(Esta es la segunda de dos partes. La parte I puede encontrarse aquí.)

Por Geoff Mirelowitz y Argiris Malapanis

Todos estos temas seguirán siendo debatidos por académicos legales, expertos, y millones de otras personas a medida que avanza este enjuiciamiento del expresidente Trump. Sin embargo, prácticamente todos los observadores pensantes reconocen que los tribunales pueden no ser los que tengan la última palabra.

La política estadounidense está siendo sacudida por una polarización que solo se agudiza con cada nueva acusación presentada contra Trump. Esta acusación es la tercera en lo que va del año. Un gran jurado en el condado de Fulton, Georgia, está considerando cargos adicionales relacionados con los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado.

ANÁLISIS DE NOTICIAS

Como Panorama-Mundial explicó en su artículo sobre una de las acusaciones previas, “En períodos anteriores de la política en Estados Unidos, un rechazo tan abrumador de una de las principales figuras políticas [por parte de portavoces clave de la clase dominante liberal y conservadora, evidente en los días posteriores al 6 de enero] hubiera llevado a su desaparición del escenario.

“En cambio, ha ocurrido lo contrario. Trump no solo permaneció en la escena política, sino que sigue siendo la figura más poderosa del Partido Republicano. Ha iniciado una nueva campaña por la nominación presidencial de 2024 del Partido Republicano que está respaldada por una base de muchos millones de leales partidarios.

“El problema para la clase dominante”, continuó ese artículo, “es que decenas de millones están de acuerdo con Trump. CBS News informó el 11 de junio que una encuesta realizada por esa red y la firma de marketing YouGov reveló que un enorme 76% de los probables votantes en elecciones primarias del Partido Republicano creen que la acusación contra Trump tiene motivaciones políticas”. Esto se refiere a una acusación anterior por el presunto mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump. Hay pocas señales de que la última acusación haya erosionado el apoyo de Trump o de que sea visto de manera diferente por sus partidarios.

“La campaña 2024 de Trump busca convertir a los votantes en el jurado decisivo”, fue el titular de un análisis de noticias en el New York Times del 3 de agosto. “Un jurado federal determinará si es responsable de su intento elaborado, prolongado y sin precedentes de anular un voto del pueblo estadounidense y aferrarse al poder”, dijo el artículo.

“Pero es posible que ultimadamente el veredicto lo emitan decenas de millones de votantes”.

David Remnick, editor de la revista New Yorker, escribió una columna el 1 de agosto titulada “La nueva acusación contra Trump y la factura que podría pasarnos”. Mientras expresaba que apoya totalmente el enjuiciamiento de Trump, Remnick admitió: “¿Qué mentes podrá alterar? ¿Qué diferencia puede hacer?” Luego agregó: “Todavía parece bastante posible que Trump sea elegido presidente por segunda vez”.

De ser así la acusación, y probablemente incluso la condena, podrían resultar irrelevantes.

La demagogia de Trump

Esta última acusación — y cualquier otra que aún esté por venir — irá cobrando forma en el marco del sistema bipartidista que sirve a la clase empleadora. Hoy no existe ninguna organización obrera de masas que pueda explicar claramente los problemas políticos. La clase trabajadora no tiene una voz que surja de las masas y que pueda darle respuesta a la seducción de Trump, que se basa en la política de resentimiento y de chovinismo estadounidense. La demagogia de Trump, que incluye su retórica de “Estados Unidos primero”, está dirigida, entre otras cosas, a hacer blanco de chivos expiatorios para ocultar la verdadera fuente de las quejas genuinas que tienen muchos trabajadores hoy en día: los mecanismos del sistema capitalista. Su llamado nacionalista se contrapone directamente a la solidaridad mundial que necesitan los trabajadores.

Los trabajadores tampoco tienen una organización dispuesta y capaz de explicar cómo y por qué el Partido Demócrata, como el Partido Republicano, está al servicio de los intereses de los empleadores, o porqué no se puede confiar en el gobierno capitalista — ni bajo una administración demócrata ni bajo una republicana — para salvaguardar los derechos democráticos.

