Señales abundan de que la polarización política continúa

Por Argiris Malapanis y Geoff Mirelowitz

La acusación del gran jurado contra Donald Trump, anunciada por el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg el 5 de abril, marca la primera vez que un ex presidente de Estados Unidos ha sido acusado de un delito grave. La decisión, afirmaron los fiscales, apuntala el “estado de derecho”. Muchos de los que se oponen a Trump recibieron la noticia de los cargos con beneplácito, argumentando que por fin Trump tendría que asumir “responsabilidad” por algunas de las cosas que ha hecho.

Muchos esperan que esto descarrile la campaña de Trump por la nominación presidencial del partido republicano en 2024, para la cual es ahora el favorito. Por el momento, sin embargo, parece que la acusación ha impulsado aun más a la derecha en la política estadounidense.

El sitio web FiveThirtyEight informó el 7 de abril que: “El apoyo republicano de Trump en realidad aumentó después de la acusación. En una encuesta de Yahoo! News / YouGov de  adultos estadounidenses realizada justo cuando se conoció la noticia de la acusación a fines de la semana pasada, el 57 por ciento de los republicanos y los partidarios de los republicanos dijeron que apoyarían a Trump en una primaria republicana hipotética frente a frente en 2024 contra su rival más cercano, el gobernador de Florida Ron DeSantis, quien recibió solo el 31 por ciento.

“La campaña de Trump para aferrarse al poder, subvirtiendo el estado de derecho capitalista establecido desde hace tanto tiempo… deja entrever los serios peligros que existen tanto para las libertades civiles como para los intereses de la clase trabajadora”, señaló Panorama-Mundial el año pasado en Financiando la ‘gran mentira’ de una ‘elección robada’.^[1] Pero el verdadero peligro político que plantea el intento fallido de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 no va a ser superado por maniobras legales en los tribunales capitalistas.

ANÁLISIS DE NOTICIAS

De hecho, la acusación contra Trump amenaza con socavar protecciones constitucionales muy bien establecidas. Estas incluyen las relacionadas con los estatutos de limitaciones, la separación de poderes entre los gobiernos federales y estatales, y las disposiciones de la Sexta Enmienda a la constitución.

“Los que se oponen al Sr. Trump reaccionan a sus provocaciones y violaciones de las normas intensificando y acelerando la erosión de normas legales”, argumentó en el New York Times Jed Handelsman Shugerman, profesor de derecho de tendencia liberal.

Tennessee y Texas

El día después de que Trump fue acusado, la legislatura de Tennessee, controlada por los republicanos, expulsó de ese cuerpo a dos representantes estatales demócratas que son negros, mientras que quedó por expulsar a una tercera que es blanca por un solo voto. Los tres fueron acusados de “comportamiento desordenado” y de deliberadamente causar “desorden y deshonrar a la Cámara de Representantes” porque participaron en una protesta en el recinto de la Cámara exigiendo legislación para controlar las armas de fuego, justo después de que ocurrió una balacera masiva en una escuela de Nashville. Al igual que la acusación contra Trump, este incidente tampoco tiene precedentes históricos.

Un día más tarde un juez federal en Texas anuló la aprobación de hace 23 años de la píldora abortiva mifepristona por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés), lo que hace más difícil que las mujeres de todo el país puedan acceder al medicamento. Más tarde ese mismo día, otro juez federal en el estado de Washington emitió un fallo contradictorio que protege el uso de la misma droga en 17 estados.

El 12 de abril, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Estados Unidos dictaminó que el medicamento podía seguir siendo disponible pero con mayores restricciones, dificultando el acceso para las mujeres que lo necesitan. El juez de la Corte Suprema Samuel Alito, quien supervisa el Quinto Circuito, emitió una orden el 14 de abril suspendiendo ambas decisiones, pero solo hasta la medianoche del 19 de abril. Esto indica que el tribunal podría actuar antes de esa fecha.

