El siguiente artículo apareció primero en jacobinlat.com, una revista en español publicada por la Jacobin Foundation con sede en Argentina.
El autor, Wilder Pérez Varona, ha fungido como director general del Instituto de Filosofía en Cuba — la principal institución estatal del país dedicada exclusivamente a la investigación y la enseñanza en el campo de la filosofía. El instituto está ubicado en La Habana y funciona como una rama del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Pérez Varona actualmente realiza investigación postdoctoral en Argentina.
El instituto cuenta con un brazo editorial, El Colectivo, que Pérez Varona ayuda a coordinar. Publica libros sobre socialismo en Cuba, marxismo y sobre movimientos de izquierda en América Latina y otros lugares. La introducción a su último libro, Cuba: Contradicciones, Integraciones y Consensos, se resume de la siguiente manera en la página de Instagram de El Colectivo:
“Cuba no se rinde. Tampoco se romantiza. Se piensa, se debate y se transforma. ¿Puede el socialismo cubano renovarse sin abandonar su horizonte emancipador en medio del bloqueo y la crisis global? ¿Qué tensiones reales atraviesan el trabajo, la participación popular y el tejido social en la Cuba de hoy? ¿Cómo se reconstruye el consenso revolucionario cuando las desigualdades crecen, la emigración avanza y la burocracia frena? Un equipo de investigadoras e investigadores del Instituto de Filosofía de Cuba responde estas preguntas con rigor, compromiso y décadas de trabajo junto a las comunidades y el movimiento social popular”.
Como lo han hecho otros revolucionarios cubanos, Pérez Varona destaca en el artículo a continuación como la cada vez más intensa guerra económica de Estados Unidos juega un papel central en la causa de la crisis que ha envuelto al país caribeño — la crisis económica y social más severa que Cuba ha enfrentado desde la revolución de 1959.
Al mismo tiempo, suena la alarma advirtiendo que las nuevas medidas económicas adoptadas por el gobierno cubano en junio podrían llevar a una concentración de riqueza en manos de unos pocos y socavar los principales logros de la Revolución Cubana — una igualdad social y una solidaridad humana sin precedentes creada y sostenida durante décadas.
“La pregunta no es cuánto mercado [capitalista] hay en las 176 medidas, sino en manos de quién quedará, cuando ese mercado se expanda, la capacidad de decidir qué produce Cuba y quién se beneficia en primer lugar de esa producción”, escribe Pérez Varona al principio de su artículo.
Dicho de otra manera, la supervivencia de la Revolución Cubana hoy depende en gran medida del calibre revolucionario de su liderazgo.
Esto recuerda un punto que el líder bolchevique V.I. Lenin hizo sobre las consecuencias que tuvo la implementación de la Nueva Política Económica (NEP) en Rusia a principios de la década de 1920.
“Todo el problema consiste en quién tomará la delantera”, dijo Lenin en un informe al Segundo Congreso Panruso de los Departamentos de Educación Política del Partido Comunista de Rusia, el 17 de octubre de 1921. “Si los capitalistas logran organizarse primero, nos echarán a los comunistas y ya no habrá más de qué hablar. Hay que ver estas cosas con serenidad. ¿Quién vencerá a quién? ¿Podrá el poder público proletario demostrar que es capaz, apoyándose en el campesinado, de sujetar a los capitalistas con rienda lo bastante corta para meter el capitalismo en el cauce estatal y crear un capitalismo que se subordine al Estado y lo sirva?”
En un artículo reciente, Panorama-Mundial explicó que la introducción de la NEP “fue una respuesta a la devastación de la joven república soviética tras tres años de guerra civil, una intervención imperialista extranjera y los reveses que habían sufrido las luchas revolucionarias en Europa”. También señaló que “aunque algunas de las medidas que se están adoptando en Cuba se asemejan a la NEP, la situación a la que se enfrenta Cuba hoy en día es muy diferente”.
Como señaló Panorama-Mundial en la posdata de ese artículo, en muchos sentidos hay más que contrastar que comparar en la situación que enfrenta Cuba hoy en comparación con la de la joven república soviética a principios de los años veinte.
