Una vez más, la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha amenazado con enjuiciar a quienes ejercen su derecho a pronunciarse contra la política exterior de Estados Unidos.
El 16 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos emitió un “recordatorio” al público sobre las leyes a su disposición para perseguir a quienes considera que actúan al servicio de una potencia extranjera. El DOJ escribió que “si una persona actúa como agente de cualquier potencia extranjera para llevar a cabo cualquier actividad pública, incluyendo (pero no limitándose a) manifestaciones públicas diseñadas para promover la propaganda u otros objetivos de la potencia extranjera”, esa persona debe registrarse ante el gobierno federal o enfrentarse a posibles sanciones penales, incluso la prisión.
Cualquiera que esté familiarizado con la historia de Estados Unidos, especialmente el periodo inmediatamente anterior a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y las cacerías de brujas macartistas que siguieron a la guerra, reconocerá este último ataque por lo que es: un intento descarado de sembrar sospechas y miedo y de silenciar las voces disidentes.
EDITORIAL
Yendo un paso más allá, el memorando termina animando a los ciudadanos a entregar cualquier información sobre posibles violaciones al FBI o a la fiscalía local de los Estados Unidos. En otras palabras, insta a la gente a espiar y a delatar a sus vecinos, compañeros de trabajo, e incluso a familiares y amigos por las creencias que defienden.
En su comunicado de prensa, el Departamento de Justicia citó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y el Título 18 (Delitos y Procedimiento Penal), Sección 951, del Código de Estados Unidos que cubre a los “agentes de gobiernos extranjeros”.
La FARA se promulgó inicialmente en 1938, cuando el país se preparaba para intervenir en la Segunda Guerra Mundial. En 1940 fue suplementada por la infame Ley Smith (oficialmente llamada Ley de Registro de Extranjeros) y la Ley Voorhis Contra la Propaganda. La Ley Smith fue la base de unas 100 condenas entre 1941 y 1957 contra personas acusadas de sedición, incluso por el “delito” de denunciar la participación de Estados Unidos en la guerra interimperialista en Europa.[1]
Un reglamento que ‘lo abarca todo’
FARA es una ley claramente vaga y con un alcance cada vez más amplio. El boletín Lawfare la describe como “una espada de Damocles suspendida sobre amplios sectores de la sociedad civil estadounidense … sin que nadie esté del todo seguro de si podría caerles encima — o cuándo”. El gatillo más conocido del requisito para tener que registrarse como agente extranjero son las “actividades políticas”. Esto significa hacer lobby o participar en campañas electorales, pero también intentar influir en “cualquier sector del público … con la intención de formular, adoptar o cambiar la política doméstica o exterior de Estados Unidos”. Lawfare señala que esto “podría incluir la defensa pública de una organización sin fines de lucro o el artículo de noticias de algún periodista”.
Es, literalmente, una ley “que todo lo abarca”. Y se ha vuelto más amplia y con menos excepciones, y ha experimentado un aumento en su aplicación desde las elecciones presidenciales de 2016.
La intención del gobierno de difamar a sus opositores políticos por ser “amenazas a la seguridad nacional” y de empujarlos a los márgenes es evidente en su tergiversación del lenguaje de la ley que de por sí es vago. Las palabras “manifestación pública” o “protesta” no aparecen en FARA en absoluto. La palabra “propaganda” fue eliminada de la ley en 1995. Sin embargo, todo esto vuelve a aparecer en el comunicado del Departamento de Justicia, señalando claramente la trayectoria que ha tomado la administración Trump.
Otra prueba de este curso es la reciente presentación de varios proyectos de ley que buscan definir las publicaciones por correo electrónico y las redes sociales como “materiales informativos” bajo FARA. Esto causaría que el contenido de ciertas publicaciones en las redes sociales, según las interprete el gobierno, obligara a sus autores a registrarse con el Departamento de Justicia como “agentes extranjeros”.
¿’Agentes extranjeros’, ‘terroristas domésticos’, ‘conspiradores’?
Sería fácil desestimar el comunicado del DOJ como nada nuevo — órdenes ejecutivas para cada capricho que cruza la mente del presidente, informes de agencias federales culpando a terceros por los problemas que enfrenta el pueblo trabajador, disparates a medianoche en las redes sociales y comentarios de funcionarios gubernamentales cargados de amenazas e ideas absurdas. Este torrente interminable de amenazas y de ataques contra los derechos democráticos que fluye de esta administración se ha vuelto tan omnipresente que puede parecer “normal”.
Pero la amenaza es real. Si te opones al brutal e inhumano intento de Washington de someter de hambre al pueblo cubano, ¿eres un agente de La Habana? Marco Rubio, el secretario de Estado, sin duda diría que sí.
