Continúan las audiencias del Congreso sobre el ataque por una turba derechista al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. El debate público que estas audiencias han provocado deja un hecho en claro: el número de funcionarios republicanos, tanto electos como nominados para las próximas elecciones intermedias, que aceptan la extravagante mentira de la “elección robada” del 2020 ha crecido en los últimos 18 meses.

Tan recientemente como el mes pasado, el Partido Republicano de Texas, el segundo estado más grande, declaró en su convención que el presidente Joe Biden “no fue legítimamente electo”. Funcionarios republicanos en todo el país se hacen eco de esta falsedad.

Mientras era presidente Donald Trump urdió, sin fundamento alguno, una ristra de afirmaciones conspirativas sobre las elecciones presidenciales del 2020. Después de perder la votación las convirtió en una verdadera campaña para revertir los resultados.

La campaña de Trump para aferrarse al poder, subvirtiendo el estado de derecho capitalista establecido desde hace tanto tiempo, fracasó. De hecho, sus posibilidades de éxito siempre fueron escasas. Su intento nunca estuvo cerca de ganarse el apoyo mayoritario de la clase dominante o de un sector serio en el ejército. Pero el alcance que en ese entonces tuvo la campaña “Stop the Steal” [No a la campaña robada], y el apoyo que millones de personas siguen dándole hoy en día, entre ellos políticos a todos los niveles del gobierno de Estados Unidos, dejan entrever los serios peligros que existen tanto para las libertades civiles como para los intereses de la clase trabajadora.

La fuente de fondos para la corriente de las ‘elecciones robadas’

Una semana después del ataque al Capitolio, World-Outlook (la revista gemela en inglés de Panorama-Mundial) señaló en su artículo inaugural que “una minoría no insignificante de las clases privilegiadas” respaldó la gran mentira de Trump destinada a subvertir el voto popular e instalar un régimen antidemocrático. Unas semanas más tarde, en un artículo que volvemos a publicar a continuación, documentamos (en inglés) el alcance del apoyo financiero que varias familias gobernantes ricas aportaron para realizar ese fatídico asalto.

Ese análisis se mantiene vigente hoy en día. De hecho, noticias recientes demuestran que los propietarios y ejecutivos de algunas de las corporaciones estadounidenses más ricas continúan financiando a los políticos que aceptan el embuste de las “elecciones robadas”.

A mediados de enero de 2021, los informes en los medios de comunicación de las grandes empresas indicaron que compañías desde JP Morgan Chase hasta AT&T y Walmart se estaban distanciando del Partido Republicano y prometiendo cortar su apoyo financiero a los políticos que respaldaron públicamente la campaña de Trump para anular las elecciones de noviembre del 2020.

Ahora, apenas un año y medio después, el New York Times reveló cuán efímeras resultaron ser esas decisiones. “De las 249 compañías que prometieron no financiar a los 147 senadores y representantes que votaron contra cualquiera de los resultados [de las elecciones del 2020], menos de la mitad se han apegado a su promesa”, señaló el Times el 15 de junio del 2022.

De hecho, informó el Times, empresas y asociaciones industriales han aportado casi $32 millones a miembros de la Cámara de Representantes y del Senado que votaron por anular las elecciones, así como a comités de campaña del Congreso republicano. Según el Times, los 10 principales contribuyentes corporativos son “Koch Industries, Boeing, Home Depot, Valero Energy, Lockheed Martin, UPS, Raytheon, Marathon Petroleum, General Motors y FedEx. Todas esas compañías, con la excepción de Koch Industries y FedEx, dijeron previamente que no harían donaciones a los políticos que votaron por rechazar los resultados de las elecciones.”

Otro ejemplo es el multimillonario de la tecnología Peter Thiel, el primer inversionista externo en Facebook, quien renunció a la junta directiva de la compañía de redes sociales en mayo. Un artículo del Washington Post del 19 de junio, subtitulado “El viraje del inversionista multimillonario, de miembro de la junta directiva de Facebook a arquitecto de la nueva derecha estadounidense”, delineó la trayectoria política de Thiel. “Informes en ese momento informaron que Thiel dejó la junta de Facebook para enfocarse en la política, inclusive en una lista de candidatos al Congreso del 2022 alineados con el expresidente Donald Trump”, dijo el Post.