Lo que conecta a todos estos eventos, mucho más que los problemas legales específicos inherentes a cada uno, son las agudas divisiones dentro de la clase capitalista sobre cómo gobernar el país hoy en día. Estas son atizadas por el declive económico de Washington como la principal potencia mundial, y la creciente inseguridad entre los gobernantes en su capacidad de dirigir la nación.

Estos factores intensifican el faccionalismo partidista que se manifiesta todos los días, en todos los niveles de gobierno, y en la narrativa política entre los dos partidos capitalistas. En un esfuerzo por obtener una ventaja electoral efímera, tanto los demócratas como los republicanos utilizan cada vez más las instituciones del poder que controlan — desde la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, hasta las legislaturas estatales y locales, los tribunales y las agencias gubernamentales como el FBI — contra sus contrincantes.

Ambos bandos afirman que el opuesto está violando los derechos democráticos. Sin embargo, dadas sus necesidades políticas, ambos están dispuestos a socavar los derechos constitucionales cuando les conviene. Ninguno duda en sentar precedentes que pueden ser y serán utilizados después para atacar a los trabajadores y a nuestras organizaciones, como por ejemplo nuestros sindicatos.

La acusación y sus implicaciones

El proceso legal en Nueva York acusa a Trump de falsificar registros financieros para ocultar los pagos, por medio de su entonces abogado Michael Cohen, a Stormy Daniels, una actriz y directora de cine pornográfico que afirma que tuvo relaciones sexuales con Trump. Trump niega haber tenido una relación con Daniels. El tratar de ocultar estos pagos secretos es un delito, afirma la acusación, porque tenía como objetivo influir en las elecciones presidenciales de 2016.

“La imputación de 34 cargos”, escribió Shugerman, profesor de derecho en Fordham y la Universidad de Boston en su ensayo invitado en el New York Times del 5 de abril, “fue un revés para el estado de derecho y estableció un precedente peligroso para la fiscalía”.

Shugerman señaló las deficiencias en el caso de la fiscalía y los peligros que plantea.

Explicó que en Nueva York la falsificación de registros comerciales es un delito menor, una ofensa menor, y el argumento legal de que constituye un delito grave es altamente cuestionable.

El estatuto de limitaciones para tal infracción — cinco años en el estado de Nueva York — ya fue rebasado ya que el pago secreto se realizó hace más de seis años, agregó. El fiscal Bragg puede afirmar que ocurrió una “pausa” en el estatuto porque el acusado estuvo ausente de Nueva York mientras ocupaba la Oficina Oval entre el 2017 y el 2021.

Solo el gobierno federal tiene jurisdicción sobre violaciones de la ley federal de campañas electorales, explicó Shugerman. Pero Bragg incautó a Trump con acusaciones que el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha negado a procesar. Esto desafía la separación de poderes entre los gobiernos federal y estatal descrita en la constitución de Estados Unidos. Abre la puerta para que otros fiscales locales en todo el país ataquen a opositores políticos de manera similar.

“El caso parece tan débil en cuanto a su base legal y jurisdiccional que un juez estatal podría desestimar el caso y mitigar el daño causado”, escribió Shugerman. “Lo más probable es que el caso termine en un tribunal federal un año entero, donde podría perder por motivos de preferencia federal: solo los tribunales federales tienen jurisdicción sobre el financiamiento de campañas y los requisitos de inscripción. Incluso si sobrevive a una objeción legal que pudiera llegar a la Corte Suprema, lo más probable es que un juicio no comience hasta por lo menos mediados de 2024, posiblemente incluso después de las elecciones de 2024.

“En lugar de un estado de derecho sería gobierno por un circo”.

Shugerman continuó: “Hasta ahora el Sr. Trump y el público saben sorprendentemente poco sobre el caso, ni saben qué estatuto en particular supuestamente violó ni si se trata de un delito de campaña estatal o federal, un delito fiscal u otra cosa”. Esto, agregó, “parece ser una violación sistémica del derecho de un neoyorquino a saber ‘la naturaleza de los cargos y pruebas en su contra’, según la Sexta Enmienda”.

