El artículo a continuación apareció por primera vez en la edición del 10 de abril del diario Washington Post. Informa sobre las exitosas protestas en Sackets Harbor, en el norte del estado de Nueva York, que obligaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a liberar a tres niños y a su madre que a fines de marzo habían sido arrestados erróneamente durante una redada de ICE en North Harbor, una granja lechera cercana.
El relato ofrece un ejemplo de cómo es posible resistir algunos de los ataques más extremos contra familias trabajadoras que se ven atrapadas en las masivas redadas de deportación que la administración Trump desató desde que asumió el cargo en enero.
En El segundo mandato de Trump: El gobierno de un solo hombre y el peligro del fascismo incipiente (II), Panorama-Mundial señaló: “Toda la trayectoria de la administración Trump, incluso el jactarse del número de redadas diarias de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que detienen a inmigrantes para las deportaciones masivas, tiene como objetivo infundir miedo, lo que puede resultar en parálisis”.
En el caso de Sackets Harbor ocurrió lo contrario a la parálisis, ya que los residentes de la ciudad se movilizaron para obligar al gobierno a liberar a tres niños inocentes y a su madre, atrapados por las redadas de inmigración. El éxito de la movilización también se capta en este video que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó en Instagram.
La Casa Blanca está trabajando arduamente por expandir su programa de deportaciones a gran escala, con el objetivo de deportar hasta 1 millón de inmigrantes indocumentados en un año. En el proceso, la administración Trump está haciendo caso omiso del debido proceso jurídico, como David French describió acertadamente en una columna en el New York Times del 6 de abril.
“Deportar a 1 millón de inmigrantes en un año superaría ostensiblemente las estadísticas anteriores, ya que el número más alto hasta ahora fue de más de 400 mil al año cuando Barack Obama era presidente”, dijo un artículo en el Washington Post el 12 de abril.
El gobierno de Trump está tratando de pintar como criminales violentos o terroristas a todos los arrestados y deportados, y a aquellos amenazados con la deportación. Pero el caso de Sackets Harbor demuestra lo contrario.
La deportación de Kilmar Abrego García por cargos falsos es otro de esos casos. El 10 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la orden de un juez que exigía que la administración Trump facilitara el regreso de Abrego García a Estados Unidos, a quien el gobierno ha reconocido que lo deportó a El Salvador debido a un “error administrativo”, arrojándolo a una de las prisiones más grandes e infames del mundo.
Abrego García, un migrante salvadoreño que vivía en Maryland y tenía permiso de trabajo desde 2019, fue detenido por agentes de ICE. Fue deportado el 15 de marzo en uno de los tres vuelos de deportación de alto perfil a El Salvador, vuelos que también incluían a presuntos pandilleros venezolanos.
Abrego García está casado con una ciudadana estadounidense con quien está criando a un hijo que es ciudadano estadounidense, además de los dos hijos de su esposa de una relación anterior. Nunca fue acusado ni condenado por ningún delito, según los abogados de Ábrego García, quienes han negado la acusación infundada del Departamento de Justicia de que es miembro de la pandilla criminal MS-13.
Como explicaba el artículo de Panorama-Mundial citado anteriormente, “la inmigración fortalece a la clase trabajadora, y… la mayoría de los inmigrantes no son los culpables de los delitos menores ni del crimen organizado”.
Panorama-Mundial publica el artículo que sigue para la información de nuestros lectores. El título, el subtítulo, las fotos y el texto a continuación son del original.
— Los editores de Panorama-Mundial
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La ciudad donde vive el zar fronterizo de Trump defendió a 3 niños detenidos por ICE, y ganó
En el pueblo neoyorquino de Sackets Harbor, los maestros emprendieron un esfuerzo de varios días para asegurar la liberación de tres estudiantes. Menos de dos semanas después, los estudiantes estaban de vuelta en sus aulas.
10 de abril de 2025
Por Sabrina Rodríguez
Poco después del amanecer el 27 de marzo, docenas de agentes federales llegaron a una granja lechera en esta región del norte del estado de Nueva York que el zar de la frontera del presidente Donald Trump, Tom Homan, considera su hogar, en busca de un inmigrante sudafricano acusado de distribuir pornografía infantil.