Un giro a la derecha y la tensión en el sistema bipartidista

La piedra angular del régimen político capitalista en Estados Unidos es el sistema bipartidista. Capitalistas individuales, así como los comités de acción política asociados con las corporaciones que poseen, a menudo hacen donaciones a ambos partidos y a sus candidatos. Estos hombres y mujeres adinerados recompensan tanto a Republicanos como a Demócratas para poder seguir enriqueciéndose a expensas de la gran mayoría. Utilizan el sistema para ejercer un monopolio sobre la política electoral, y para bloquear cualquier intento de la clase obrera y sus aliados de romper con el sistema y encaminarse hacia la acción política independiente de los partidos de los ricos.

Hoy en día hay sectores del gran capital que están dispuestos a prestar apoyo financiero a los políticos que promueven, como solución legítima a la actual turbulencia social y económica, una flagrante embestida contra las normas democráticas. Esto es señal de un giro a la derecha en la política burguesa y de crecientes tensiones en el sistema bipartidista.

En el Partido Republicano los políticos de extrema derecha que abogan por la violencia extralegal o que defienden puntos de vista supremacistas blancos han ido ganando terreno.

Un ejemplo muy claro es el reciente anuncio publicitario de una campaña electoral en Missouri. Según el Kansas City Star del 20 de junio, el  exgobernador Eric Greitens publicó un video en el que aparece portando una escopeta e identificándose como un Navy SEAL [el principal grupo de operaciones especiales de las fuerzas navales de Estados Unidos]. Greitens dirige a un grupo de hombres con equipo táctico y armas de fuego que salen a “cazar RINOs”, o Republicans In Name Only, una referencia a los Republicanos que no han demostrado ser suficientemente leales a Trump. Su escolta — equipada con camuflaje, cascos y la bandera de Estados Unidos — irrumpe en una casa, lanzando una bomba de humo. Greitens luego entra, y les pide a los televidentes que “se unan al equipo MAGA” — refiriéndose al eslogan de Trump “Make America Great Again” — y que obtengan sus “licencias para cazar a los RINOs”.

El anuncio publicitario fue retirado posteriormente, pero Greitens había dejado en claro su opinión. Se trata de un exgobernador que tiene una oportunidad razonable de ser elegido para el Congreso de Estados Unidos en noviembre. Es uno de los candidatos favoritos en las primarias republicanas del 2 de agosto en Missouri para el Senado de Estados Unidos.

Otro ejemplo es el comentario de la congresista de Illinois Mary E. Miller acerca de la derogación del fallo Roe vs. Wade por la Corte Suprema que revirtió el derecho al aborto. Dirigiéndose a una gran multitud en Mendon, Illinois, el 25 de junio, con Trump en la plataforma detrás de ella, Miller le dijo al expresidente: “En nombre de todos los patriotas MAGA en Estados Unidos, quiero darle las gracias por la histórica victoria de la vida blanca ayer en la Corte Suprema” [énfasis añadido].

Más tarde un portavoz afirmó que el comentario de Miller fue una “confusión de palabras”.

“Ya sea que haya sido un desliz o no”, tuiteó el columnista Ahmed Baba del periódico Independent, “la audiencia escuchó ‘vida blanca’ y no se inmutó. Aplaudieron”. Hubo otros informes, según el Washington Post, de que muchos en la multitud parecían no haberse inmutado por el comentario de Miller.

Mientras tanto la investigación sobre los sucesos del 6 de enero sigue generando información importante sobre el alcance de la campaña de Trump por anular los resultados de las elecciones.

En sí mismas las audiencias son otra señal de las tensiones en el sistema de dos partidos. No son de manera alguna bipartidistas. Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes se negaron a participar cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó a los funcionarios que ellos postularon para participar en el panel que realiza las audiencias. Sin embargo Liz Cheney, republicana conservadora que una vez fue la líder número tres del caucus republicano de la Cámara de Representantes, y cuya familia ha servido a la clase dominante durante décadas, es copresidenta del comité. Pero en Wyoming, su estado natal, Cheney ha sido expulsada por su propio partido, y censurada por el caucus republicano de la Cámara de Representantes por las críticas que le ha hecho a Trump.

El Partido Demócrata está tratando de valerse de estas audiencias para apuntalar sus malas perspectivas en las próximas elecciones intermedias en noviembre. Sus líderes temen que la estabilidad del capitalismo pueda verse sacudida por el “caos” de las futuras luchas de masas en defensa de los derechos de las mujeres o en respuesta a la violencia policial, o por los crecientes esfuerzos por organizar sindicatos en Amazon y en otros lugares, o por el aumento de huelgas por los trabajadores. El establishment liberal está tratando una vez más de ceñir a los trabajadores jóvenes y a otros al callejón sin salida de limitarse a votar por los demócratas. Para hacerlo agitan el espantajo del regreso de Trump en el 2024.