En su informe citado arriba, Lenin hizo un punto que plantea esta distinción con claridad. “¿En qué puede confiar económicamente el [poder estatal proletario]?” preguntó Lenin. “Por un lado, la posición mejorada del pueblo”.
Sin embargo, la posición del pueblo cubano hoy en día — como todos sabemos dolorosamente — no ha mejorado relativamente. De hecho, se está deteriorando bajo el bloqueo petrolero de Washington y otras medidas bélicas. El posdata también destacó otras diferencias significativas.
Las condiciones de vida del pueblo cubano se vieron duramente afectadas por la escalada del bloqueo estadounidense en 2019, cuando Trump impuso más de 200 nuevas sanciones durante su primer mandato como presidente; por la pandemia de 2020-22 que interrumpió la economía y el sistema de salud del país; y por la reorganización monetaria de 2021 que fue de facto una devaluación del peso cubano con una inflación elevada, lo que afectó más a los trabajadores cubanos. El bloqueo petrolero de este año ha causado una casi parálisis de una economía ya debilitada, con todo lo que eso implica para la vida diaria y la red de seguridad social del pueblo cubano.
El artículo que sigue refleja un verdadero debate que está ocurriendo en Cuba sobre cómo enfrentar los enormes desafíos en la vida cotidiana que provoca el intento de estrangulamiento imperialista, y sobre cómo las diversas maneras de implementar las recientes medidas económicas representan peligros potenciales para la Revolución. Este es un debate difícil de detectar en los medios oficiales del país.
Publicamos el artículo a continuación para la información de nuestros lectores. El titular y el texto que siguen son del original. Las notas y las fotos son de Panorama Mundial.
— Los editores de Panorama-Mundial
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Las 176 medidas: lo que el mercado no va a decidir por Cuba
Por Wilder Pérez Varona
Las reformas económicas impulsadas por el gobierno cubano responden a una crisis agravada por el bloqueo estadounidense, pero pueden alterar profundamente las relaciones de poder y abrir el camino a nuevas formas de concentración de la riqueza.
Frente a las 176 medidas aprobadas por el gobierno cubano en junio de 2026, buena parte del debate público se organiza en torno a un falso dilema.
O el paquete se acepta como una apertura al mercado que la crisis vuelve inevitable, o se denuncia como una claudicación que equivaldría al fin no declarado del proceso iniciado en 1959.
Ambas lecturas, políticamente opuestas, comparten un error de fondo. Suponen que lo decisivo de esta reforma se juega en la cantidad de mercado que introduce y no en la correlación de fuerzas que esa mercantilización condiciona.
La pregunta no es cuánto mercado [capitalista] hay en las 176 medidas, sino en manos de quién quedará, cuando ese mercado se expanda, la capacidad de decidir qué produce Cuba y quién se beneficia en primer lugar de esa producción.
Las disposiciones del paquete nacieron como autorizaciones, no como reglamentos. Fijan lo que pasará a estar permitido y no cómo, con qué límites ni bajo control de quién, mientras el cronograma legislativo que debía precisarlo — 138 normas jurídicas, según la cifra oficial — apenas comienza a producirse.
Ese vacío se llena más rápido de lo previsto. A finales de julio el primer ministro informó que ya estaban aprobadas 110 de las 121 transformaciones planificadas para junio y julio.
La celeridad no significa que la reglamentación pase por controles distintos de los que generaron el paquete, porque cada norma sale del mismo circuito — Buró Político, Comité Central del Partido, Consejo de Ministros, Asamblea Nacional — que diseñó las 176 medidas.
La frontera entre lo que sigue siendo del pueblo cubano y lo que ya se gestiona como si no lo fuera depende menos de cuánto tarde la reglamentación que de quién la escribe y la pone en vigor.