Pronto encontraron al hombre, que estaba en el país legalmente con visa para trabajadores agrícolas temporales. Pero después de arrestarlo, siguieron registrando la granja, la cual tiene un letrero que dice “MAKE MILK GREAT AGAIN” [Que la leche vuelva a ser grandiosa].
A final de cuentas detuvieron a otros siete inmigrantes, entre ellos a una mujer y sus tres hijos, que vivían en la propiedad. Los agentes metieron a la familia en una camioneta y se marcharon.
Ese mismo jueves, a unas 35 millas de distancia, sonó el teléfono de Jaime Cook. La directora de la Escuela Central de Sackets Harbor se preparaba para asistir a una reunión fuera del campus, en lugar de hacer su típico recorrido de 45 minutos a la escuela de un solo edificio, que atiende a cerca de 400 estudiantes en la ciudad de unos 1,400 residentes a orillas del lago Ontario.
Una de sus maestras, hablando entre lágrimas, le dijo que tres estudiantes — en los grados tercero, décimo y undécimo — habían sido arrestados por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Cook se quedó pasmada. Los tres estudiantes habían estado diciendo durante semanas que tenían miedo de que se los llevaran. Los maestros y otros funcionarios escolares les habían dicho que no se preocuparan: ICE estaba persiguiendo a criminales — no a los niños.
Esa mañana, Cook y un número de maestros emprendieron lo que se convirtió en un esfuerzo de varios días en toda la ciudad para asegurar la liberación de los niños y su madre. Este relato de esa campaña se basa en entrevistas con más de una docena de funcionarios escolares, miembros de la comunidad, defensores de la inmigración y funcionarios del gobierno.
Aquí, en esta pequeña ciudad en un condado que Trump ganó por dos dígitos en las elecciones de 2024, la mayoría de la gente se unió para condenar la detención de los niños, una señal de que, incluso aquí, en la ciudad que el zar fronterizo del presidente llama su hogar, algunos estadounidenses ven la detención de niños en edad escolar como una línea que no debe cruzarse.
Después de enterarse de que los niños habían sido detenidos, Cook canceló su reunión fuera del campus y se dirigió a su escuela.
Los maestros y funcionarios escolares, en estado de shock e inicialmente inseguros de qué hacer, conversaron entre ellos mismos y decidieron no llorar frente a sus estudiantes. Pero a las pocas horas, decidieron empezar a buscar respuestas. El sindicato local de maestros envió una lista con los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los funcionarios en todo Nueva York, y los funcionarios escolares comenzaron a hacer llamadas entre clases y durante los períodos de planificación. En sus primeras llamadas y correos electrónicos, se pusieron en contacto con representantes locales, estatales y federales y con grupos de apoyo, y pidieron ayuda para liberar a los niños y a su madre.
La familia había estado asistiendo a audiencias judiciales en Nueva York para asegurar su estatus legal, según funcionarios locales y defensores de inmigración que siguen el caso. Los funcionarios escolares y otras personas que conocen a los niños y a su madre se negaron a compartir sus nombres o su país de origen por temor a que pudieran sufrir ataques de ser puestos en libertad. ICE remitió una solicitud de comentarios a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La CBP no respondió.
Scott Gray, un asambleísta estatal republicano que representa el área, dijo a una estación de televisión local que la familia había asistido a una audiencia inicial en la corte y tenía otra programada. También dijo que tenía entendido que no había una orden de deportación para la familia.
“Lo que pensamos fue: vamos a llamarlos y a decirles que se llevaron a nuestros chicos, y que fue un error, y que no sabemos qué pasó y que necesitamos ayuda para recuperarlos”, dijo Jonna St. Croix, maestra de ciencias sociales en la escuela y presidenta de la Asociación de Maestros de Sackets Harbor.
Esa tarde, funcionarios locales le dijeron al superintendente del Distrito Escolar de Sackets Harbor que se estaban ocupando de la situación. El superintendente transmitió esa información y los maestros hicieron una pausa en sus esfuerzos.