El precipitado declive de Washington

Una de las principales razones de esta actitud virulenta entre los políticos de los dos partidos gobernantes es que Washington está perdiendo precipitadamente su posición previamente incuestionable como la principal potencia imperialista del mundo. Si bien Estados Unidos se mantiene aun en la cima, su poderío militar y económico está disminuyendo en relación con sus rivales internacionales.

Como lo demuestra la guerra en curso en Ucrania, Washington y sus aliados enfrentan una competencia muy seria de Rusia y de China, dos antiguos estados obreros donde el capitalismo ha sido restaurado y que están en camino de convertirse en potencias imperialistas.

En el frente interno, ni las administraciones republicanas ni las demócratas han propuesto soluciones a los efectos de la pandemia que lleva más de dos años, a la inflación desbocada, o a los otros males económicos y sociales que causan estragos en nuestras vidas. Ninguno de los dos partidos ha logrado postular figuras convencionales con un atractivo popular convincente.

La excepción es Trump, quien no ha dejado de insistir en la mentira de una “elección robada” sin que hasta ahora su popularidad haya disminuido significativamente.

Las fuerzas derechistas sienten viento en popa. Se sienten alentados por el fallo de la Corte Suprema que anula el derecho al aborto y están decididos a criminalizar aún más el derecho de una mujer a elegir. Los políticos de derecha como Greitens y otros que promueven a Trump — o a figuras como Trump — se sienten con más confianza al expresar puntos de vista extremos. Saben que muchos de sus patrocinadores entre los grandes empresarios ya no rechazan tanto la idea de usar artimañas o la fuerza para alterar un resultado electoral si no les gusta.

Como delineó nuestro artículo en febrero del 2021, estas familias ricas están dispuestas a “dejar a un lado la rama legislativa y la judicial del gobierno y darle todas las decisiones políticas importantes al ejecutivo, encabezado por un individuo con poderes extraordinarios”. Este “régimen bonapartista”, que es una variante del régimen dictatorial, tendría como líder a un “caudillo redentor” ungido con el mandato de “rescatar a la nación”.

En este contexto, nuestro artículo de febrero del 2021 debiera ser útil para nuestros lectores. Por eso lo volvimos a publicar en World-Outlook, aunque en dos partes debido a su longitud, y ahora también publicamos la traducción al español en Panorama-Mundial. La primera parte aparece a continuación.

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Dos meses que marcan el inicio de una nueva “normalidad” en la política burguesa de Estados Unidos

(Primera de dos partes)

Por Argiris Malapanis y Geoff Mirelowitz

3 de febrero del 2021 — En el artículo titulado “Radicalismo, bonapartismo y las consecuencias de las elecciones del 2020 en Estados Unidos“, publicado [en inglés] el 13 de enero por World-Outlook [la revista gemela en inglés de Panorama-Mundial], describimos el ataque al capitolio de Estados Unidos por la turba derechista ese 6 de enero como un paso culminante en una serie de acontecimientos que plantearon graves peligros para las libertades civiles y la clase trabajadora.

ANÁLISIS DE NOTICIAS

Estos acontecimientos, dijimos, “indican que una minoría no insignificante de las clases privilegiadas al menos consideró dejar a un lado la rama legislativa y la judicial del gobierno y darle todas las decisiones políticas importantes al ejecutivo, encabezado por un individuo con poderes extraordinarios. Uno que no actuaría como un servidor de las instituciones de la democracia capitalista, sino que sería un caudillo redentor ungido con el mandato de ‘rescatar a la nación’, con el fin de finalmente ‘hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso’”. Esto es a lo que nos referimos cuando usamos el término “bonapartismo”.^[1]

Ahora existe suficiente evidencia para comprobar con más detalles el alcance del apoyo financiero que algunos sectores empresariales le brindaron al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump. Ese respaldo, generalizado y tan esencial para su campaña de reelección no se ralentizó tras su derrota en las urnas. Sí disminuyó cuando Trump y sus aliados más cercanos se excedieron con el fallido asalto violento al Congreso de Estados Unidos.

