El paso más peligroso hacia un gobierno autoritario desde que Trump asumió el cargo

El 12 de agosto, la Casa Blanca tomó el control del Departamento de Policía Metropolitana en Washington, D.C., y desplegó a 2,200 soldados de la Guardia Nacional y a cientos de agentes federales en la ciudad. Trump y sus aliados utilizaron una disposición de la Ley de Autonomía de 1973 que le permite al presidente declarar una emergencia y desplegar fuerzas federales de seguridad en la capital de la nación durante un mes.

¿La emergencia? El crimen, que está “fuera de control”, según Trump.

Esta afirmación es una excusa de las más endebles. Washington, D.C., como la mayoría de las áreas urbanas de Estados Unidos, tiene problemas de delincuencia. Pero entre las 50 principales ciudades de EE. UU. con la tasa más alta de delitos violentos, D.C. ocupa el puesto 29; ocupa el puesto 33 cuando se tienen en cuenta todos los delitos (entre ellos los delitos no violentos como el robo). De hecho, su tasa de criminalidad ha disminuido en los últimos dos años. Los delitos violentos en la ciudad se redujeron un 35 por ciento el año pasado con respecto a 2023, según muestran los datos del Departamento de Justicia, el más bajo en más de 30 años. La mayoría de los residentes de la ciudad describen sus vecindarios como seguros. Y, hasta el 16 de agosto, más del 40 por ciento de los aproximadamente 300 arrestos que hicieron los agentes federales recién desplegados en la ciudad fueron de trabajadores inmigrantes, no de delincuentes violentos.

EDITORIAL

¿La respuesta de Trump a estos hechos? Que los datos han sido falsificados. Trump y sus aliados están insistiendo en reiterar una mentira descarada, con la esperanza de que al repetir una falsedad una y otra vez, se afiance y se convierta en la realidad percibida por gran parte del público. Es la misma técnica de la Gran Mentira que Trump usó para vendernos el mito de una “elección robada” en 2020 y justificar como “patriótico” el asalto del 6 de enero de 2021 del Congreso de Estados Unidos por una turba ultraderechista — la cual resultó en seis muertos y muchos heridos — en un intento fallido de anular la voluntad de la mayoría en ese entonces.

Sobre todo, la toma hostil por la policía de D.C. — que se produjo inmediatamente después del despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles en junio para imponer fuertes medidas contra los inmigrantes indocumentados con el fin de atizar un aumento de las deportaciones — sienta un precedente para intervenciones similares por las fuerzas militares en otros lugares.

Trump ha amenazado repetidamente con hacer lo mismo en Baltimore, en Chicago y en Nueva York, entre otras ciudades. Como demuestra lo ocurrido D.C., esta Oficina Oval, cuyo poder ejecutivo crece cada día, puede inventar una “emergencia” de la nada.

Trump ahora está hablando de presionar al Congreso para que el despliegue en D.C. se extienda durante un período prolongado de tiempo — más allá de los 30 días que permite la ley existente — antes de llevar la operación a otras partes del país.

Confirmando estos planes insidiosos, el Washington Post informó por primera vez (en inglés) el 24 de agosto que el Pentágono está planeando un despliegue militar en Chicago. Esto podría incluir “movilizar al menos algunos miles de miembros de la Guardia Nacional tan pronto como en septiembre a la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos”, dijo el Post. También se está considerando el uso de fuerzas militares en servicio activo.

¿La justificación de Trump? Tomar medidas enérgicas contra el crimen, los desahuciados, y los inmigrantes indocumentados.

“El esfuerzo en Chicago ampliaría aún más el uso de la fuerza militar por parte de Trump a nivel nacional, incluso cuando las autoridades estatales y locales califican la idea como inoportuna e injustificada”, señaló el Post. “Los funcionarios de la administración han justificado tales despliegues, argumentando que están tomando las medidas necesarias para restablecer la ley y el orden”.

El lenguaje que Trump usó para anunciar su toma del poder en D.C. demuestra que la intervención militar en D.C. representa un paso cualitativo hacia un régimen más represivo. “Hoy es el día de la liberación en D.C. y vamos a recuperar nuestra capital”, afirmó Trump.

El eco del ultraderechista Patrick Buchanan no puede ser más claro.

“Y a medida que esos muchachos recuperaron las calles de Los Ángeles, cuadra por cuadra, amigos míos, debemos recuperar nuestras ciudades, recuperar nuestra cultura y recuperar nuestro país”, declaró Buchanan en su infame discurso de la Guerra Cultural (en inglés) en la convención republicana de 1992.

Buchanan — quien era visto por muchos como un fascista incipiente — se refería al uso de tropas federales en Los Ángeles para sofocar un motín que estalló en Los Ángeles ese año tras la salvaje golpiza de Rodney King, un hombre afroamericano, por oficiales del Departamento de la policía de Los Ángeles. (La policía golpeó y pateó repetidamente a King durante unos 15 minutos, un evento filmado por un transeúnte y transmitido ampliamente a nivel nacional, lo que provocó una rebelión en Los Ángeles).

La toma de control en D.C. y la represión contra los trabajadores inmigrantes son parte de un despliegue cada vez más peligroso de todas las palancas imaginables del poder estatal desde que Trump asumió el cargo hace siete meses. Para los trabajadores y las grandes mayorías de este país, estos pasos son entre los más peligrosos que ha tomado esta administración hasta el momento. Son parte de un patrón que nos conduce vertiginosamente hacia un gobierno dictatorial, como explicó Panorama-Mundial en El segundo mandato de Trump: El gobierno de un solo hombre y el peligro del fascismo incipiente.