Pero pasaban los días sin más información y los maestros seguían preocupados e impacientes. Ese fin de semana, un maestro descubrió cómo usar el sistema en línea para localizar a los detenidos por ICE, y pronto descubrió que los estudiantes habían sido trasladados a un centro de detención familiar en Texas. Otro profesor comenzó a recibir llamadas diarias del mayor de los alumnos detenidos. La estudiante confesó que ella y su familia estaban aterrorizados de que fueran deportados.
Los maestros estaban preocupados. “Pensamos: ‘Nadie nos está ayudando. Ahora están más lejos de nosotros'”, recordó St. Croix.
Un grupo que apoya a los inmigrantes aconsejó a los maestros que su “mejor opción era llamar la atención”, agregó.
Así que ese domingo los maestros comenzaron a hacer llamadas nuevamente, contactando a más funcionarios y medios de comunicación para llamar la atención sobre la difícil situación de los niños. Según sus cálculos, en la semana siguiente a la detención de los estudiantes hicieron al menos varios cientos de llamadas y contactaron a más de 100 funcionarios en diferentes niveles del gobierno.
Durante esa ráfaga de llamadas, St. Croix se conectó con el grupo local del Partido Demócrata, el Comité Demócrata del Condado de Jefferson, que pronto anunció que organizaría una manifestación para pedir la liberación de la familia. Los medios locales empezaron a cubrir lo que ocurría, y las secciones de comentarios y las páginas de Facebook se inundaron con un acalorado debate sobre la política de inmigración de la administración Trump y los méritos del caso.
En la página de Facebook de la filial local de CBS, WWNY-TV 7, cientos de comentaristas ridiculizaron a las personas que apoyaban a los estudiantes o planeaban asistir a la manifestación. “Van a protestar con CERO de razón, y no van a cambiar absolutamente NADA”, escribió un comentarista. “Además, lo ilegal es ilegal, no importa cuánto te quejes y llores por ello”.
El martes, la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, criticó públicamente la detención de la familia por parte de ICE, calificándola de “simplemente cruel” y diciendo que “no se le ocurre ninguna justificación de seguridad pública para que los agentes de ICE arranquen de su hogar en Sackets Harbor a una familia inocente, entre ellos un niño de tercer grado”.
Al día siguiente, Homan — quien posee una casa en Sackets Harbor, creció en la ciudad de West Carthage, a unos 30 kilómetros al este y a quien muchos en la pequeña comunidad conocen personalmente — accedió a hacer una entrevista con WWNY para exponer sus puntos de vista sobre el episodio. Defendió las acciones de ICE, argumentando que los agentes tenían derecho a ingresar a la casa de la familia porque estaba dentro del alcance de WiFi de la casa donde vivía el hombre para el que tenían una orden de allanamiento.
Homan dijo que los niños fueron tomados como víctimas potenciales del sospechoso o testigos materiales en el caso y que no estaban detenidos en un “centro de detención” sino en un “campus al aire libre”. Dijo en repetidas ocasiones que se los habían llevado para asegurarse de que estaban “a salvo”.
Homan fue uno de los arquitectos de la política del primer mandato de Trump que separaba a las familias inmigrantes en la frontera sur. Trump puso fin a esas medidas después de enfrentar una intensa presión política e incluso la condena de algunos republicanos. Pero su administración continuó deteniendo a familias con niños, una práctica que la administración Biden detuvo y se ha reanudado bajo la segunda administración de Trump.
Cook se enojó al ver la entrevista completa de Homan en línea. Mucho de lo que dijo no era cierto, dijo. No coincidía con lo que la alumna mayor le había dicho al profesor en sus llamadas diarias.
Ella decidió emitir un comunicado a la prensa. “Estamos en comunicación directa con nuestros estudiantes. Permítanme decirlo llanamente: no están siendo ‘médicamente evaluados’. No están siendo ‘interrogados como víctimas potenciales’. El llamar a un centro de detención por otro nombre no cambia lo que es”, dijo. “Merecemos algo más que la tergiversación y la desinformación”.