Un partido de masas de la clase trabajadora explicaría por qué toda restricción a los derechos democráticos, entre ellos el derecho a hablar libremente, inevitablemente será utilizada contra los trabajadores cuando nos organicemos y nos movilicemos para luchar por nuestros propios derechos e intereses.

Esto es lo que ha sido planteado por los cargos contra Trump en relación con la “obstrucción de un procedimiento oficial”. Aquí el fiscal busca responsabilizar a Trump por la interrupción de la certificación por el Congreso del voto electoral el 6 de enero. Como informó Panorama-Mundial, el problema ha surgido ya en los casos judiciales de otros acusados por delitos perpetrados el 6 de enero:

“Al corazón del conflicto”, explicó un artículo en el sitio web de Politico, “está cómo medir si los amotinados del 6 de enero actuaron con ‘intención corrupta’, un elemento clave del delito de obstruir un procedimiento oficial. Los jueces señalaron que el requisito de que exista “intención corrupta” estaba diseñado para evitar criminalizar inadvertidamente las actividades tradicionales de protesta o cabildeo que han sido una característica del compromiso cívico a lo largo de la historia de Estados Unidos. Cualquier decisión que se tome sobre cómo definir la intención corrupta tendría que diferenciar las actividades legítimas de conducta que pudiera ser delictiva.

“Pero la jueza Florence Pan, quien escribió la opinión mayoritaria“, continuó Politico, “dijo que era el momento equivocado para decidir esa cuestión más amplia porque los tres acusados cuyos casos estaban ante el tribunal también fueron acusados de agredir a la policía. No hay duda de que aquellos que agredieron a la policía ese día actuaron con “intención corrupta”. Pero en los casos de obstrucción del 6 de enero que no involucran asalto, determinar la ‘intención corrupta’ es algo mucho más complicado, dijo”.

De La acusación contra Trump:¿Cómo descifrar lot que significa?

Panorama-Mundial continuó explicando: “La amplia interpretación que el Departamento de Justicia quiere darle a la ‘intención corrupta’ podría fácilmente aplicarse a otros que puedan manifestarse frente el Capitolio mientras el Congreso está en sesión, pero sin violar ley alguna aparte de la ‘obstrucción’ según la definición de los fiscales”.

El concepto de ‘intención’

El concepto de “intención” es clave. Dejemos a Trump y a esta acusación a un lado por un momento. Cuando los trabajadores y los oprimidos organizan protestas masivas, dejar al libre juicio de los fiscales y de los tribunales el concepto de “intención” seguramente tendrá como resultado limitar los derechos de quienes buscan la justicia. Durante la explosión de ira contra los asesinatos y la brutalidad de la policía en 2020, hubo quienes afirmaron que la intención de los organizadores de la protesta era la violencia y causar daños a la propiedad.

Un movimiento obrero combativo va a enfrentar la misma amenaza. Las huelgas y los piquetes tendrán como objetivo detener la producción, que es el propósito principal de una huelga. Cuando los matones y los policías de la compañía buscan romper esas huelgas, los organizadores sindicales pueden ser — y muy a menudo son — acusados de “intencionalmente” causar cualquier violencia que pueda ocurrir.

En la historia del movimiento obrero no son pocos los ejemplos de militantes de la clase trabajadora que han sido incriminados cuando ocurre la violencia. Quizás el caso más conocido es el de los acusados del caso Haymarket. En 1886, durante una protesta pacífica en el Haymarket Square en Chicago que abogaba por reducir la jornada laboral a 8 horas, una bomba explotó cuando los policías comenzaron a dispersar a la multitud. Después de la explosión y los disparos subsiguientes, siete policías y al menos cuatro otros murieron; decenas más resultaron heridos. Ocho trabajadores que tenían puntos de vista anarquistas fueron acusados de cargos de “conspiración”. La “evidencia” era que uno de los acusados pudiera haber sido el que construyó la bomba, aunque ninguno de los que fueron a juicio la había lanzado, ¡y solo dos de los ocho estuvieron presentes en el Haymarket ese día!