Bragg entabló la acusación contra Trump tras la condena de Cohen en 2018, que el gobierno obtuvo sin llegar a juicio. Después de que el FBI allanó las oficinas de Cohen, los fiscales entablaron contra él una serie de acusaciones, la mayoría de las cuales no estaban relacionadas con el caso del dinero secreto. Luego amenazaron a Cohen con décadas de prisión para obligar al abogado a aceptar un dictamen de culpabilidad y el testificar contra su antiguo cliente a cambio de cumplir solo tres años de cárcel.

El negociar declaraciones de culpabilidad es el pan de cada día de los fiscales. Lo usan rutinariamente para evitar ser obligados a probar sus acusaciones ante un jurado. Según la Escuela de Derecho St. Francis, “más del 94% de los casos penales estatales procesados con éxito, y el 97% de los casos penales federales, ahora terminan en declaraciones de culpabilidad”. Esta dependencia sistemática en negociaciones para obtener declaraciones de culpabilidad socava las disposiciones de la Sexta Enmienda, que requiere que los acusados tengan la oportunidad de enfrentar a quienes los acusan frente a un jurado de iguales.

La práctica de añadir cargos adicionales mucho más allá del número verdadero de presuntos actos delictivos permite que los tribunales impongan penas más largas y severas. Se usa rutinariamente contra muchos acusados. Bragg la está usando contra Trump, lo que explica cómo una suma de dinero secreto de alguna manera se convierte en 34 delitos graves.

El precedente del juicio político contra Clinton

“No importa cuán burdos sean los cargos ni si son verdaderos o falsos, el hecho de hacer de un encuentro sexual entre dos adultos por consentimiento mutuo el foco de una acusación penal o un juicio político aparenta ser, para la mayoría de los estadounidenses, un abuso de poder y una distracción”, dijo Ralph Reed, un estratega político que es vocero de los cristianos conservadores, según un artículo publicado en el New York Times el 8 de abril.

Reed tiene razón. Pero hace 25 años él y muchos otros republicanos también se valieron de cargos similares como foco de un juicio político cuando eso les convenía, como lo están haciendo los demócratas ahora con los cargos contra Trump.

En 1998 la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, enjuició al entonces presidente Bill Clinton por acusaciones de que cometió perjurio y obstruyó la justicia en relación con las declaraciones que hizo ante un gran jurado sobre su aventura con la ex empleada de la Casa Blanca Mónica Lewinsky. En febrero de 1999, el Senado de Estados Unidos absolvió a Clinton después de un juicio de cinco semanas.

El pueblo trabajador no sacó nada políticamente positivo de esa saga del escándalo sexual que amenazó la presidencia de Clinton en la década de 1990. Los ultraderechistas y los republicanos conservadores usaron el juicio político — la forma en que se acusa a un presidente en funciones — de la misma manera que los demócratas están usando ahora el gran jurado en Manhattan. En ese entonces también argumentaron que Clinton debía asumir responsabilidad por mentir bajo juramento y tratar de obstruir la justicia. Pero el juicio político contra Clinton, esencialmente por mentir sobre su conducta, solo sirvió para promover el escándalo y la política de resentimiento y hacerlos el eje del escenario político en Estados Unidos.

Los cargos contra John Edwards, un ex senador de Carolina del Norte que se postuló para vicepresidente en la boleta del Partido Demócrata en 2004 y luego buscó la presidencia en las primarias demócratas de 2008, son otro precedente que en gran parte ha sido olvidado. Edwards, que estaba casado en ese momento, admitió posteriormente haber organizado pagos de casi 1 millón de dólares a una mujer con la que tuvo una aventura. Acudió a donantes ricos de su campaña para pedirles que hicieran los pagos.

Los fiscales federales acusaron a Edwards de violaciones de las leyes federales de financiamiento de campañas lectorales. “Tras un juicio de seis semanas”, informó el Washington Post el 2 de abril haciendo una crónica de lo sucedido, “un jurado de Carolina del Norte objetó al caso, absolvió a Edwards de un cargo, y no pudo llegar a un acuerdo sobre el veredicto de otros cinco cargos, lo que llevó al Departamento de Justicia a abandonar el asunto”.

