El Departamento de Justicia recurre a cargos de “conspiración” para acallar la disidencia

Por Sandi Sherman y Bill Scheer

MINNEAPOLIS — En uno de los ataques más recientes contra la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, un gran jurado federal de esta ciudad ha imputado a 15 personas por delitos graves relacionados con las protestas contra la “Operación Metro Surge” del invierno pasado.

La “Metro Surge” fue puesta en marcha por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Desató a miles de agentes al estilo paramilitar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para aterrorizar a las comunidades de inmigrantes. Fuertemente armados, enmascarados y usando vehículos no identificados, los agentes federales invadieron las calles, deteniendo tanto a inmigrantes como a ciudadanos, violando los derechos constitucionales de los residentes y matando a dos personas.

Cientos de miles de personas se enfrentaron a estos matones mediante movilizaciones masivas y sostenidas y por medio de redes de apoyo que derrotaron políticamente la ofensiva. Los agentes de ICE no se marcharon de Minnesota y las detenciones no cesaron, pero las redadas masivas y las tácticas de terror han remitido.

La acusación formal del 16 de junio de 2026 por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) es el más reciente intento de la administración Trump de criminalizar a sus opositores. El caso pone a prueba hasta dónde pueden llegar los fiscales para fabricar una conspiración criminal basándose en chats grupales, publicaciones en redes sociales, debates sobre tácticas de protesta y esfuerzos por proteger la privacidad mediante precauciones contra la vigilancia.

Los cargos incluyen “conspiración” para obstaculizar o hacerle daño a los agentes de ICE durante la Operación Metro Surge. Otros cargos contra cuatro individuos acusados incluyen acoso interestatal, amenazas interestatales, incitación a la violencia, agresión contra agentes federales y destrucción de propiedad pública.

En la acusación, el DOJ da a entender que la mera participación en “redes de respuesta rápida” es ilegal porque estas “identifican y acosan” a los agentes federales para impedirles “desempeñar sus funciones oficiales”.

De hecho, el objetivo de las redes de respuesta rápida ha sido alertar a los miembros de la comunidad de la presencia de ICE para que los voluntarios puedan vigilar, protestar y grabar las acciones de los agentes, todas ellas actividades protegidas por la Primera Enmienda a pesar de las afirmaciones de la administración en sentido contrario.

Los fiscales alegan que los organizadores utilizaron chats cifrados de Signal, vigilaron las actividades de ICE, siguieron a sus vehículos, bloquearon calles y tomaron otras acciones coordinadas para entorpecer las operaciones de control de inmigración. Alegaron que los 15 acusados son miembros y colaboradores del grupo de protesta Direct Action Minnesota, al que describen como “antifa”, abreviatura de antifascista.

Pero la acusación no incluye cargos por lesiones a ningún agente de ICE. En realidad, durante la oleada de redadas, las lesiones físicas fueron infligidas contra los manifestantes por matones federales, y no contra agentes del Gobierno. Los agentes implicados en esos abusos y en los asesinatos de dos observadores legales nunca han sido encausados.

El delito es la “conspiración”

El fiscal federal Daniel Rosen afirmó que no importa si los acusados causaron lesiones físicas o no. Según él, eso no es lo que determina si cometieron un delito grave. El delito es la “conspiración”.

¿Las pruebas? Según la fiscalía, el acusado Isaac Auman Sant ayudó a coordinar reuniones de planificación, vigiló la actividad de las fuerzas del orden federales y reclutó a simpatizantes.

En otro caso Erik Davis, profesor del Macalester College, supuestamente envió un mensaje por Signal en el que pedía a personas con “contactos entre los dirigentes o responsables de la toma de decisiones de la AFL-CIO [que] POR FAVOR LES PIDAN QUE SE CENTREN EN WHIPPLE Y NO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD”. Whipple es la base de operaciones de ICE.

Además, la fiscalía acusa a Davis de moderar reuniones organizativas y lo tacha de anarquista. Los fiscales también alegan que asistió a una manifestación contra ICE en la que otras personas “llevaban sudaderas con la inscripción ‘Antifa’”.

“El Departamento de Justicia, convertido en arma por el régimen de Trump, está arremetiendo con la esperanza de intimidar a quienes cuestionan su corrupción, sus abusos de poder y sus ataques a nuestras libertades”, declaraba un comunicado que condenaba las acusaciones del gran jurado. El comunicado fue emitido por 50 organizaciones sindicales, religiosas y de otros tipos. Entre los sindicatos firmantes se encontraban las secciones locales de United Food and Commercial Workers (UFCW), Service Employees International Union (SEIU), la Asociación de Enfermeras de Minnesota, la Federación de Educadores de Minnesota, Education Minnesota, y la central sindical AFL-CIO de Minnesota.