Si no estás de acuerdo con que los impuestos que pagan los contribuyentes en Estados Unidos se usen para respaldar el genocidio israelí en Gaza y Cisjordania, ¿estás bajo la dirección de un gobierno extranjero?
Si te declaras contra las bombas que caen sobre las escuelas iraníes, y expresas la opinión de que ese asalto imperialista constituye un crimen de guerra, ¿estás al servicio de Teherán?
El gobierno ya ha actuado empleando la FARA, el igualmente vago reglamento 18 USC § 951, así como sus estatutos de “terrorismo doméstico” para restringir la libertad de expresión y el derecho a protestar en contra de sus políticas. Esto incluye casos penales iniciados contra manifestantes que se oponen a ICE (mientras quedan libres los matones federales que han asesinado a inmigrantes y a sus defensores), contra estudiantes que se manifiestan en contra del desarraigo de toda una población en Palestina, y contra líderes del Movimiento por la Libertad de los 3 de Uhuru por su posición en apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.
Cada vez más, para respaldar sus acusaciones al encausar a alguien, el gobierno ha añadido cargos de “conspiración”.
Ahora la administración Trump está empleando esta herramienta contra quienes se oponen a la guerra económica de Washington contra Cuba. El estatuto 18 USC § 951 menciona específicamente a la nación isleña y a “cualquier otro país que el Presidente determine que … representa una amenaza para la seguridad nacional”.
Como esta ley se enfoca más en la recopilación de información que en influir sobre la opinión pública, a menudo incluye el amago de una acción encubierta. Esto encaja con las acusaciones de Rubio de que Cuba lidera un “imperio de espionaje” que ha capturado en su red a activistas políticos estadounidenses.
Los fiscales federales han emitido citaciones a varios opositores abiertos de la política estadounidense en el Caribe, incluyendo al Foro del Pueblo y CODEPINK. A otros les ha enviado “solicitudes” de información, especialmente a quienes han recaudado fondos para enviar ayuda humanitaria al pueblo cubano, una actividad legalmente autorizada.
¿Cómo deberían responder los trabajadores y sus aliados?
¿Qué tipo de respuesta merece este último ataque a los derechos democráticos? ¿Nos encogemos y permanecemos en silencio, compartiendo ideas controvertidas solo con un círculo de amigos de confianza? ¿O nos unimos a otros y luchamos contra este ataque a nuestras más fundamentales libertades civiles?
El patrón de intimidación y persecución es familiar, tomado directamente de un manual de más de 100 años. Pero aún no se ha concretado una respuesta por los defensores de la libertad de expresión y por los activistas políticos basada en las lecciones del pasado.
El concepto esencial de esas lecciones es comprender porqué la defensa de la libertad de expresión, de reunión, del derecho al voto y a una prensa libre no puede dejarse únicamente o principalmente en manos de los tribunales, instituciones que forman parte del mismo Estado que ahora amenaza estos derechos. Junto a una defensa legal, también debe haber una defensa política.
Eso significa una campaña de educación y divulgación por parte de una coalición de los grupos e individuos ya bajo investigación, a la que pueden unirse otros grupos que pudieran ser vulnerados: los sindicatos, las organizaciones defensoras de los derechos civiles, los veteranos contra la guerra, y otros que se oponen a las guerras de Estados Unidos, al terrorismo de ICE, y a todos los ataques contra la libertad de expresión. Sesiones de orientación, foros públicos, y otras acciones que formen parte de un frente unido pueden empezar a forjar un movimiento en defensa de las libertades civiles y que pueda defender a las organizaciones y los activistas que ahora están siendo atacados.
Ante cada ataque, sin importar las opiniones de la víctima en particular, debemos unirnos bajo el lema: “Un ataque contra uno es un ataque contra todos”.
NOTAS
[1] Entre los objetivos de esta ofensiva gubernamental se encontraban 18 miembros del Partido Socialista de los Trabajadores (SWP), muchos de los cuales habían sido líderes de las huelgas de los Teamsters en Minneapolis, Minnesota, en 1934 y otras luchas laborales. En 1941, fueron juzgados y condenados por “conspiración sediciosa” y violaciones de la Ley Smith. De hecho, fueron juzgados por sus ideas.
El libro El socialismo en el banquillo de los acusados incluye el testimonio de James P. Cannon, líder del SWP y uno de los acusados en ese juicio de 1941. Cannon y sus compañeros acusados fueron eventualmente reivindicados en agosto de 1986 cuando Thomas Griesa, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, emitió su decisión tras una demanda entablada por el SWP y la Young Socialist Alliance contra el gobierno de Estados Unidos por espionaje y disrupción. Los detalles de esa victoria por los derechos democráticos puede encontrarse en el libro en inglés Cointelpro: La guerra secreta del FBI contra la libertad política
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Categorías:Política en Estados Unidos
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Bonnie Weinstein, Co-Editor, Socialist Viewpoint, socialistviewpoint.org
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