El Post entrevistó a David Recchion, capataz del jurado en el juicio de Edwards, y acotó: “Recchion y otros miembros del jurado citaron deficiencias en el caso que también podrían surgir en el caso contra Trump, entre ellas la confusión sobre los requisitos exactos de la ley de financiamiento de campañas, inconformidad con el uso de la ley de forma inusual para castigar las fechorías personales de un candidato, e inquietudes sobre la credibilidad de un testigo clave”.

El juicio de Edwards — y la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos — no provocaron ni la vociferación ni el tono que tiene hoy la acusación contra Trump. En ese entonces la inquietud de no exigir que Edwards asumiera responsabilidad por lo ocurrido nunca alcanzó el furor que muchos han expresado ahora por que Trump haga lo mismo.

Así como los republicanos esperaban deshacerse de Clinton y empañar a los demócratas, los demócratas de hoy esperan deshacerse de Trump y debilitar al Partido Republicano a medida que el país se acerca a las elecciones de 2024. Trump enfrenta otros posibles procesamientos legales que podrían resultar en cargos más graves. El tiempo dirá cuál pudiera ser la naturaleza exacta de tales cargos y en qué leyes se basan.

‘Intención corrupta’ de obstruir los procedimientos oficiales

Mientras tanto, como resultado del ataque de la turba derechista el 6 de enero de 2021 contra el Congreso de Estados Unidos, fiscales federales han acusado a cientos de personas de “obstrucción de procesos oficiales”. Algunos ya han sido condenados por “conspiración sediciosa”.

Los que actuaron ilegalmente para entrar por la fuerza al Capitolio de Estados Unidos para evitar que el Congreso ratificara el voto del colegio electoral en las elecciones presidenciales de 2020 deben ser juzgados por sus acciones. Pero también en estos casos el gobierno está imputando los cargos más amplios posibles, y eso corre el peligro de criminalizar futuras actividades legales de protesta.

“El cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, que conlleva hasta 20 años tras las rejas, es uno de los cargos más utilizados en los casos del 6 de enero por delitos graves”, informó la agencia Associated Press.

El 7 de abril, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia revocó un fallo de un tribunal inferior que desestimó algunos de estos cargos. Pero al hacerlo, los jueces que firmaron la opinión mayoritaria se sintieron obligados a reconocer aquellas cuestiones sobre las libertades civiles que están en juego.

“Al corazón del conflicto”, explicó un artículo en el sitio web Politico, “está cómo sondear si los revoltosos del 6 de enero actuaron con ‘intención corrupta’, un elemento clave del delito de obstruir un proceso oficial. Los jueces señalaron que el requisito de que haya una “intención corrupta” tiene como objetivo no criminalizar inadvertidamente las actividades tradicionales de protesta o cabildeo que han sido una característica del pacto cívico a lo largo de la historia de Estados Unidos. Cualquier decisión sobre el significado de la intención corrupta tendría que separar esas actividades legítimas de una posible conducta delictiva.

“Pero la jueza Florence Pan, quien escribió la opinión mayoritaria“, continuó Politico, “dijo que era el momento equivocado para decidir esa cuestión más amplia porque los tres acusados cuyos casos estaban ante el tribunal también fueron acusados de agredir a la policía. No hay duda de que aquellos que agredieron a la policía ese día actuaron con ‘intención corrupta’. Pero en los casos de obstrucción ese 6 de enero que no involucran asalto, determinar la ‘intención corrupta’ es mucho más complicado, dijo”.

En algún momento el propio Trump podría enfrentar cargos de obstrucción como estos. Eso podría plantear la pregunta de si sus palabras el 6 de enero, y antes, constituyen “obstrucción de un proceso oficial”.

La amplia interpretación que el Departamento de Justicia quiere darle a la “intención corrupta” podría fácilmente aplicarse a otros que puedan manifestarse frente el Capitolio mientras el Congreso está en sesión, pero sin violar ley alguna aparte de la “obstrucción” según la definición de los fiscales.

