El 6 de noviembre la Marina de Estados Unidos llevó a cabo el más reciente de una serie de ataques en aguas internacionales contra pequeñas embarcaciones que presuntamente trafican drogas a Estados Unidos. Estos ataques en el Caribe y el Pacífico oriental han resultado en al menos 70 muertes — personas que han sido asesinadas sin tener oportunidad alguna de responder a las acusaciones de Washington — y no hay señales de que estos ataques vayan a detenerse.

La administración de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, aún no ha presentado ni una pizca de evidencia que demuestre que esas embarcaciones estaban cargadas de narcóticos, o que las personas a bordo participaban voluntariamente en el tráfico de drogas.

La única “evidencia” que han presentado el secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido citar a la “inteligencia” estadounidense que determinó que se trataba de “narcoterroristas”. Sin embargo, no pueden — o no quieren — ni siquiera presentar las identidades de los fallecidos.

Para justificar su masivo despliegue de poder militar, la administración Trump ha alegado que lo hizo en “defensa propia”, alegando que se trata de un “conflicto armado” contra “combatientes ilegales”. Afirma que estos barcos están vinculados a una devastadora ola de fentanilo que va de Venezuela a Estados Unidos. Pero es ampliamente conocido que los componentes de esa droga se fabrican en China y el producto final generalmente se fabrica en México, por cárteles de la droga con fácil acceso a la frontera de Estados Unidos, y no en Venezuela.

Trump no ha tratado de ocultar que se vale de “emergencias” fabricadas para justificar la concentración de fuerzas en el Caribe como parte de su campaña para imponer un “cambio de régimen” en Venezuela. El 7 de agosto, poco antes del primer ataque en septiembre, Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa que el gobierno de Estados Unidos ofrece por el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El 15 de octubre, el New York Times reveló que Trump había ordenado a la CIA que iniciara operaciones encubiertas en Venezuela. “Ciertamente estamos considerando actuar en tierra firme, porque tenemos el mar muy bien controlado”, proclamó Trump. Luego, el 24 de octubre, Hegseth anunció que el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con una armada de buques de guerra, se dirigía a las aguas colindando con América Latina.

La protesta internacional contra esta campaña ha ido aumentando. Han ocurrido pequeñas protestas en Trinidad y Tobago a pesar de que el primer ministro del país, que apoya los ataques militares estadounidenses, declaró un estado de emergencia. Dos de los presuntos traficantes asesinados eran ciudadanos trinitarios, nada más que pescadores según sus familias y vecinos. Muchos de los que viven en las costas del Caribe ahora temen no poder pescar de manera segura en las aguas cercanas, y los operadores de vuelos chárter han visto una caída su negocio.

La condena a las acciones de Estados Unidos ha venido de 14 de los gobiernos caribeños de la CARICOM, así como del presidente de Venezuela y del presidente Gustavo Petro de Colombia, cuyos compatriotas han estado entre las víctimas de los ataques de Estados Unidos.

El alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, denunció los ataques aéreos y advirtió que contravienen el derecho internacional sobre los derechos humanos. Türk instó a Washington a ponerle un alto a estas operaciones “inaceptables” y evitar las “ejecuciones extrajudiciales”.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el mes pasado que se enfocó en las acciones de Estados Unidos, tanto China como Rusia condenaron los asesinatos. Rusia los llamó un ejemplo del “principio del cowboy que dispara primero” característico de Estados Unidos.

Otros gobiernos instaron a frenar la escalada de una situación que amenaza la seguridad de toda la región.

En Estados Unidos, los llamados a poner fin a la agresión contra Venezuela y los ataques militares en la región han sido parte de la creciente resistencia a las políticas nacionales e internacionales de la administración Trump. Muchos políticos liberales están preocupados. También hay muestras de preocupación entre algunos oficiales militares, como lo sugiere la inexplicable renuncia, a solo unos meses de iniciar su mandato, del almirante Alvin Holsey como jefe del Comando Sur de Estados Unidos que supervisa las operaciones en el Caribe.

Los demócratas y un puñado de republicanos en el Congreso actuaron a principios de noviembre para limitar las acciones del presidente, citando la cláusula de Poderes de Guerra de la Constitución de Estados Unidos. Pero a pesar de las grietas, incluso dentro del Partido Republicano, ese esfuerzo fracasó el 6 de noviembre cuando el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución “para ordenar el cese de las hostilidades dentro o contra Venezuela por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que no hayan sido autorizadas por el Congreso”. Con ese acto, el Partido Republicano continuó su racha ininterrumpida de aprobar prácticamente todos los actos del presidente — lo cual respalda nuevamente la inconfundible marcha de Trump hacia el gobierno de un solo hombre.