Entre el 3 de noviembre y el 6 de enero muchos banqueros, empresarios, magnates de la industria y otros capitalistas continuaron enviándole donaciones a Trump mientras pregonaba aseveraciones extravagantes y conspirativas sobre un supuesto “voto fraudulento”, e instigaba acciones callejeras con la meta de anular el voto popular y aferrarse al poder.

La clase dominante no se reúne para votar sobre cuestiones de este tipo. Miembros de cada familia multimillonaria, actuando por su cuenta o en concierto con otros, brindan fondos sustanciales para respaldar a ciertas figuras políticas y apoyar una trayectoria política en particular. Es en parte de esta manera que Trump llegó a dominar el Partido Republicano desde el 2016 hasta ahora. A pesar de la derrota de Trump en las urnas el 3 de noviembre del 2020 algunos de estos multimillonarios siguieron apoyándolo, inclusive algunos que han ingresado recientemente a la clase dominante y que no tienen el largo historial de las familias súper ricas como los Mellons, los Rockefeller, o los DuPonts.

Los acontecimientos que ocurrieron en los dos meses entre el 3 de noviembre y el 6 de enero, aunque no todos sin precedente, fueron muy inusuales en la política burguesa. Estos son los acontecimientos que pusieron de manifiesto el peligro del bonapartismo, incluso antes de que una sección considerable y decidida de las clases privilegiadas decida apoyar la imposición de un régimen tan antidemocrático. Hagamos un análisis de esos acontecimientos.

Los acontecimientos entre el 3 de noviembre y el 6 de enero

Como informó nuestro artículo del 13 de enero, antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, “Trump explicó repetidamente que solamente podía haber dos resultados. El primero es que él ganaría. El segundo es que un segundo mandato le sería arrebatado por medio del fraude y la conspiración. Haciéndose eco de su aseveración de que había sido víctima de ‘la mayor cacería de brujas de la historia’ mientras desempeñaba su cargo, afirmó que eso podría también extenderse al resultado de las elecciones. Insinuó públicamente que no había posibilidad alguna de que no fuera él la elección de la mayoría”. De esta manera Trump fue sentando las bases para la campaña postelectoral “Stop the Steal” [Alto al robo del voto] que luego generó un apoyo público muy sustancial.

Trump se negó a todas voces y repetidamente a admitir que Joe Biden ganó las elecciones. Además, al negarse a referirse a Biden como el presidente electo, la mayoría de los miembros del ala republicana del Congreso de Estados Unidos también se negaron a reconocer su victoria. Mitch McConnell, en ese entonces el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, no lo hizo hasta el 15 de diciembre, seis semanas después de las elecciones.

Otra señal fue que la gran mayoría de los fiscales generales estatales que eran republicanos — 17 de ellos en total — respaldaron una “demanda judicial inerme que buscaba que la Corte Suprema descontara 20 millones de votos”, según lo expresó el New York Times. El diario añadió que la demanda “fue redactada en secreto por abogados ligados a la Casa Blanca”.

El entonces presidente de Estados Unidos y sus partidarios presentaron 62 demandas judiciales en tribunales estatales y federales que buscaban anular los resultados de las elecciones en seis estados: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Aunque estos desafíos legales fueron rechazados uno tras otro, eso no impidió que siguieran insistiendo en decir que la votación estuvo “amañada”.

A medida que las objeciones legales de Trump caían como fichas de dominó, la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes se unieron al expresidente de Estados Unidos en su intento de anular las elecciones de noviembre. Para el 11 de diciembre, 126 republicanos en la Cámara de Representantes y los 17 fiscales generales estatales habían firmado declaraciones de amicus curiae que fueron enviadas a la Corte Suprema de Estados Unidos apoyando una petición de Ken Paxton, el fiscal general de Texas. Paxton argumentó, en base a afirmaciones infundadas de violaciones de las reglas de votación por correo, que los resultados de las elecciones en cuatro estados (Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin) fueron fraudulentos. Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el caso.

Trump también usó la autoridad de la Casa Blanca para presionar a gobernadores y a otros funcionarios estatales, inclusive a las legislaturas estatales, para que alteraran los resultados electorales en los seis estados con márgenes “reñidos” donde las autoridades electorales estatales habían declarado a la campaña de Joe Biden / Kamala Harris como la ganadora. No logró nada en los seis estados en disputa. Pero hubo funcionarios de otros estados que sí fueron influenciados, como lo demuestra la demanda en Texas. Otros funcionarios estatales del Partido Republicano, sin embargo, dieron marcha atrás. El ejemplo más extremo del hostigamiento desde la Oficina Oval ocurrió en Georgia.