Cuando comencemos a ver mayor resistencia por parte de la clase trabajadora a los ataques de los empleadores, incluyendo más huelgas y piquetes, es probable que ocurra más violencia a medida que los policías respondan. Eso quedó claro en las protestas de 2020 contra la brutalidad policial. Lo vemos nuevamente en Francia hoy, donde los trabajadores han salido a las calles para oponerse a los planes de aumentar la edad de jubilación. El peligro es que los fiscales hagan blanco de los trabajadores que más se resisten y traten de responsabilizarlos por cualquier violencia que ocurra.

‘Las gallinas siempre vuelven de noche al gallinero’

Subrayar los peligros que conlleva la conducta de la fiscalía no significa de ninguna manera una defensa política de Trump, como tampoco el criticar los esfuerzos republicanos por destituir a Clinton hace 25 años equivale a defenderlo políticamente.

El hecho es que los problemas legales de Trump son, en parte, un caso de “las gallinas siempre vuelven de noche al gallinero”.^[2]

Esto debería quedar claro para cualquiera que recuerde los estridentes refranes de “¡Enciérrenla!” contra la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, que se convirtieron en un tema prominente y recurrente de los mítines de campaña de Trump en 2016.

“Hillary Clinton debería haber sido procesada y debería estar en la cárcel”, dijo Trump ante vítores y aplausos constantes, refiriéndose al hecho de que Clinton usó un servidor de computadora de correo electrónico privado para sus comunicaciones oficiales mientras era Secretaria de Estado de Estados Unidos. Trump le dijo a Clinton en un debate televisado que si fuera presidente, “estarías en la cárcel”. En un debate posterior, agregó que “no se le debería permitir postularse”.

Como un titular del Washington Post del 1 de abril observó acertadamente, “Trump cedió el terreno moral en las acusaciones presidenciales hace mucho tiempo”.

“Ha abogado por el enjuiciamiento de cada uno de los últimos cuatro candidatos presidenciales demócratas, cada uno desde 2004”, escribió el Post. “En dos casos, lo hizo durante la campaña, incluso sugiriendo que no deberían ser elegibles para postularse”.

En una entrevista reciente con el New York Times, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, John Kelly, explicó: “Siempre me decía que debíamos usar al FBI y al IRS [Servicio de Impuestos Internos] para perseguir a la gente — era algo constante y obsesivo y es justo lo que alega que le están haciendo a él ahora”.

Tampoco es posible ignorar parte del contenido reaccionario que Trump y algunos de sus partidarios utilizan para defenderlo de los cargos del gran jurado de Nueva York. Un ejemplo notable es el hedor de antisemitismo que se cierne sobre las frecuentes referencias a George Soros. Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, “fue ‘elegido y financiado por George Soros’, declaró el expresidente el jueves [30 de marzo] cuando se estaba conociendo la noticia de su acusación”, informó el New York Times el 4 de abril.

Soros, un judío de Hungría que sobrevivió el Holocausto, se ha convertido en “uno de los mayores financiadores de la promoción de la democracia, el anticomunismo y la educación liberal en todo el mundo”, según el Times.

“El descriptor ‘respaldado por Soros'”, continuó el Times, “fue uncido al nombre del Sr. Bragg por Ron DeSantis, el gobernador de Florida y potencial rival del Sr. Trump a la Casa Blanca; por la representante Elise Stefanik de Nueva York, miembro del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes; por el senador Rick Scott de Florida, el último jefe del comité de campaña republicano del Senado; y por la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia.

“Entendemos que cuando alguien hace comentarios sobre ‘fiscales respaldados por Soros’, eso por sí solo no es necesariamente antisemita”, dijo Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, al Times.

“Pero cuando una persona o un partido político hace afirmaciones absurdas repetida e implacablemente “, continuó Greenblatt, “como diciendo que hay una ‘camarilla de globalistas respaldados por Soros destruyendo nuestro país’, eso está invocando una teoría clásica de conspiración antijudía, y debe ser condenada. Trump y sus aliados han señalado a Soros durante años, agregó Greenblatt.