A los trabajadores no les beneficia de manera alguna promover las aventuras imperialistas de la clase gobernante de Estados Unidos en Venezuela o en cualquier otro lugar. Tampoco podemos confiar en que los liberales en el Congreso representen nuestros intereses en el ámbito internacional o nacional. Pero sí debemos aprovechar las oportunidades que se presenten para hacer sonar la alarma contra la escalada militar en la región, y unir filas en acciones de frente unido con todos aquellos que exigen el alto a esta agresión.

Es con ese propósito que publicamos los dos documentos que siguen como contribuciones importantes a este esfuerzo. El primero es una declaración del 29 de octubre de 2025 de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. El segundo es un blog de la revista London Review of Books del 3 de noviembre, que revela por qué la ejecución sumaria de presuntos narcotraficantes “tiene poco que ver con la seguridad nacional, y todo que ver con la política deshumanizante de la administración Trump, en el país y en el extranjero”.

Publicamos estos materiales para información de nuestros lectores. Los titulares, el texto y la foto que siguen son de los originales. La traducción del London Review of Books es de Panorama-Mundial.

 — Los editores de Panorama-Mundial

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Declaración de Amnistía Internacional

Los ataques aéreos de Estados Unidos en América Latina y el Caribe son asesinatos. El Congreso debe detenerlos ya

29 de octubre de 2025 — Los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, que han matado al menos a 57 personas desde principios de septiembre, son ilegales, y el Congreso debe actuar ya para impedir que el gobierno estadounidense lleve a cabo nuevos bombardeos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“En los dos últimos meses, el Comando Sur de Estados Unidos se ha enzarzado en una oleada de asesinatos al cumplir las órdenes ilegales del gobierno de Trump”, ha manifestado Daphne Eviatar, directora de Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El gobierno ni siquiera ha dado los nombres de las víctimas, ni ha proporcionado pruebas de sus presuntos delitos. Pero, incluso aunque lo hiciera, el homicidio intencionado de personas acusadas de cometer delitos que no constituyen una amenaza inminente para la vida es asesinato, y punto.”

“Hace ya tiempo que el Congreso debería haber ejercido su función de supervisión sobre la conducta ilegítima del gobierno, haber puesto fin a estos ataques aéreos ilegales y haber obligado a rendir cuentas a los responsables de estos asesinatos.”

Ni pruebas ni base jurídica

Las autoridades estadounidenses han anunciado 13 ataques aéreos en Latinoamérica hasta el momento: ocho de ellos en el Caribe y cinco en el Pacífico. El gobierno de Trump ha tratado de justificar sus acciones alegando —sin presentar prueba alguna— que los objetivos eran “narcoterroristas” dedicados al contrabando de drogas.

La interceptación de embarcaciones sospechosas de transportar drogas es una operación de cumplimiento de la ley, sujeta al derecho internacional de los derechos humanos, que dispone que todas las personas tienen derecho a la vida y a un juicio justo, y sólo permite a los Estados utilizar fuerza letal cuando exista una amenaza inminente para la vida y no baste con utilizar medios menos extremos, como la captura.

Un Estado que mate intencionadamente a alguien fuera de estas circunstancias está cometiendo un homicidio extrajudicial, una forma de asesinato, independientemente del presunto crimen que la persona en cuestión pueda haber cometido.

En el caso de estos bombardeos, el gobierno de Trump no ha proporcionado prueba alguna de que sus víctimas constituyeran una amenaza inminente para la vida humana. Incluso si las embarcaciones o los individuos estaban llevando a cabo contrabando de drogas, el mero hecho de transportarlas no constituye una amenaza inminente para la vida que pueda justificar el uso de fuerza letal.

Las autoridades gubernamentales tampoco han demostrado que no podían haber interceptado y abordado estas embarcaciones, como hace de forma habitual la Guardia Costera estadounidense. De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Estados Unidos podría haber interceptado la primera embarcación a la que atacaron, pero en lugar de eso optaron por bombardearla.