El 2 de enero del 2021, durante una conferencia telefónica de una hora de duración, Trump presionó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, para que “encontrara” más de 11 mil votos que hubieran sido necesarios para anular la victoria de Biden en ese estado, y además lo amenazó con “cargos criminales” si se negaba. El republicano de Georgia se negó a ceder. La oficina de Raffensperger posteriormente publicó la transcripción de esa llamada, que generó titulares en todo el país. Trump no se inmutó ni se disculpó manera alguna cuando la disputa se hizo pública. Al contrario.

El siguiente paso en esta campaña sin precedentes fue que Trump exigió que el Congreso de Estados Unidos le ordenara a las legislaturas estatales que decidieran los resultados de las elecciones en los estados donde él disputó su derrota en las urnas. La aprobación por parte del Congreso de los votos individuales de cada estado por el Colegio Electoral ha sido un ritual de la política burguesa durante casi 150 años. Trump insistió en que el Congreso tenía la opción de negarse a aceptar esos resultados, a pesar de que el Congreso carece de tal autoridad constitucional. Luego exigió que sus partidarios asumieran esa posición el 6 de enero, cuando el Congreso se reuniría para avalar el plebiscito. Más del 25 por ciento de los miembros del Congreso de Estados Unidos, entre ellos la gran mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes, se comprometieron públicamente a hacerlo.

El 6 de enero sólo puede evaluarse a la luz de los dos meses anteriores

El 6 de enero Trump — todavía presidente en funciones y comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos — se dirigió a una multitud de decenas de miles en el parque Ellipse en Washington, DC, exigiendo que actuaran para “detener el robo”. En particular acusó a Mike Pence, su propio vicepresidente, de ser “demasiado débil” para ejercer la autoridad que Trump afirmó, falsamente, que Pence tenía para anular el reconocimiento por el Congreso de la victoria de Biden y Harris.

Luego instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio de Estados Unidos, donde el Congreso se había convocado para certificar el resultado del voto del Colegio Electoral. “Luchamos”, dijo Trump en sus comentarios finales. “Luchamos como el demonio. Y si no luchamos como el demonio, ya no vamos a tener un país”.

Poco después unos 5 mil partidarios de Trump rodearon el Capitolio. Cientos de ellos, liderados por conocidos miembros de grupos ultraderechistas como los Proud Boys, organizaciones supremacistas blancas como los skinheads de Maryland y milicias de derecha como los Oath Keepers y los Three Percenters, muchos de ellos armados, se enfrentaron con la policía que custodiaba el Capitolio.

La turba derechista se trepó por las paredes y los andamios y rompió ventanas, entrando en el edificio a la fuerza y forzando a los funcionarios a suspender durante medio día la sesión conjunta del Congreso que estaba en marcha. Las tropas de asalto incluían al menos a 22 policías en servicio activo y miembros en servicio activo o jubilados del ejército de Estados Unidos.

La policía del Capitolio fue inicialmente ineficaz o se mantuvo al margen. Algunos de ellos ayudaron a la turba, tomándose autorretratos con los valentones y mostrándoles los alrededores mientras deambulaban por los pasillos del Congreso. Según informes posteriores de funcionarios de la policía del Distrito de Columbia, las autoridades militares de Estados Unidos se negaron durante horas a desplegar a la Guardia Nacional como respaldo, a pesar de las repetidas solicitudes de la policía del Capitolio.

Cinco personas murieron en la refriega, entre ellas una mujer, veterana de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien fue baleada por los policías, y un oficial de policía que pereció debido a las heridas sufridas en la pelea. Otros dos policías, miembros de la policía del Capitolio que ese día estaban de servicio, más tarde se suicidaron.

Mientras ocurría el ataque de la turba, Trump se negó durante horas a condenar el asalto o pedirle a la turba que abandonara el Capitolio. Bajo presión de líderes republicanos, más tarde emitió una declaración pusilánime. Después de repetir sus aseveraciones falsas del “voto fraudulento”, y declarar su afecto por los participantes en los eventos del día diciendo “¡Los amamos! Ustedes son especiales”, pidió que se diera fin al violento ataque. Más tarde esa noche, sin embargo, Trump tuiteó otra declaración, básicamente aprobando los disturbios.