El bloqueo no explica todo
Sería un error políticamente costoso negar el peso del cerco estadounidense en el diseño de esta reforma. Con la administración Trump y su política de “presión máxima”, el bloqueo ha asumido la forma de una guerra comercial, financiera y jurídica — con la asfixia energética como pieza central — de un impacto devastador sobre el pueblo cubano.
El 1 de mayo de 2026 Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió las sanciones secundarias contra empresas extranjeras que mantengan negocios con personas o entidades proscritas, o que operen en sectores de la economía cubana como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.
La orden aceleró la desconexión casi total de Cuba de los circuitos internacionales de comercio y financiación.
Detrás vinieron la salida masiva de inversiones extranjeras y el desplome del turismo, principal generador de divisas de la isla.
El caso de Sherritt International, documentado por [el periodista] McMillen,[1] es el ejemplo más nítido de ese asedio al metabolismo económico cubano.
La empresa canadiense — con más de tres décadas de operación conjunta en el níquel de Moa — vio amenazado su acceso a la banca internacional y tuvo que paralizar el suministro de níquel y cobalto; hacia fines de mayo, además, la Comisión de Valores de Ontario suspendió la cotización de sus acciones.
El desenlace fue una venta forzada, en condiciones de liquidación, a Gillon Capital, un fondo de una familia de la derecha oligárquica con lazos estrechos con Trump y el Partido Republicano. El propio Peter Hancock, director ejecutivo interino de Sherritt, reconoció después que el acuerdo se cerró porque alguien con acceso a Washington logró convencer al Departamento de Estado.
El episodio muestra que el bloqueo ya no se limita a impedir que entre capital a Cuba, o incluso a provocar su salida, sino que selecciona qué capital puede entrar y en qué condiciones. Escenifica una nueva forma de recolonización y saqueo imperialista de recursos soberanos, que utiliza el poder del sistema bancario internacional y de la maquinaria regulatoria de Estados Unidos para forzar la transferencia de activos estratégicos a actores alineados con Washington.
Cuba negocia estas reformas bajo una coacción que ningún país debería sufrir para sacar a flote su economía.
Esto no implica sostener que el bloqueo explique, por sí solo, la forma concreta que ha tomado la reforma. La carencia que Washington explota desde afuera — la falta de un sistema de control capaz de fijar con qué condiciones ingresa un capital y ante quién rinde cuentas — es la misma que permite, desde adentro, que la élite administrativa cubana capture el excedente de cualquier apertura sin que a nadie, formalmente, se le pueda acusar de haber violado ninguna ley.
GAESA,[2] el conglomerado militar al que distintas estimaciones atribuyen entre el 40% y el 70% de la economía del país, no pierde necesariamente capacidad de gestión con esta reforma. El paquete le abre, además, una vía para convertir esa gestión en participación accionaria, a través de un Programa Nacional de Valoración y Titulación de Activos Empresariales Estatales (medida 14) que, sin auditoría independiente ni transparencia sobre beneficiarios finales, puede terminar transformando a gerentes y cuadros militares en accionistas legales de lo que hasta ayer administraban en nombre del Estado.
Con matices, esto ya ocurrió en buena parte de la transición postsoviética. La destitución del exministro de Economía Alejandro Gil[3] y el proceso judicial en su contra, en 2024, fueron un síntoma de esa ausencia de contrapesos.
Como documenta el estudio sobre la conflictividad social cubana, el aumento de la protesta dispersa — cacerolazos, manifestaciones puntuales, denuncias ciudadanas en redes sociales, quejas que no llegan a articularse en un ciclo sostenido de movilización — no se ha traducido, hasta ahora, en una crisis de gobernabilidad. El Estado administra ese descontento mediante regulación restrictiva, vigilancia y represión selectiva. Esa capacidad de contención no es un dato ajeno a la reforma.
El bloqueo, la limitada democratización y la contención eficaz del descontento no son explicaciones rivales de lo que le está ocurriendo a Cuba. Se requieren mutuamente para producir el resultado que hoy observamos.