Para el jueves, el teléfono de Corey Decillis no paraba de sonar. El organizador de la marcha y presidente del Comité Demócrata del Condado de Jefferson había perdido la cuenta de la cantidad de mensajes que había visto en la página de Facebook del grupo de personas que decían que iban a asistir a la marcha. Esperaba que toda esa atención resultara en la liberación de los niños.
La principal preocupación de Decillis, dijo, era asegurarse de que la manifestación se enfocara en los niños. Aunque se opone firmemente a la política de inmigración de la administración Trump, no quería que una marcha para apoyar a una familia detenida se convirtiera en una protesta estridente contra el presidente.
“Se trata de estos niños y de cómo fueron tratados. Sí, eso en realidad es algo político. Obviamente, esta es la política de la administración sobre la inmigración, pero no creo que este sea el momento o el lugar”, dijo Decillis. “Esta comunidad quiere a estos niños de regreso. Eso es lo que estamos tratando de apoyar”.
El Washington Post examinó qué grupos de inmigrantes podrían estar en mayor riesgo de deportación bajo la segunda administración de Trump, y qué obstáculos logísticos y financieros se interponen en el camino.
Las autoridades locales tomaron precauciones adicionales, añadiendo a más agentes de policía antes de la marcha para reducir el riesgo de algún enfrentamiento entre los asistentes a la manifestación y los contra-manifestantes.
En esa nublada tarde de sábado [5 de abril], la ciudad se transformó cuando aproximadamente 1,000 asistentes a la manifestación — muchos de ellos locales, pero algunos que viajaron desde lugares tan lejanos como Manhattan — se congregaron frente al Centro de Visitantes de Sackets Harbor, y muchos sostenían carteles en apoyo a los niños. Algunos de los carteles decían: “Devuelvan a los niños. ¡Deporten a Homan!” “No se trata de izquierda o derecha. Se trata de lo que es justo” y “El debido proceso jurídico hace a Estados Unidos grandioso”.
Durante el discurso de apertura de Decillis, un hombre que vestía una camiseta con la foto del archivo policial de Trump y sostenía un cartel que decía “Tom Homan, héroe local” gritó: “¡Te apoyamos, Tom!”. Pero su grito fue eclipsado en gran medida por los vítores de los asistentes a la manifestación.
Más tarde los asistentes, muchos de quienes coreaban “Tráiganlos a casa” y “Así es como debe verse la democracia”, marcharon contra un viento intenso hasta la cuadra de Homan. Menos de una docena de partidarios de Trump se pararon cerca de su casa, sosteniendo banderas de Trump y expresando su apoyo a la labor de ICE.
Después de la marcha, los organizadores dijeron que se sintieron aliviados de ver que la manifestación se llevó a cabo sin ningún problema y de ver que tanta gente salió a apoyar a los estudiantes. Aun así, se preguntaban si sus esfuerzos resultarían en la liberación de los niños.
Menos de dos días después, Cook tuvo su respuesta.
Cook despertó el lunes por la mañana [7 de abril] con una llamada perdida de la maestra que había estado en contacto con la familia. La maestra había recibido una llamada de ICE a media noche confirmando que la familia estaba siendo liberada.
“Se me puso la piel de gallina al escucharlo. Como justo ahora. Estoy asombrada de lo que una pequeña comunidad puede lograr”, dijo Cook.
De vuelta a la escuela, la noticia de la liberación de la familia, y de su inminente regreso a Sackets Harbor, no había calado del todo para Cook el lunes por la tarde. Estaba demasiado privada de sueño. No se sentiría como algo verdadero hasta que no viera a los tres niños sentados en sus escritorios.
“Se siente como si el mundo cambiara. Mi fe en la comunidad se ha fortalecido”, dijo Cook, haciendo una pausa para tomar un respiro y elegir sus palabras. “Estoy asombrada de lo que un pequeño grupo de personas puede lograr si simplemente se niegan a rendirse”.
El miércoles por la mañana [9 de abril], los estudiantes regresaron a sus aulas.
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Categorías:Inmigración / Refugiados