Han transcurrido en los últimos días las audiencias públicas sobre el ataque de la turba ultraderechista que asaltó al Congreso de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Los hechos presentados nos ayudan a recordar cómo Donald Trump se esforzó por anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, algo que rebasó con creces las normas que durante tanto tiempo han regido en la política burguesa de Estados Unidos.

Por esa razón publicamos nuevamente el artículo inaugural de World-Outlook, que apareció ese fatídico enero y que describe lo que esos eventos pusieron en juego para el pueblo trabajador. Ahora que existe Panorama-Mundial, podemos también publicar la versión en español por la primera vez. A pesar de todo lo transcurrido desde entonces, el análisis presentado en este artículo resiste en gran medida la prueba del tiempo.

El artículo brega con temas que trascienden los detalles históricos de lo acontecido. Es muy probable que Trump vuelva a postularse para presidente en el 2024. Su acusación infundada y con pinta de conspiración de que le fueron “robadas” las elecciones del 2020 sigue ejerciendo mucha influencia entre la base del Partido Republicano y los funcionarios republicanos a nivel federal, estatal y local. Trump sigue siendo el líder más influyente del Partido Republicano.

Es igualmente posible que, tanto en el 2022 como en el 2024 — aunque no sea Trump el candidato presidencial del partido republicano — los derechistas vuelvan a desafiar los resultados de las elecciones si no les agradan los resultados.

Lo que sí ha quedado bien claro durante el año y medio desde entonces es que Trump ha esgrimido con mucho éxito la técnica de la “gran mentira” para seguir insistiendo que le “robaron” las elecciones del 2020. Muchos políticos conservadores y las grandes empresas que los respaldan han aceptado y promovido esa mentira, y muchos otros no se arriesgan a desafiarlo públicamente. Lo que esto significa es que estas fuerzas y sus voceros están dispuestos a aceptar la trayectoria de Trump. Como posible solución a las crisis del capitalismo tardío que están empeorando bajo la administración Biden, podrían estar dispuestos, inclusive, a usar artimañas y a valerse de la fuerza para cambiar el resultado de una elección, dejando a un lado el “estado de derecho”.

El Partido Demócrata tiene sus propias razones para organizar estas audiencias públicas. Quiere usarlas, principalmente, para tratar de apuntalar sus perspectivas cada vez más pobres en las elecciones interinas del 2022.

Lo más importante para el pueblo trabajador es lo que ocurrió el año 2020 después de las elecciones. Hay que empezar por reconocer el hecho de la “gran mentira” y los extremos a los cuales los que la promueven estaban dispuestos a llegar para “revertirla”.

Gran parte de los grandes medios de comunicación han hecho comparaciones entre estas audiencias del 6 de enero en la Cámara de Representantes y las audiencias sobre Watergate que se realizaron hace casi medio siglo. Watergate llevó a la renuncia del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon.

Más convincente que cualquier similitud es una diferencia clave: en ese entonces la clase dominante se unió para lidiar con el escándalo de Watergate, que dejaba al descubierto cómo se vale del poder ejecutivo y de las instituciones federales para gobernar. Afirmaba, falsamente, que Nixon representaba una excepción en ese sentido. Prometió llevar a cabo una “limpia” del gobierno.

Esa unidad hoy no existe. Trump goza de un estatus y de una popularidad que en nada se asemeja a la deshonra que sufrió Nixon al dejar la Casa Blanca. En estados Unidos decenas de millones de personas ven a Trump como líder por las razones que explica el artículo a continuación.

El Partido Demócrata no ofrece ninguna trayectoria que beneficie a los trabajadores, mientras los efectos de dos años de pandemia, una inflación desbocada y más causan estragos en nuestras vidas.

Como explicó World-Outlook hace 18 meses: “A pesar de las promesas de Biden y su vicepresidenta Harris, es difícil concebir que la nueva administración pueda detener el declive en el nivel de vida de los trabajadores y revertir las amenazas a las libertades civiles y los derechos políticos, aunque algunas de sus políticas busquen mitigar esos problemas. El Partido Demócrata sigue siendo un ardiente defensor del sistema que es responsable de la crisis”.

Publicamos el artículo de enero del 2021 en dos partes debido a su extensión. La primera parte aparece a continuación.

