrido fraude que fue determinativo del resultado durante la elección y que él había ganado” (énfasis añadido).

Después de otorgarle a Trump el derecho a mentir y engañar, Smith luego afirma que el expresidente violó la ley al tratar, mintiendo y engañando, de anular las elecciones de 2020.

El primero de los cargos, según la acusación, fue “una conspiración para defraudar a los Estados Unidos mediante el uso de la deshonestidad, el fraude y el engaño para perjudicar, obstruir y anular la función legal del gobierno federal por la cual los resultados de las elecciones presidenciales son recopilados, contados y certificados por el gobierno federal …” Los otros tres cargos incluyen conspiraciones para tratar de obstruir la certificación de las elecciones por el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero y negarles a los ciudadanos su derecho al voto y a que sus votos sean contados.

¿Cuál es la evidencia? La lista incluye esfuerzos por presionar a las autoridades de varios estados para que anulen los resultados de las elecciones de 2020 que ya habían certificado. El más conocido y atroz fue cuando Trump exigió, durante una llamada telefónica grabada, que el Secretario de Estado de Georgia “encontrara” 11,780 votos para cambiar el resultado de las elecciones en ese estado. Trump luego lo amenazó con hacerle un proceso penal si se negaba. Pero cuando el funcionario rechazó la demanda de Trump y se negó a violar la ley, esa amenaza de enjuiciamiento nunca se materializó — un hecho que la acusación omite. En varios otros estados Trump trató de ejercer una presión similar. En ninguno de ellos tuvo éxito.

“El acusado y sus coconspiradores organizaron listas fraudulentas de electores en siete estados seleccionados (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin), tratando de imitar los procedimientos que se suponía que los electores legítimos debían seguir bajo la Constitución y otras leyes federales y estatales”, dice la acusación.

Los votos de los electores fraudulentos, sin embargo, nunca fueron contados. Puede que sea ilegal firmar un certificado bajo juramento afirmando que uno es un elector legítimo cuando no lo es. (El fiscal general de Michigan ha presentado cargos allí contra los 16 electores falsos). De ser así Trump no firmó ninguna declaración de ese tipo. Él puede ser el responsable, moral y políticamente, de las acciones de esos electores falsos, pero no lo es legalmente. Además, ninguna de las declaraciones o acciones que cita la acusación llevó a que el Congreso contara, o incluso considerara, votos electorales falsos el 6 de enero.

En muchas páginas Smith expone su caso de que Trump intentó “reclutar al vicepresidente para alterar fraudulentamente los resultados de las elecciones en el procedimiento de certificación del 6 de enero”. Para hacer el cuento corto, Pence se negó a hacer lo que Trump exigía. Los abogados de Trump van a argumentar que, por más irrazonable que haya sido la postura de su cliente, él tenía derecho a su opinión de que Pence tenía la autoridad de interrumpir los procedimientos de certificación o declarar directamente a su jefe como el ganador.

La acusación también describe en detalle los esfuerzos de Trump por presionar a su Departamento de Justicia para que emitiera un memorando declarando que las elecciones de 2020 se vieron empañadas por fraude generalizado. Cuando el fiscal general interino y su adjunto se negaron, Trump amenazó con despedirlos e instalar a otro funcionario para dirigir el Departamento de Justicia que le tuviera más lealtad a él. Fue entonces que el fiscal general interino le dijo sin rodeos que, de cumplir Trump con su chantaje los empleados del Departamento de Justicia renunciarían en masa, así que Trump se rindió y retiró su amenaza.

En resumen, Trump mintió descaradamente y amenazó repetidamente con usar su poder ejecutivo para castigar a los funcionarios del gobierno que no hicieron caso a su demanda de mantenerlo en el cargo a pesar de su rotunda derrota en las urnas. Pero, a fin de cuentas, no usó su poder para despedir a los altos funcionarios que se negaron a violar la ley para ayudarlo. Tampoco usó su autoridad como comandante en jefe para movilizar a sectores del ejército en un golpe de estado para tratar de mantenerse en el poder.

Sin duda Trump es el responsable, política y moralmente, de los disturbios y el asalto violento al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Sin embargo, el gobierno se ha abstenido conscientemente de acusarlo de “incitar a un motín”. Pero este encausamiento parece querer hacer la misma acusación sin presentar ese cargo (basándose en cambio en los cargos de “obstrucción”, que discutiremos más adelante).

(Esta fue la primera de dos partes. La parte II puede encontrarse aquí.)

NOTAS

[1] Como explicó el artículo inaugural de Panorama-Mundial: “Hace más de 50 años el erudito marxista y líder de la clase obrera George Novack explicó el significado esencial del bonapartismo. En un ensayo titulado ‘Bonapartismo, dictadura militar y fascismo’, que aparece en su libro Democracia y Revolución, Novack dijo: ‘El gobierno parlamentario … se convierte en un lastre para el gran capital cuando las clases medias se radicalizan, los trabajadores toman la ofensiva y el país parece estar escapándose de su control’.

“Continuó: ‘Cuando las tensiones sociales aumentan hasta el punto de ruptura, el parlamento es cada vez menos capaz de resolver las disputas en la cima del poder o actuar como un amortiguador entre el poder de la propiedad privada y la ira de las masas. La desilusión generalizada con su funcionamiento sumerge al parlamentarismo burgués, junto con sus partidos, en un período de aguda crisis’.

“El bonapartismo, explicó Novack, ‘lleva al extremo la concentración del poder en la cúpula del Estado, que ya se discierne en las democracias imperialistas contemporáneas. Todas las decisiones políticas importantes están centralizadas en un solo individuo equipado con poderes de emergencia extraordinarios. Habla y actúa no al servicio del parlamento… sino por derecho propio, como ‘el gran hombre’ que el destino ha llamado para rescatar a la nación en su hora de peligro mortal”.

[2] El 2 de agosto de 1964, la Marina de Estados Unidos participó en operaciones encubiertas muy cerca de las aguas territoriales de Vietnam del Norte, lo que provocó una reacción de los torpederos norvietnamitas. Según Wikipedia, “En el combate subsiguiente, un avión estadounidense … fue dañado, tres torpederos norvietnamitas fueron dañados, y cuatro marineros norvietnamitas murieron, con seis más heridos. No hubo bajas estadounidenses”. Washington alegó que hubo otro ataque el 4 de agosto. En el documental del 2003 The Fog of War, el ex Secretario de Defensa de Estados Unidos Robert S. McNamara admitió que el supuesto ataque del 4 de agosto, por el cual Washington autorizó represalias, nunca sucedió. Las mentiras y tergiversaciones del gobierno de Estados Unidos sobre estos eventos llevaron a la aprobación ese 7 de agosto de la “resolución del Golfo de Tonkin,” una resolución conjunta del Congreso de Estados Unidos. Fue lo que sirvió como pretexto legal para la escalada masiva de Estados Unidos en su guerra contra Vietnam. La resolución no tuvo oposición en la Cámara de Representantes y recibió solo dos votos de “no” en el Senado. El Congreso derogó la resolución en enero de 1971, pero la guerra de Estados Unidos continuó su curso.

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