Cuanto más urgente se vuelve, por efecto del cerco, hallar soluciones de emergencia, menos margen queda para hacerlo mediante participación ciudadana; cuanto menor es ese margen, mayor es la discrecionalidad para que la emergencia la administre quien ya lo hacía antes de que comenzara; y cuanto más eficaz resulta contener el descontento que la crisis genera, menor es el costo político de seguir ejerciendo esa discrecionalidad.
Una nueva burguesía y una vieja pregunta sobre el excedente
Ese patrón de captura no queda confinado a la cúpula militar. El paquete permitirá que una empresa privada contrate más de cien trabajadores, que una misma persona sea titular de más de una empresa y que esa misma persona tenga participación accionaria simultánea en varias de ellas (medidas 20, 21 y 23).
Esas disposiciones sientan las bases legales de una acumulación de capital sin precedentes en Cuba desde 1959, aunque todavía no se hayan reglamentado los plazos ni los criterios de esa apertura. Nada define de dónde saldrán esos nuevos empresarios, si del trabajo productivo y la innovación o de la conversión de privilegios administrativos ya existentes en títulos de propiedad privada.
Mientras tanto, lo que hasta hace pocos años podíamos llamar la clase trabajadora estatal se fragmenta en trayectorias cada vez más distintas entre sí.
El salario ya no lo fijará un tabulador nacional, sino que quedará atado a la salud económico-financiera de cada empresa, negociada — dice el texto — con participación sindical (medida 19). Esa participación es formal y no equivale a una participación autónoma. La diferencia se hace sentir donde más pesa, porque la misma reforma que ata el salario a la solvencia empresarial dispone, en otra medida, que las empresas que no resistan la devaluación planificada de la moneda serán liquidadas.
En paralelo, el subsidio dejará de ir a los productos para dirigirse a las personas. La virtualmente extinta libreta de racionamiento, concebida para todos, será reemplazada por una plataforma (Soberanía) que clasifica como vulnerables a quienes recibirán ayuda y deja fuera al resto (medidas 63 y 70).
El propio gobierno reportó, a poco más de un mes de aprobado el paquete, que ese ejercicio de caracterización ya había identificado a más de 876 000 personas en esa condición. El reemplazo de los subsidios universales por subsidios focalizados cambia el estatuto de la igualdad. Deja de entenderse como un derecho reconocido a todos y pasa a administrarse como una condición a verificar, sujeta a registro, y la carga de la prueba recae sobre quien la reclama.
Esta desigualdad, además, tiene territorio, color y género, aun cuando ninguna de las 176 medidas lo nombre.
El capital en condiciones de aprovechar la nueva apertura inmobiliaria y las cuentas en divisas provendría, de manera desproporcionada, de una diáspora históricamente blanca, con redes y capital cultural que el mercado ampliado no haría más que premiar.
Un municipio sin base industrial ni atractivo turístico no ganará autonomía con la descentralización que el paquete le ofrece; heredará más bien el déficit que antes era mal administrado desde un nivel central. Y el trabajo de cuidados no remunerado, que sostiene buena parte de la reproducción social que el Estado ya no garantiza, sigue sin entrar en la ecuación de quién puede emprender y quién no.
La palabra que hace todo el trabajo
En el eje dedicado a las relaciones de propiedad, el texto reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio financiero de personas jurídicas y naturales y promete impedir la explotación del hombre por el hombre.
Lo que rechaza, literalmente, es la explotación «indiscriminada» (medida 36). Una explotación discriminada, administrada, queda por omisión dentro de lo permitido.
La pregunta acerca de qué necesita la gente para vivir deja de ser el punto de partida de la estrategia económica, y la riqueza nacional ya no se concibe como un medio para sostener la vida.
El alcance de esa inversión se revela, más que en lo que el texto exige al nuevo empresariado, en lo que el propio Estado se exime de garantizar.
La medida 64 obliga a todos los actores económicos — estatales y privados, nacionales y extranjeros — a participar, en nombre de su responsabilidad social, en una lista de trece funciones que hasta el momento eran estatales sin discusión: ayudar a pagar las pensiones, sostener comedores comunitarios, hacerse cargo en parte de los hogares para niños sin cuidado familiar y de los hogares de ancianos, respaldar hospitales y escuelas e incluso correr con los gastos funerarios de las familias que no pueden pagarlos.