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(Esta es la primera de dos partes)

El radicalismo, el bonapartismo y las consecuencias de las elecciones estadounidenses de 2020 (Primera parte)

Por Geoff Mirelowitz, Argiris Malapanis y Francisco Picado

13 de enero de 2021 — En un paso culminante hacia una serie de acontecimientos que en más de un siglo no tienen precedente alguno en la política de este país, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con sus partidarios, participaron en un motín destinado a anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Si bien al día siguiente, el 7 de enero, el Congreso certificó el resultado de la votación de noviembre, es notable que más del 25% de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, todos del partido republicano, respaldaron el desafío de Trump a su derrota en las urnas, incluso después de haberse dispersado el ataque de la turba derechista en el Capitolio de Estados Unidos.

ANÁLISIS DE NOTICIAS

Mientras insistía en aferrarse al poder político para permanecer en la Casa Blanca, la tenaz negativa de Trump a aceptar los resultados causó una brecha en el Partido Republicano. El presidente de Estados Unidos y sus partidarios presentaron docenas de quejas y demandas judiciales para promover reclamos sin fundamento de que la votación había sido fraudulenta. Sin embargo al poco tiempo estos desafíos fueron rechazados por funcionarios de gobiernos estatales, a menudo republicanos, así como por las legislaturas estatales en los seis estados considerados “indecisos” donde Trump había disputado el resultado del voto popular, y además por varios tribunales federales inferiores y la Corte Suprema de Estados Unidos.

A pesar de tan abrumador repudio institucional, los reclamos conspirativos y extravagantes de Trump sobre la “elección robada” lograron obtener el respaldo de 139 miembros de la Cámara de Representantes y 8 senadores estadounidenses, quienes terminaron por negarse a certificar los resultados de las elecciones en Arizona y en Pensilvania.

También estimularon a los grupos radicales de derecha, los cuales, atizados por Trump, organizaron violentas protestas en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, atacando el edificio y obligando a una sesión conjunta del Congreso, convocada para certificar los resultados de las elecciones, a suspender temporalmente los procedimientos. Incluso un poco antes, un pequeño grupo entre los partidarios del presidente de Estados Unidos le había sugerido que invocara la ley marcial para permanecer en el poder.

Muchos políticos trataron de esquivar el intento fallido de anular los resultados electorales como algo “antiamericano”. Entre ellos el ex presidente George W. Bush, quien dijo el 6 de enero que “así es como se disputan las elecciones en una república bananera, no en nuestra república democrática”.

Estos acontecimientos, sin embargo, indican que una minoría nada desdeñable entre las clases privilegiadas por lo menos sopesó la idea de hacer a un lado los poderes legislativo y judicial del gobierno para entregar todas las decisiones políticas importantes al ejecutivo, el cual sería dirigido por un individuo con poderes extraordinarios. Ese individuo no actuaría como leal servidor de las instituciones de la democracia capitalista, sino que sería consagrado a “rescatar a la nación”, para lograr, finalmente que “Estados Unidos vuelva a ser grandioso”.

El nombre correcto de esa trayectoria política es “bonapartismo”. También figuró en las elecciones presidenciales de 1992 en Estados Unidos cuando la campaña del multimillonario Ross Perot obtuvo un voto significativo, aunque esa vez fue sólo un susurro. Ésta vez el desafío a los resultados de las elecciones de 2020 fracasó, pero el peligro que representa para las libertades civiles y la clase trabajadora es palpable y no va a desaparecer. Por el contrario, todo parece indicar que Trump y sus partidarios van a seguir esgrimiendo estos reclamos en los próximos meses y años para hacer campaña contra la administración “ilegítima” de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris.

Todo esto se va desenvolviendo en medio de la crisis global de la economía y la sociedad capitalista que ahora estamos viviendo, acentuada por la pandemia de Covid-19. La historia del siglo pasado demuestra que estos bruscos descensos económicos primero generan actitudes radicales y luego desencadenan importantes batallas de clases. Antes de que grandes números de trabajadores se interesen en el concepto de la lucha de clases y consideren actuar políticamente de una manera independiente de la clase capitalista y de sus partidos—tanto los demócratas como los republicanos—las ideas radicales comienzan a abrirse paso en la clase media y en los diferentes sectores de la clase trabajadora.