“Los ataques lanzados por el Comando Sur de Estados Unidos son acciones ilícitas de un gobierno que actúa fuera de la ley”, ha declarado Daphne Eviatar. “Si el gobierno de Trump quiere abordar la drogadicción, debe financiar plenamente programas de salud pública para su tratamiento y prevención en Estados Unidos, en lugar de volar ilegalmente embarcaciones en Latinoamérica y el Caribe. Independientemente de los crímenes cometidos por los cárteles de la droga, que las autoridades estadounidenses ejecuten a alguien a quien acusan de formar parte de uno de esos cárteles y transportar drogas es un delito en virtud del derecho tanto internacional como nacional. No pueden hacerlo en las calles de Estados Unidos, y tampoco pueden hacerlo en aguas internacionales.”

El Caribe y el Pacífico Oriental no son zonas de guerra

Las autoridades gubernamentales han alegado que Estados Unidos está “en guerra” con los cárteles de la droga, sugiriendo que el gobierno cree que las leyes de la guerra, que permiten matar a combatientes enemigos en el campo de batalla, se aplican al Caribe y el Pacífico. Ese argumento es erróneo.

Estados Unidos no forma parte de ningún conflicto armado en el Caribe o Latinoamérica. Nadie, incluidos los narcotraficantes, ha atacado a Estados Unidos de manera que justifique una respuesta militar.

Es más, el Congreso no ha autorizado el uso de fuerza militar contra los cárteles. Sin embargo, aunque el Congreso lo autorizara, estos ataques aéreos siguen siendo ilegales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

“Las leyes de la guerra sencillamente no se aplican a este caso. El Caribe y el Pacífico oriental no son zonas de guerra en las que el ejército estadounidense pueda bombardear embarcaciones que según la Casa Blanca transportan a enemigos”, ha manifestado Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El despliegue del ejército por presuntos motivos de cumplimiento de la ley es un viejo truco fallido del manual autoritario que ha dado lugar en repetidas ocasiones a graves violaciones de derechos humanos en Latinoamérica. Estos ataques aéreos transmiten además un escalofriante mensaje de aprobación tácita a otros dirigentes que traten de ejecutar extrajudicialmente a personas.”

El Congreso debe actuar

El Congreso debe hacer cuanto esté en su mano para detener estos ataques aéreos de manera que el gobierno no asesine a más personas ni en el extranjero ni en Estados Unidos.

Asimismo, debe exigir que los responsables de estos homicidios comparezcan ante la justicia, tanto los perpetradores directos como las personas que dieron las órdenes. Para ello, los legisladores deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes, que lleguen hasta las más altas instancias del gobierno estadounidense, con el fin de determinar la responsabilidad.

El presidente Donald Trump ya se ha atribuido públicamente la responsabilidad de ordenar los homicidios. Tanto él como altos cargos de su gobierno han alardeado abiertamente sobre estos ataques mientras desprecian la supervisión del Congreso y la preocupación por el derecho internacional.

“El Congreso, la población estadounidense y la comunidad internacional deberían estar haciendo sonar todas las alarmas para poner fin a esos ataques aéreos cínicos y deshumanizadores y para exigir rendición de cuentas”, ha declarado Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. “La vida humana no puede quedar a merced de los caprichos de un gobernante. Ningún presidente tiene derecho a matar arbitrariamente y sin rendir cuentas.”

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Blog de la revista London Review of Books

Asesinatos en altamar

Por A.S. Dillingham

A.S. Dillingham es el autor de Oaxaca Resurgent: Indigeneity, Development and Inequality in 20th-Century Mexico [Oaxaca Resurgente: Indigenismo, desarrollo y desigualdad en el México del siglo XX]. Él es profesor de historia en la Universidad Estatal de Arizona (ASU). El siguiente artículos fue uno de los publicados en la edición en línea del London Review of Books.

3 de noviembre de 2025 — Desde que el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas en 1971, las políticas estadounidenses de encarcelamiento masivo en el país y de la interdicción y la aplicación de la ley en el extranjero no han logrado sus objetivos declarados. En cambio, han agudizado la violencia en todo el hemisferio. Como ha señalado el historiador Alexander Aviña, la “guerra contra las drogas” se entiende mejor como una “guerra contra los pobres”. Recientemente ha entrado en una nueva fase mortal.

Durante el último mes, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado al menos once ataques contra barcos en el Caribe y el Pacífico oriental. La administración Trump ha afirmado, sin brindar pruebas, que los barcos transportaban drogas ilegales. Los ataques han matado al menos a 57 personas. Se trata de ejecuciones sumarias sin juicio. Amnistía Internacional lo ha llamado una “ola de asesinatos”.