La protección social universal, durante décadas uno de los principales argumentos de la legitimidad estatal, pasa a depender de que un tercero decida hacerse cargo, sin obligación exigible, de lo que antes era competencia del Estado.
Incluso el instrumento pensado para mitigar el costo social del ajuste reproduce la misma estructura. El paquete crea un Fondo de Protección Social como «condición previa a las transformaciones» (medida 71) y lo capitaliza con el ahorro que dejará, precisamente, la eliminación de los subsidios a productos y servicios. Esa eliminación es una de las transformaciones que el fondo debía anteceder. La red solo se financia cuando ya se retiró aquello que venía a compensar.
La disputa por la soberanía
Esas carencias revelan que, detrás del acuerdo sobre el agotamiento del modelo, se enfrentan concepciones incompatibles acerca de quién debe ejercer el poder, controlar el excedente y definir la soberanía.
El debate público cubano permite identificar al menos tres proyectos posibles para salir de la centralización planificada.
Uno es el que aprobó el gobierno, que separa la propiedad de la gestión, abre el accionariado sin tocar la titularidad social y decide con el mismo aparato que decidió siempre.
Otro propone una socialización efectiva del poder que subordine toda forma de gestión —estatal o privada— al control vinculante de trabajadores y comunidades organizadas.
El tercero postula una transición hacia una «economía social de mercado» bajo «Estado de derecho democrático», con seguridad jurídica y pluralismo político como condición de la reforma económica.
Los tres comparten el diagnóstico y cierto reconocimiento del mercado como mecanismo de asignación; ninguno comparte con el resto la arquitectura de poder que debería sostenerlo.
El primero cuenta con el aparato del Estado para ejecutarse; el segundo circula sobre todo como crítica y horizonte normativo al interior de la militancia — como el documento elaborado por integrantes del medio digital Punto y Aparte — sin un vehículo institucional que le permita incidir en la política de Estado; el tercero posee un documento técnico concreto, interlocutores reconocidos y una vía de diálogo con el capital de la diáspora y con los términos de negociación que Washington parece dispuesto a aceptar.
Que la posición socialista radical sea hoy la más débil en términos de poder real no la vuelve menos adecuada; impulsa a preguntar por qué el terreno de lo posible está tan desigualmente repartido entre las tres.
La misma disputa reaparece, con otro vocabulario, en la concepción de la soberanía que las tres posiciones reivindican.
El discurso oficial la define como la capacidad de la dirección política para adoptar herramientas de mercado sin ceder el control del sistema — el primer ministro Marrero presentó el paquete ante el parlamento bajo el principio de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”.
Es una soberanía entendida como adaptación, en la que el mercado se admite porque preserva el sistema político, no porque lo transforme.
Para la vía liberal [pro-capitalista], la soberanía reside en la ciudadanía y se ejerce mediante instituciones elegidas y sujetas a rendición de cuentas; de ahí que no vea contradicción entre reclamar independencia nacional y negociar con organismos financieros internacionales o con Washington, al tiempo que concibe a la diáspora como un “activo estratégico”.
Para la posición socialista, la soberanía no se agota en que el Estado retenga la titularidad ni en que existan elecciones, si quienes producen la riqueza no deciden sobre ella; sin ese control directo, la propiedad social es, en los hechos, un título sin ejercicio.
Las tres invocan el mismo concepto para legitimar arquitecturas de poder incompatibles entre sí, y la cuestión decisiva pasa a ser qué entiende cada una por soberanía y a quiénes beneficia esa definición.
La disputa en torno a GAESA condensa ese conflicto.
El paquete oficial no lo menciona porque, al preservar intacto el núcleo económico del poder político, trata su continuidad como condición de la reforma.