La clase obrera en Estados Unidos todavía no piensa ni actúa como una clase. Gran parte de la iniciativa política hoy en día proviene de corrientes de derecha. Los grupos ultraderechistas sacan tajada de las oportunidades que han podido obtener dentro del sistema bipartidista y en las otras instituciones de la clase dominante. Aprovechan que la gente ha perdido confianza en el gobierno y que no confían en los políticos más prominentes y establecidos. Todas las condiciones existen para que la demagogia derechista y las teorías de conspiración ganen una amplia resonancia.

La brecha en el Partido Republicano

Si bien Trump trató de mantener un control férreo sobre el Partido Republicano y en un principio pudo obtener el apoyo de 13 senadores y unos 140 miembros de la Cámara de Representantes, su esfuerzo por aferrarse al poder chocó con una contracorriente considerable, lo que indica que una gran mayoría de los hombres y mujeres adinerados y de sus representantes políticos se opusieron a una toma de poder bonapartista. La brecha arrasó con el Partido Republicano y se extendió a los ejecutivos de las grandes empresas y los propietarios de los medios de comunicación conservadores que habían respaldado a Trump.

“Los votantes, los tribunales y los estados se han manifestado”, dijo el presidente de la mayoría, Mitch McConnell, el 6 de enero en el Senado de Estados Unidos, antes del asalto al Capitolio. Refiriéndose a los resultados de las elecciones añadió: “Si los anulamos, eso dañará a nuestra república para siempre”.

“Directores ejecutivos [de empresas] instan al Congreso a certificar la victoria de Biden en el Colegio Electoral”, declara un titular del 4 de enero en el Wall Street Journal. “Casi 200 directores ejecutivos piden a los legisladores que defiendan los ‘principios esenciales de nuestra democracia’ propiciando la transición del poder al presidente electo”.

“Detengan esta locura”, gritaba el titular de la portada del New York Post el 27 de diciembre. “Sr. Presidente”, declararon los editores del Post, hasta hace poco ardientes partidarios de Trump, “Perdió las elecciones”. Aconsejaron a su líder que debería aceptar la derrota y “concentrarse en las elecciones del Senado en Georgia”.

En una declaración el 3 de enero Paul D. Ryan, ex presidente de la Cámara de Representantes y candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano en el año 2012, dijo: “Los esfuerzos que buscan rechazar los votos del Colegio Electoral y sembrar dudas sobre la victoria de Joe Biden socavan los cimientos de nuestra República. Es difícil concebir un acto más antidemocrático y anti-conservador que una intervención federal para anular los resultados de las elecciones que han sido certificadas por los estados y privar de sus derechos a millones de estadounidenses”.

Los 10 ex secretarios de defensa aún vivos, tanto demócratas como republicanos, firmaron un artículo de opinión que fue publicado en el Washington Post el 3 de enero, advirtiendo: “Como han señalado los más altos líderes del Departamento de Defensa, ‘no hay ningún papel que jugar para el ejército de Estados Unidos al determinar el resultado de una elección en Estados Unidos’. Los intentos de involucrar a las fuerzas armadas de Estados Unidos para resolver disputas electorales nos llevarían a un lugar peligroso, ilegal e inconstitucional. Los funcionarios civiles y militares que dirijan o lleven a cabo medidas de ese tipo serían hechos responsables, y podrían incluso enfrentar sanciones penales, por las graves consecuencias de sus actos en nuestra república”.

Estos ex capataces del ejército estadounidense citaron una declaración del secretario del Ejército y el jefe del Estado Mayor del Ejército, negando que hubiera intención alguna de participar en un golpe militar. Informando sobre esto en un artículo el 20 de diciembre en la revista The Atlantic, David Frum escribió: “Esa es una buena declaración, en línea con las tradiciones de larga data del ejército de Estados Unidos. Sin embargo es alarmante que alguien haya pensado que fuera necesario. Al día siguiente, múltiples fuentes de medios noticiosos informaron que el presidente Donald Trump ha estado planeando un posible golpe de Estado en la Oficina Oval con su equipo más íntimo de asesores: Michael Flynn, Sidney Powell y Rudy Giuliani”.