El 12 de enero, apareciendo por primera vez en público después del asedio al Capitolio, Trump no expresó remordimiento por incitar al ataque al Congreso. Insistió en que sus comentarios durante el mitin del 6 de enero habían sido “totalmente apropiados”, y agregó que el esfuerzo del Congreso por destituirlo estaba “causando una ira tremenda”.

El bosquejo de estos eventos no es de ninguna manera exhaustivo. Comprueba, sin embargo, que antes del 6 de enero Trump rebasó con creces las normas ampliamente aceptadas de la democracia capitalista con el apoyo de un segmento sustancial de la clase dominante.

Muchos líderes republicanos se distanciaron más de Trump mientras la turba derechista se extendía por el Capitolio. Pero sin embargo un buen número de ellos dieron marcha atrás poco después. Aunque aceptaron que los resultados de las elecciones no podían ser alterados, un número cada vez mayor en el Partido Republicano respaldaron a Trump. Como informó el New York Times el 27 de enero, “el senador Mitch McConnell de Kentucky empujó cuidadosamente la puerta para que su partido pudiera patear a Donald J. Trump a la acera, sólo para encontrarla cerrada de golpe”.

Lo que sucedió el 6 de enero sólo puede evaluarse a la luz de lo que el ex presidente de Estados Unidos y sus partidarios hicieron en los dos meses previos.

Respaldo de las grandes empresas al sistema bipartidista

Debemos señalar aquí que los políticos que decidieron seguirle la corriente al reclamo de las elecciones “robadas” dependen del apoyo financiero de los capitalistas ricos cuando se postulan para un cargo y buscan avanzar en sus carreras políticas, como lo hacen prácticamente todos los demócratas y republicanos elegidos a cargos públicos. Es inverosímil pensar que actuarían como lo hicieron sin el respaldo de algunas de las familias adineradas.

A mediados de enero, el New York Times y otros medios de comunicación de las grandes empresas informaban que compañías desde el banco JP Morgan Chase hasta AT&T y Walmart se estaban distanciando del Partido Republicano y prometiendo cortar su apoyo financiero a los políticos que públicamente respaldaron la campaña de Trump por anular las elecciones de noviembre.

Lo que nunca van a decir los grandes medios de comunicación es que, históricamente, y hasta el día de hoy, los capitalistas han financiado y utilizado el sistema bipartidista para continuar enriqueciéndose a expensas de la gran mayoría — y muchos capitalistas a menudo hacen contribuciones financieras a ambos partidos. También usan a los dos partidos para ejercer un dominio absoluto sobre la política electoral de Estados Unidos.

Como señalamos en el artículo del 13 de enero, “Las clases acaudaladas han utilizado a los partidos Demócrata y Republicano para amortiguar toda disidencia, conciliar a las clases bajas y negarle a la clase trabajadora la posibilidad de esgrimir una voz política independiente”. Por eso no resulta sorprendente que los multimillonarios hayan hecho grandes donaciones a las campañas de demócratas y republicanas durante las elecciones del año pasado.

Cabe destacar, sin embargo, que no disminuyó sustancialmente el apoyo que las grandes empresas le brindaron a Trump después de su derrota en las urnas y durante los dos meses que presionó por anular los resultados de las elecciones.

En un artículo de primera plana del 31 de enero titulado “77 días: la campaña de Trump por subvertir las elecciones”, el New York Times señaló: “A medida que se retiraron los contribuyentes republicanos tradicionales, una nueva clase de benefactores de la era de Trump se apuntó para financiar a analistas de información y detectives que se dedicaran a encontrar material propagandístico para sostener la narrativa de las elecciones robadas.

“Entre ellos se encontraban el fundador de MyPillow, Mike Lindell, y el exdirector ejecutivo de Overstock.com, Patrick Byrne, quien hizo la acusación de las ‘boletas falsas’ y la manipulación por China de las máquinas de votación en las redes One America News Network y Newsmax, que veían crecer sus índices de audiencia por atreverse a rebasar a Fox en el cuento mágico de que el Sr. Trump había ganado”.

(Esta fue la primera de dos partes. Continuará.)

NOTAS

[1]  Para una explicación exhaustiva del bonapartismo y sus precedentes históricos, consulte “El radicalismo, el bonapartismo y las consecuencias de las elecciones estadounidenses de 2020” publicado por Panorama-Mundial.