Estos pasos incluyen la campaña de manipulación de los distritos electorales liderada por el Partido Republicano (que ahora se combina con movimientos similares en algunos estados liderados por demócratas) para permitir que los republicanos aumenten el número de sus escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de 2026. El plan de Trump de “deshacerse de las boletas por correo” y de las máquinas de votación en todo el país, restringiendo el acceso a las urnas antes de las elecciones intermedias el año que viene son una amenaza aún más siniestra para los derechos democráticos.

No está claro qué parte del entramado de la democracia burguesa — el cual es preferible a cualquier forma de dictadura, debido a la mayor amenaza inmediata que esta última representa para los derechos y las organizaciones de la clase trabajadora — seguirá en pie cuando ocurran las elecciones de noviembre de 2026. Pero la trayectoria es inequívoca.

En el caso de D.C., Trump está probando las aguas para ver hasta dónde puede llegar ignorando a los funcionarios electos de la ciudad y desafiando a los tribunales a que lo detengan. La reacción inicial de la alcaldesa de D.C. a la toma de control de la policía de la ciudad por parte de la Casa Blanca fue conciliadora, lo que indica el miedo que Trump ha infundido entre muchos en el establishment del partido demócrata y entre otros que se oponen a sus políticas.

Parte del problema es que los programas de los liberales destinados a abordar los problemas sociales que Trump afirma demagógicamente que va a solucionar mediante el uso del poder ejecutivo son tan ineficaces como las acciones del presidente. El despejar los campamentos de personas sin hogar en D.C., que los oficiales federalizados han llevado a cabo recientemente, no resuelve la crisis de personas sin hogar, como tampoco lo han hecho las campañas de los liberales, que le informan a las personas sin hogar sobre su derecho a permanecer en la calle.

Un programa masivo de obras públicas para construir viviendas asequibles, leyes para dar fin a la desenfrenada especulación en bienes raíces por parte de los fondos buitre y las grandes empresas de inversión, y la atención médica garantizada por el gobierno federal como un derecho para todos — dándole prioridad al tratamiento de enfermedades mentales — contribuirían en gran medida a abordar este grave problema social.

Las recientes acciones de Trump no solo reflejan su desdén personal por la ciudad de Washington, sino también las actitudes racistas del gobierno federal hacia una ciudad cuya población ha sido mayoritariamente negra durante la mayor parte de su historia.

La Ley de Autonomía (en inglés), aprobada en 1973, fue la última vez que el Congreso reformó la forma en que se gobierna D.C. La Ley le permitió a los residentes del Distrito de Columbia elegir a un alcalde local y a un concejo municipal. Pero estos puestos son en gran medida simbólicos, porque en última instancia el Congreso y la Casa Blanca conservan el control total sobre todos los asuntos legislativos, judiciales y presupuestarios.

“Con el Congreso controlando el presupuesto, D.C. tiene el gasto policial per cápita más alto de cualquier ciudad de un tamaño comparable en el país”, explicó un artículo en la edición del 26 de octubre de 1973 de la revista World Outlook, analizando la recién aprobada Ley de Autonomía. “Al mismo tiempo, la educación y otros servicios sociales reciben poca atención: el 71 por ciento de las escuelas del Distrito operan en instalaciones improvisadas y aulas deficientes.

“Esta opresión racista ha demarcado la disputa sobre el gobierno autónomo de D.C. desde el final de la Guerra Civil, cuando miles de esclavos liberados comenzaron a establecerse aquí.

“En 1871 se estableció un gobierno parcialmente electo, pero la élite blanca de la ciudad temía que los negros recién emancipados amenazaran sus privilegios y su poder. En 1874, el Congreso expulsó a los funcionarios electos y los reemplazó con el sistema de control presidencial y por el Congreso que ha continuado hasta el día de hoy con solo revisiones menores.

“El resurgimiento de la lucha de liberación negra en la década de 1950 dio un nuevo impulso a las demandas de autogobierno, y se han logrado algunas concesiones. En 1961, los residentes de D.C. obtuvieron por primera vez el derecho a votar en las elecciones presidenciales; en 1967, el derecho a una junta escolar electa; y en 1970, el derecho a elegir un delegado sin derecho a voto a la Cámara de Representantes”.

Y continuó: “La única propuesta presentada hasta la fecha que le otorgaría la igualdad de derechos a los residentes de D.C. es la estadidad”.

Eso sigue siendo cierto hoy en día. De hecho, ha comenzado a aumentar nuevamente el interés en la estadidad para D.C., ya que según una encuesta reciente del Washington Post casi el 80 por ciento de los residentes de la ciudad se oponen a la toma forzosa de las fuerzas del orden de la ciudad por el presidente Trump.

Lo que podría inspirar a los residentes de la ciudad y movilizar a todos los partidarios de los derechos democráticos sería la organización de acciones para exigir la estadidad para D.C. por un frente unido, que incluyera a sus sindicatos y a las organizaciones de derechos civiles, así como a sus estudiantes y otros jóvenes. Sería un paso poderoso y concreto contra el golpe militar por parte de la administración Trump. Ese paso ofrecería una resistencia efectiva a la sombría marcha que vemos hoy en Estados Unidos hacia el gobierno de un solo hombre.

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