El proyecto liberal propone fragmentarlo y transferir sus activos al presupuesto público y a instituciones civiles sometidas a una tecnocracia civil sujeta, al menos en el papel, a supervisión estatal; la alternativa socialista lo subordinaría, como a cualquier otra forma de gestión económica, al control de trabajadores y comunidades.
El fondo del asunto es si la soberanía cubana admite un centro de poder económico sustraído a toda rendición de cuentas.
Las tres posiciones responden, respectivamente, preservándolo, fragmentándolo o subordinándolo.
Lo que la reforma deja fuera
Lo que quedó fuera de las 176 medidas dice tanto como lo que contienen.
No aparece la palabra cogestión, ni autogestión, ni mecanismo alguno por el cual los trabajadores de una empresa convertida en sociedad por acciones tengan voz o voto en la elección de sus directivos o en el destino de las utilidades.
El texto habla de propiedad social y diseña, en la práctica, gestión mercantilizada. Tampoco aparecen redes de bancos cooperativos ni fondos de desarrollo municipal capaces de captar remesas y reinvertirlas en el territorio — como propone Mok León[4] — en lugar de canalizarlas hacia la acumulación privada de unos pocos.
Son fórmulas intermedias entre la estatización rígida y la privatización lisa y llana que otras experiencias latinoamericanas, con resultados desiguales pero reales, sí se atrevieron a ensayar.
Falta, también, la secuencia que toda la experiencia comparada sobre ajustes de este tipo recomienda y que este paquete no respeta: primero se estabiliza, después se libera.
Eliminar subsidios universales antes de que el Fondo de Protección Social esté capitalizado y operativo invierte ese orden, y deja a los sectores más vulnerables expuestos justo cuando más necesitan la red que se les está retirando.
Falta, por último, un realismo comparativo.
El horizonte de la reforma — mercado regulado, Estado que retiene lo “estratégico”, crecimiento antes que redistribución — remite sin decirlo a la “reforma y apertura” china de 1978 o al Doi Moi vietnamita de 1986.[5]
La analogía se rompe en casi todos los puntos que la hicieron funcionar allá. China y Vietnam abrieron sus economías con una población joven y mayoritariamente rural, con mano de obra abundante y barata, y usaron el mercado para expandir una base agrícola e industrial preexistente; Cuba intenta estabilizarse mediante el mercado después de haber sufrido el colapso de esa base. Más de una cuarta parte de su población supera hoy los sesenta años, y ha caído de 11.2 a 9.4 millones de habitantes en menos de una década, sobre todo por emigración.
China y Vietnam se abrieron, además, en la fase ascendente de la globalización, mientras que Cuba lo hace bajo una coerción externa que ya ha mostrado su alcance punitivo. Y donde los países asiáticos llegaron con Estados capaces de sostener una transición gradual, el cubano padece una credibilidad ya erosionada por reformas previas accidentadas y reversibles.
Nada de lo anterior debería leerse como un argumento a favor de que Cuba renuncie a reformarse, ni como una concesión a quienes, desde fuera, llevan sesenta años esperando que el país fracase para poder decir que tenían razón.
El mismo Departamento de Estado que diseñó las sanciones detrás de esta reforma publicó, el 20 de julio, un informe que redefine el conflicto con Cuba como una cruzada civilizatoria contra el “terrorismo de izquierda”[6] antes que como una disputa sobre política económica o soberanía.
Semejante ensañamiento volvería sospechosa cualquier posición de izquierda que no se reduzca a denunciar el bloqueo, como si examinar esta reforma con sentido crítico equivaliera a prestarle un servicio a Washington.
Exigir el fin del estrangulamiento imperialista y exigir, al mismo tiempo, que quien lo resiste rinda cuentas de a quién beneficia la forma concreta que elige para resistirlo forman parte de una misma responsabilidad.
Wilder Pérez Varona, quien tiene un doctorado en filosofía e investiga en el Instituto de Filosofía de Cuba, escribe sobre la historia del pensamiento marxista y socialista. Es coordinador de la editorial El Colectivo.