El 1º de diciembre Flynn, un ex asesor de seguridad nacional de Trump, había compartido un mensaje en Twitter pidiéndole al presidente que suspendiera la Constitución de Estados Unidos, que “declarara una ley marcial limitada”, que los “militares supervisaran una reelección nacional” y que “silenciara a los medios noticiosos destructivos”. Si bien las opiniones de Flynn son compartidas hoy por un grupo marginal de derecha, las declaraciones más recientes de funcionarios militares estadounidenses y de ex secretarios de defensa subrayan el peligro que representa ese tipo de retórica.

Asalto al Capitolio de Estados Unidos

En una maniobra calculada, Trump incluso presionó a su vicepresidente, Mike Pence, para que intentara impedir que el Congreso certificara las elecciones de noviembre. Pence se negó. “Mantendré el juramento que hice”, declaró, lo que llevó a que su jefe lo tachara de cobarde. “Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debería de haberse hecho”, tuiteó Trump el 6 de enero.

El mismo día, Trump habló ante miles de sus partidarios en un mitin en Washington D.C. insistiendo que deberían de anularse las elecciones. “Gran protesta en D.C. el 6 de enero. Estén allí, va a estar fuera de control”, había tuiteado Trump el 19 de diciembre para promover la acción. “Nunca cederemos”, declaró desde su púlpito el 6 de enero, instando a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio de Estados Unidos. Desde el mismo lugar, el abogado personal de Trump, Rudi Giuliani, incitó a la multitud a participar en un “juicio por combate”.^[1]

Miles lo hicieron. Rodearon el Capitolio ondeando banderas, letreros, pancartas, así como bates y escudos, repitiendo el mensaje de su líder, cantando: “¡Queremos a Trump!” Mientras un número reducido de policías permanecían al margen, fueron ineficaces o hasta ayudaban a la multitud, cientos de personas irrumpieron en el edificio. Algunos rompieron ventanas, escalaron cercas y esgrimieron armas. Durante la refriega una manifestante recibió un disparo de la policía y murió más tarde. Otros seis también murieron, tres por complicaciones médicas y además tres policías, uno de ellos por las heridas sufridas durante la refriega y otros dos por suicidio. El ataque derechista llevó a que los funcionarios a cargo evacuaran a los legisladores y suspendieran la sesión conjunta del Congreso, que en ese momento había comenzado sus deliberaciones sobre la certificación de las elecciones de noviembre.

La mayoría de los políticos, inclusive el vicepresidente Pence y otros republicanos de alto rango, no tardaron en condenar el asalto y pidieron a los manifestantes que abandonaran el área. El alcalde de la capital [D.C. o el Distrito de Columbia] declaró un toque de queda esa noche. La policía estatal del estado de Maryland, la Guardia Nacional del D.C. y varias agencias federales desplegaron fuerzas armadas alrededor del Capitolio de Estados Unidos.

En un mensaje grabado de video que fue lanzado a los medios esa tarde, la reacción de Trump fue desapasionada. Agradeció a los manifestantes por su apoyo, instándolos a actuar de forma pacífica y regresar a casa, pero inició su declaración reiterando sus afirmaciones infundadas de que fue un “voto fraudulento”. Más tarde Trump parece haber justificado los disturbios. “Estas son las cosas y los eventos que ocurren cuando una victoria electoral sagrada y aplastante le es arrebatada, sin miramientos y con tanta saña, a los grandes patriotas que durante tanto tiempo han sido injustamente maltratados”, tuiteó esa noche.

En una llamada telefónica de 2 horas al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, Trump ya había intensificado el nerviosismo que existía sobre planes para eludir las normas electorales capitalistas establecidas desde hace tanto tiempo. La transcripción, hecha pública por el republicano de Georgia, revela que Trump le exigía a Raffensperger que “encontrara” 11,780 votos para anular la victoria de Biden en ese estado. Trump también insinuó que Raffensperger y el abogado de su oficina podrían ser acusados de un “delito penal” si no se plegaban a su voluntad. Los funcionarios del estado de Georgia rechazaron la oferta.

Estas amenazas estaban combinadas con referencias a algunas de las teorías conspirativas más descabelladas que Trump y algunos de sus partidarios han difundido, entre ellas la acusación de que 250,000 boletas o más “desaparecieron misteriosamente de las listas” en Georgia. Aunque las acusaciones eran infundadas, encuestas de la opinión pública demuestran que un gran porcentaje de los que votaron por Trump creen que esta afirmación y muchas otras son ciertas.