A pesar de que el caso del gobierno era tan deficiente, siete acusados fueron condenados a muerte y otro a 15 años de prisión. Cuatro fueron ahorcados y uno se suicidó. Los acusados restantes fueron indultados seis años después.

Volviendo a la acusación contra Trump, el desafío que enfrenta la fiscalía para probar la intención es importante. “La clave de la acusación del 6 de enero contra Trump: ¿Qué es lo que tiene Trump en la cabeza?”, decía un artículo del Washington Post del 2 de agosto.

El Post citó a Robert Kelner, “un veterano abogado de [Washington,] DC”, quien dijo: “Creo que la acusación realmente gira completamente sobre la cuestión de la intención de Trump. Podría decirse que no existe evidencia irrefutable en la acusación con respecto a su intención, aunque ciertamente hay evidencia circunstancial. Al corazón del caso está una cuestión realmente metafísica de si es siquiera posible que Donald Trump crea que haya perdido las elecciones, o en todo caso que pueda haber perdido cualquier otra cosa”.

“Durante el juicio”, continuó el Post, “Smith ‘necesita demostrar que Trump de hecho comprendía que todas las falsas declaraciones que hizo sobre las elecciones, algo que la acusación describe muy detalladamente, eran falsas; de lo contrario se convierte en un caso sobre discurso político y derechos de la Primera Enmienda, y eso no es lo que el gobierno quiere”, dijo Kelner.

Debemos considerar, repetimos, las implicaciones más amplias que no se limitan a este caso. Precedentes legales que le den al gobierno la autoridad de adivinar las intenciones de una persona van a resultar en restricciones a las libertades civiles y la persecución legal de combatientes de la clase obrera.

Definición de conspiración

El 10 de agosto David French, el columnista del New York Times, sugirió algunos argumentos legales a favor y en contra de la acusación. Concluyó a favor de la fiscalía y ofreció al menos un argumento que debería darle a cualquier partidario de las libertades civiles algo serio en qué pensar:

“En 1910 la corte escribió que la definición de una conspiración para defraudar a Estados Unidos ‘es lo suficientemente amplia como para incluir en sus términos cualquier conspiración con el propósito de perjudicar, obstruir o anular la función legal de cualquier departamento del gobierno'”.

Eso incluiría al Departamento de Defensa, entre otros. Los activistas contra la guerra — entre ellos soldados que estén en contra de la guerra — podrían ser fácilmente victimizados bajo tal interpretación. Debemos tomar en serio las advertencias de Clarence Darrow sobre el uso de estatutos de conspiración.

Algunas de las acciones de Trump como presidente y su conducta en todo el curso de los intentos de anular las elecciones de 2020 plantearon serias amenazas a los derechos democráticos. Fue el propio Trump quien primero buscó tachar de criminales los diferendos con sus opositores, atizando repetidamente los gritos de “¡Enciérrenla!” contra Hillary Clinton, la candidata demócrata que se postuló como su rival en el año 2016.

Pero no es posible evitar el peligro que esto representa con restricciones a la promoción de ideas políticas. Otro ejemplo de este peligro salió a la luz el 9 de agosto. A principios de 2023, fiscales bajo el fiscal especial “obtuvieron una orden de registro para la cuenta de Twitter del Sr. Trump, inactiva durante mucho tiempo, a principios de este año como parte de su investigación sobre su intento de anular las elecciones de 2020, según documentos judiciales revelados el miércoles”, escribió el New York Times.

Pero el gobierno fue más lejos todavía. “Los documentos indican que los fiscales obtuvieron del juez permiso de no decirle al Sr. Trump durante meses que habían obtenido la orden para registrar su cuenta”.

Lo que el gobierno le haga a Trump hoy bien puede hacer contra otros mañana. Las restricciones a las libertades civiles no van a derrotar a Trump. Y tampoco derrotarán al trumpismo. Para eso lo que se necesita es un desafío político a las ideas reaccionarias y al curso de conducta bonapartista que él representa, no medidas legales que Trump y otros no dudarán en esgrimir contra sus propios opositores políticos.

(Esta fue la segunda de una serie de dos partes. La parte I puede encontrarse aquí.)

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