Distinguir amigos y enemigos

El faccionalismo agudo y duradero entre los dos partidos capitalistas se ha convertido en una característica perene de la política estadounidense. Pero ese faccionalismo no les impide estar de acuerdo y actuar en concierto contra de los intereses de los trabajadores, como lo demostró el amplio consenso al imponer en diciembre de 2022 un contrato antisindical a los trabajadores ferroviarios de la nación.^[3] Pero cada vez con mayor frecuencia no logran ponerse de acuerdo sobre mucho cuando se trata de dirigir el país día a día.

Ambos partidos se esconden tras afirmaciones demagógicas sobre el estado de derecho, la defensa de la constitución y la protección de los “intereses de los Estados Unidos”, aseverando falsamente que son compartidos por toda la población, haciendo caso omiso de las divisiones de clase que caracterizan a la sociedad estadounidense. Cada partido culpa al otro por el deterioro de las condiciones económicas y sociales que enfrentan los trabajadores. Los dos dicen que las condiciones van a mejorar bajo su liderazgo, a pesar de que los hechos demuestran que las condiciones han empeorado bajo ambos.

Mientras tanto, los trabajadores no tenemos un partido político que hable por nuestros intereses y que pueda responder a esta demagogia y señalar el camino hacia la acción política por la clase trabajadora que sea independiente de los dos partidos de los ricos. Con cada nuevo tema o controversia, nos dicen que elijamos entre los demócratas o los republicanos y los apoyemos a ellos. Lo mismo ocurre con los movimientos legales hoy día contra Trump. Y lo mismo ocurrirá con las medidas que se tomen en respuesta en el futuro a medida que las divisiones entre los partidos capitalistas continúen profundizándose.

Hace décadas, el líder revolucionario ruso León Trotsky expresó una idea que sigue siendo relevante hoy en día. “Bajo las condiciones del régimen burgués”, escribió Trotsky, “toda supresión de los derechos políticos y la libertad, sin importar contra quién se dirijan al principio, al final inevitablemente recaerán sobre la clase obrera, particularmente sobre sus elementos más avanzados. Esa es una ley de la historia. Los trabajadores deben aprender a distinguir entre sus amigos y sus enemigos según su propio juicio y no de acuerdo con los indicios de la policía”.

Ni los demócratas ni los republicanos son amigos de los intereses genuinos de los trabajadores. No son confiables los indicios que provienen de las dos facciones capitalistas sobre cómo defender nuestros derechos o hacer que los políticos de cualquiera de los partidos sean “responsables”. Los trabajadores necesitamos llegar a nuestras propias conclusiones sobre todos los problemas que enfrentamos.

NOTAS

[1] El artículo “Financiando la ‘Gran Mentira’ de una ‘elección robada’”, publicado en dos secciones, Parte I y Parte II, informó sobre los antecedentes de las audiencias en el Congreso sobre el ataque de la turba contra el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 que, aunque no lo logró, intentó anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

[2] Esta frase se hizo famosa en Estados Unidos cuando, después del asesinato del presidente J. F. Kennedy, el dirigente antirracista afroamericano Malcolm X respondió a una pregunta sobre el hecho durante una entrevista diciendo: “The chickens have come home to roost” [Las gallinas han vuelto al gallinero]. La frase se refiere a la costumbre de las gallinas de volver por su cuenta al gallinero al llegar la noche, con lo cual Malcolm quería decir que las acciones tienen consecuencias y que, si uno no hace nada por despejar el clima de odio y discriminación en la sociedad, no puede sorprender que el resultado sea la violencia.

Aunque no es igual, una frase semejante en español sería: Quien siembra vientos cosecha tempestades.

[3] Para obtener más información, véase Contrato ferroviario muestra que los sindicatos necesitan un nuevo liderazgo: Los trabajadores necesitamos nuestro propio partido.

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