El presidente de Estados Unidos había dejado bien claras sus tendencias autoritarias antes del día de las elecciones. Trump declaró repetidamente que solo podía haber dos resultados. En el primero, él sería el ganador. Y en segundo lugar, un segundo mandato le sería arrebatado por medio del fraude y la conspiración. Haciéndose eco de su afirmación de que había sido víctima de “la mayor cacería de brujas de la historia” cuando ocupaba el cargo, afirmó que eso podría extenderse al resultado de las elecciones. Insinuó públicamente que no había la menor posibilidad de que no fuera él la elección de la mayoría.

Estos métodos—teorías de conspiración, la “gran mentira”, el líder supuestamente bajo el ataque injusto de intereses especiales—son parte del repertorio de demagogos bonapartistas que afirman que en todas las disputas su palabra debe ser la definitiva.

¿Qué es el bonapartismo?

Hace más de 50 años el erudito marxista y líder de la clase obrera George Novack explicó el significado esencial del bonapartismo. En un ensayo titulado “Bonapartismo, dictadura militar y fascismo”, que aparece en su libro Democracia y Revolución, Novack dijo: “El gobierno parlamentario … se convierte en un lastre para el gran capital cuando las clases medias se radicalizan, los trabajadores toman la ofensiva y el país parece estar escapándose de su control”.

Continuó: “Cuando las tensiones sociales aumentan hasta el punto de ruptura, el parlamento es cada vez menos capaz de resolver las disputas en la cima del poder o actuar como un amortiguador entre el poder de la propiedad privada y la ira de las masas. La desilusión generalizada con su funcionamiento sumerge al parlamentarismo burgués, junto con sus partidos, en un período de aguda crisis”.

El bonapartismo, explicó Novack, “lleva al extremo la concentración del poder en la cabecera del Estado, que ya se discierne en las democracias imperialistas contemporáneas. Todas las decisiones políticas importantes están centralizadas en un solo individuo equipado con poderes de emergencia extraordinarios. Habla y actúa no al servicio del parlamento… sino por derecho propio, como ‘el gran hombre’ que el destino ha llamado para rescatar a la nación en su hora de peligro mortal”.

Muchos de estos factores ya existen hoy en día. La clase trabajadora todavía no ha “tomado la ofensiva”, como dijo Novack, aunque Trump actuó como el vocero de muchos en la clase dominante cuando atacó las protestas masivas del verano pasado después del asesinato de George Floyd por agentes de policía en Minneapolis, acciones en las que participaron millones de trabajadores protestando contra la brutalidad policial y el racismo. Pero además los otros signos que Novack describió son cada vez más familiares. El deseo de Trump de mantener y expandir su poder individual no es un secreto para ningún observador.

Además, la preferencia de Trump por el papel de hombre fuerte ha sido evidente desde antes de que ocupara la Casa Blanca en el 2016. Ese año Trump se expresó más claramente cuando ante la convención nacional republicana—y el país entero—dijo: “Solo yo puedo resolverlas”, refiriéndose a las crisis políticas, económicas y sociales a nivel nacional.

Solo él, afirmó, sería capaz de “drenar el pantano” en Washington, D.C., un concepto que tiene eco en la opinión de muchos trabajadores. Solo él podría “Lograr que Estados Unidos vuelva a ser grandioso”.

Hay otros ejemplos de las tácticas de mano dura que usó Trump, así como de sus ambiciones ilegales durante sus cuatro años en el cargo. Incluyen su despliegue de agentes federales especiales—algunos operando sin insignias de identificación—contra los manifestantes que marcharon en Portland, Oregon, en contra de la brutalidad policial, y la amenaza de usarlos en otros lugares, particularmente en ciudades que él calificó de “anarquistas”, como Nueva York y Seattle. En repetidas ocasiones Trump insinuó que podría servir más allá de los dos mandatos presidenciales permitidos por la Constitución de Estados Unidos.

La administración Trump no fue un régimen bonapartista, pero ese peligro ahora es claro

A pesar de la retórica, sin embargo, el historial general de la administración Trump muestra que no era un régimen bonapartista, y menos aún un régimen fascista, como afirman muchos en la izquierda estadounidense.

Trump usó órdenes ejecutivas, pero no de una manera cualitativamente diferente a la de sus predecesores.