Hace cinco años, cuando era director de estudios latinoamericanos en una pequeña universidad católica en Mobile, Alabama, un abogado local se acercó a mí en busca de ayuda como testigo experto en un caso federal de tráfico de drogas (también ayudé con la traducción). La Guardia Costera de Estados Unidos había detenido a un grupo de hombres colombianos frente a las costas de Panamá con casi una tonelada de cocaína a bordo. Fueron transportados a Florida y finalmente trasladados a un centro de detención en Alabama para ser juzgados. A cada uno se le asignó un abogado.

Cuando conocí al cliente, estaba visiblemente asustado. No había podido comunicarse con su familia desde su arresto más de seis meses antes. Nunca había tenido la intención de ingresar a Estados Unidos, pero ahora se encontraba en una celda en Alabama incapaz de comunicarse en inglés.

Nacido en un pequeño pueblo en una zona aislada del oeste de Colombia, había evitado decididamente involucrarse en el tráfico de drogas, terminó la escuela secundaria y trabajó como capitán de un barco. Había sido contratado para transportar gasolina por la costa, un comercio local ilícito pero no inusual. Sin embargo, después de la primera etapa de un viaje, hombres armados lo obligaron a subir a otro barco. Lo amenazaron a él y a su familia para asegurarse de que completara el trabajo. Su relato de que fue obligado a traficar nunca cambió, desde la cubierta del barco de la guardia costera hasta su confinamiento en Alabama.

Muchas de las 57 personas asesinadas por el ejército estadounidense en las últimas semanas pueden haber estado en circunstancias similares: hombres pobres obligados a tomar parte en el narcotráfico, ya sea por su posición económica o por amenazas directas de violencia. Otros pueden no haber estado involucrados en el tráfico de drogas en absoluto. Trump y sus funcionarios han descrito a las personas que ellos han matado como “narcoterroristas”, pero cualquier potencial evidencia ha sido destruida en los ataques. Si nuestro cliente se hubiera encontrado en un barco similar hoy en día, podría estar muerto.

Eventualmente pudimos comunicarnos con su familia por medio de WhatsApp. Hablamos con su hermana, quien compartió información sobre sus padres, sus hijos y su historial laboral. Envió documentos oficiales, transcripciones escolares y registros médicos para ayudar en el caso. Compartió videos de miembros de la familia que testificaban sobre su carácter e imágenes de su hogar.

Como más del 90 por ciento de los enjuiciamientos federales, su caso terminó en un acuerdo de culpabilidad^[1]. Durante la audiencia para dar a conocer la sentencia, compartimos su historia en la corte. Esto pareció afectar al juez. Sin embargo, las pautas federales sobre las sentencias significaban que, incluso con una defensa sólida, fue poco lo que pudimos hacer. Nuestro cliente fue sentenciado a más de diez años en una prisión federal, después de lo cual sería deportado.

Durante la audiencia, fui interrogado por el fiscal federal. Invocó una escena de la serie de Netflix llamada Narcos. Era una línea de interrogatorio inquietante: la vida de estas personas estaba en juego, y el representante del gobierno de Estados Unidos se estaba basando en una serie de televisión ficticia para defender su caso. Quizás fue una señal de lo que nos aguardaba en el futuro.

El ejército estadounidense está llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales en altamar de personas que en el pasado habrían sido juzgadas y, si de ser declarados culpables, condenadas a una pena de prisión federal. Atrás quedó cualquier apariencia respetar el debido proceso judicial, la presunción de inocencia o la ayuda de un abogado. En cambio, el autodenominado “secretario de guerra” comparte videos en las redes sociales de cada “ataque cinético letal”. El espectáculo tiene poco que ver con la seguridad nacional, y todo que ver con la política deshumanizante de la administración Trump, en el país y en el extranjero.

NOTAS

[1] Estos “acuerdos de culpabilidad” son una táctica judicial que es rutinariamente abusada por los fiscales en Estados Unidos. Consiste en imputar una larga lista de acusaciones falsas, para después negociar con el detenido ofreciéndole una sentencia más ligera a cambio de aceptar culpabilidad. Para más información consulte el artículo Sobre la negociación de la declaración de culpabilidad y las ideas prevalecientes.

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