NOTAS
[1] Ver El saqueo imperial de Cuba ha comenzado por Logan McMillen, publicado en inglés el 17 de junio de 2026 en la revista Jacobin.
[2] GAESA, o Grupo de Administración Empresarial S.A., es una importante asociación empresarial en Cuba que es propiedad de, y operada por, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del país. Controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, gestionando los sectores más importantes que generan divisas, como el turismo, la hotelería, las gasolineras, los supermercados y las principales instituciones financieras.
[3] Alejandro Gil fue ministro de economía de Cuba de 2018 a 2024. Fue despedido en febrero de 2024 y posteriormente juzgado y condenado en diciembre de 2025 a privación perpetua de la libertad. En un comunicado, el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba dijo que el exfuncionario “Engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía”.
Gil “Incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a la disposición de los servicios del enemigo”, concluyó el tribunal. “Estos comportamientos altamente lesivos evidenciaron en el acusado una degradación ética, moral y política que lo hacen merecedor de una respuesta penal severa, tal como demanda el Artículo 4 de la Constitución de la República, al dejar establecido que la traición a la Patria es el más grave de los crímenes y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones”.
Gil fue acusado de una docena de delitos, incluyendo espionaje, “un actuar corrupto y simulador”, de aprovecharse “de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes”.
Antes de su despido, Gil había liderado la Tarea Ordenamiento implementada durante la pandemia de Covid-19. La Tarea de Ordenamiento fue una reforma económica destinada a retirar de circulación el Peso Cubano Convertible (CUC), entre otros objetivos. La CUC fue una de las dos monedas oficiales empleadas en Cuba desde 1994 hasta su eliminación el 1 de enero de 2021. Atada 1:1 al dólar estadounidense, la CUC se usó como sustituto de la moneda extranjera, y durante años los trabajadores cubanos intercambiaron sus pesos por CUC para comprar una variedad de alimentos y bienes de consumo en las tiendas estatales “CUC”, así como por bienes y servicios en el sector turístico y de negocios extranjeros. Estas tiendas eran conocidas oficialmente como “tiendas de recaudación de divisas“.
La Tarea Ordenamiento es ampliamente vista en Cuba como un fracaso, dejando al país en una peor situación económica tras su implementación.
[4] Liu Mok León es un destacado economista cubano. Ha trabajado como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) de Cuba. En su análisis de las 176 medidas económicas recientemente adoptadas por el gobierno cubano, León ha advertido que convertir rápidamente activos estatales en propiedades privadas corre el riesgo de concentrar la riqueza en manos de una minoría. En lugar de privatizarlas del todo, Mok León sostiene que las empresas estatales deberían ser gestionadas democráticamente por sus propios trabajadores. Cree que los empleados deben tener voz directa en las prioridades de producción, en los planes de inversión y participación en las ganancias.
[5] El Doi Moi (que traducido literalmente significa “Restauración”) fue el nombre de las reformas económicas promulgadas en Vietnam a mediados de los años ochenta. Estas reformas, lanzadas en China en 1978 y en Vietnam en 1986, llevaron a la privatización a gran escala de la industria y la mayoría de los medios de producción e intercambio, así como a la abolición del monopolio estatal del comercio exterior antes del cambio de siglo.
En la opinión de los editores de Panorama-Mundial el verdadero resultado de la totalidad de estas reformas, y de la manera en que fueron implementadas, fue el restablecimiento del capitalismo en los dos antiguos estados obreros. Cómo fue que se desarrolló este proceso, así como la naturaleza exacta y el funcionamiento del capitalismo en esos países hoy en día, es algo que abarca mucho más de lo que podría explicarse en una nota. También es importante señalar que el autor de este artículo no necesariamente comparte esta caracterización. Para quienes deseen estudiar la evolución de esta transformación en China, les recomendamos que lean el libro en inglés La Gran Transformación: La trayectoria de China de la revolución a la reforma.
[6] Para más información, vea La diatriba de Rubio contra Cuba: Un ataque macartista a los derechos democráticos.
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Categorías:Cuba/Solidaridad con Cuba