Se jactó de que iba a limpiar los establos en Washington, D.C. pero eso fue sólo demagogia. El pantano de cabilderos e intereses especiales nunca fue “drenado”, ni siquiera fue tocado durante los cuatro años de Trump en la Casa Blanca. Su gabinete y otros nombramientos incluyeron docenas de los mismos tipos que generalmente ocupan estos puestos al servicio de los dos principales partidos capitalistas. Los ejemplos incluyen a la multimillonaria Betsy DeVos, quien dirigió el Departamento de Educación, y Wilbur Ross Jr., el Secretario de Comercio, anteriormente nombrado por Bloomberg Markets como una de las 50 personas más influyentes en las finanzas globales y antiguo asesor del entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Y ni hablar del propio Giuliani.

En términos generales, Trump no trató de socavar abiertamente las instituciones democráticas hasta el pasado noviembre. Esto cambió después de su derrota en las urnas, cuando trató abiertamente de intimidar a funcionarios estatales para que revisaran el recuento de los votos ya certificados para así ayudarlo a mantenerse en el poder, y pidió acciones callejeras con el mismo objetivo. La escena en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero conmocionó a Estados Unidos y al mundo.

En las actuales condiciones de depresión y las agudas crisis sociales, que quedaron más claramente expuestas por la respuesta catastrófica del capitalismo a la pandemia de Covid-19, ha aumentado el peligro de que las fuerzas decididamente reaccionarias de la clase dominante puedan “conspirar para salir de sus apuros dejando el parlamento a un lado y pasando a un gobierno más exclusivo”, como lo expresó Novack. Es posible empezar a tomar pasos a lo largo de esa trayectoria antes de disolver el Congreso de Estados Unidos, como sugieren los eventos del 6 de enero.

Como lo transcurrido después de las elecciones ha dejado en evidencia, aunque Biden ganó la contienda electoral, la iniciativa política hoy sigue en manos de la derecha. Esto no es algo inesperado. La agudización de la crisis capitalista ha causado un aumento en las actitudes radicales, pero aún no ha llevado a luchas masivas por parte de la clase trabajadora. Los trabajadores aún no cuentan con una voz política propia, a una escala masiva y que sea independiente de los capitalistas y sus dos partidos. Eso es el requisito necesario para llevar a los trabajadores y a otros productores explotados a pensar y actuar con la convicción de que nuestros intereses de clase se contraponen a los de los gobernantes privilegiados.

Al mismo tiempo, las fuerzas derechistas que siempre mantienen un pie firmemente dentro de los dos partidos, el Republicano y el Demócrata, han tomado la delantera en la inculcación y configuración de las actitudes entre los que pueden calificarse como una masa popular heterogénea, incluso entre aquellos en las clases medias y ciertas capas de trabajadores y agricultores que buscan soluciones radicales. Muchas de sus “teorías”, como la teoría ultraderechista de la conspiración de QAnon, que alega que una camarilla de pedófilos que veneran a Satanás dirige una red global de tráfico sexual de niños y conspira contra Trump, pueden parecer irracionales para la mayoría de la gente. Pero caen en oídos receptivos porque millones de personas están tratando de encontrar respuestas a la irracionalidad del capitalismo.

Los presidentes que no logran reelegirse para un segundo mandato generalmente son vistos como ineficaces desde el día de la elección hasta la inauguración del nuevo presidente. Trump dejó bien claro que no jugaría ese papel. Si bien sus descabelladas declaraciones de la “elección robada” fueron desestimadas inicialmente, se mantuvo impertérrito y ganó un amplio apoyo entre los republicanos en el Congreso, así como entre los 74 millones de personas que votaron por él.

Trump siguió insistiendo en sus fantásticas afirmaciones, ignorando los hechos y hasta sus propias declaraciones pasadas, a pesar de la clara victoria de Biden en el Colegio Electoral (de 306 a 232), para no mencionar el total nacional de 81 millones de votos a favor de Biden, superando a Trump por unos 7 millones de votos. En el año 2016, cuando el propio Trump ganó el Colegio Electoral por un conteo similar, 304 a 227, afirmó que fue una “victoria aplastante”, a pesar de que ese año fue Hillary Clinton, del Partido Demócrata, la que ganó el conteo nacional, también conocido como el voto popular.

(Esta era la primera de dos partes)

NOTAS

[1] Método en la ley germánica para resolver disputas, donde se considera que el ganador del duelo es el que tenía la razón.