“Cuando agentes federales enmascarados irrumpieron en nuestros barrios, secuestrando y haciendo desaparecer a conciudadanos de Minnesota, y violando nuestros derechos constitucionales, decidimos actuar”, señalaba el comunicado. “Dimos la voz de alarma. Estuvimos atentos. Donamos comida. Cien mil de nosotros nos manifestamos pacíficamente a treinta grados bajo cero”.

Tras la rueda de prensa de Rosen, el abogado del Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild), Bruce Nestor — que defendió a los manifestantes de Minnesota acusados a principios de este año —, condenó la última acusación formal y acusó al Departamento de Justicia de “atacar a los opositores políticos de un gobierno fascista incipiente”.

Silenciando a la disidencia

El Minneapolis Star-Tribune ya no publica editoriales, pero hizo una excepción con uno titulado “¿Podemos confiar en la acusación hecha contra los manifestantes que se oponen a ICE?”. El periódico señalaba: “La oficina de Rosen tiene un historial dudoso precisamente con este tipo de procesos judiciales”. Citaba docenas de casos que fueron desestimados por falta de pruebas o porque las pruebas contradecían las afirmaciones de ICE.

Uno de esos casos fue el de Julio Sosa-Celis, a quien le dispararon a través de la puerta de su casa. El agente de ICE implicado afirmó que había sido atacado con una pala para la nieve y una escoba antes de disparar su arma. Kristi Noem, entonces secretaria del DHS, calificó el hecho como un “intento de asesinato de un agente federal”.

Las pruebas videográficas contaban una historia diferente. Lo mismo ocurría con los testigos presenciales. La oficina de Rosen presentó finalmente una moción de desestimación, pero no reveló el nombre del agente cuya versión se desmoronó. Al final, el estado de Minnesota imputó al agente del ICE Christian Castro en relación con la agresión armada contra Sosa-Celis.

El editorial del Star Tribune señaló que la nueva acusación “plantea la cuestión de si el objetivo es la ley y el orden o acallar la disidencia”.

Un observador constitucional se refirió a este “amordazamiento” en un chat el 16 de junio. “Entiendo perfectamente la preocupación y la cautela ante las [acusaciones] de esta mañana. Pero quiero dejar muy claro: están acusando a 15 personas de estar involucradas en acciones sobre el terreno, de confrontación y obstrucción”, afirmó el observador.

“No debemos, ni podemos, reaccionar con pánico. Eso es exactamente lo que quieren ver en nosotros”, decía la publicación. Asegúrense de que su [seguridad operativa] sea rigurosa, de que sus acciones sean legales y de que quienes los rodean no pongan a nadie (incluidos los grupos en general) en peligro. Vamos a superar esto y vamos a seguir luchando por la justicia y la rendición de cuentas”.

La importancia de un enfoque disciplinado

Durante la oleada antiinmigrante, los autores de este artículo formaban parte de redes contra ICE que se tomaban muy en serio el enfoque disciplinado. Los observadores constitucionales coordinaban las respuestas a través de chats seguros. Los organizadores hacían hincapié en que nuestro papel consistía en observar, documentar y recabar información de los inmigrantes que estaban siendo detenidos, información que ayudaría a notificar a sus seres queridos y a obtener asistencia jurídica. Tuvimos especial cuidado en evitar cualquier interferencia física con los agentes de inmigración. Los participantes recibieron entrenamiento para actuar de manera disciplinada incluso en situaciones muy cargadas de emotividad.

La importancia de este enfoque disciplinado se puede apreciar en un vídeo que Rosen utilizó para anunciar los recientes cargos. El clip, publicado en las redes sociales, muestra al acusado Kyle Wagner diciendo: “Ya no estamos hablando de una protesta pacífica” e instando a la gente a “coger sus jodidas armas y detener a esta jodida gente”.

Wagner, visiblemente angustiado, publicó el vídeo tras el asesinato a sangre fría, el 24 de enero de 2026, de Alex Pretti, quien fue sujetado por varios agentes de ICE mientras le disparaban diez balas. La escena se hizo viral durante los días siguientes, apenas dos semanas después de que Renee Good, otra observadora legal, fuera abatida a tiros por un agente del ICE.

Aunque comprensibles, las reacciones emocionales como la de Wagner pueden darle al Gobierno una excusa para difamar a los manifestantes y ganar respaldo público para sus falsas acusaciones políticas. En este caso, el Gobierno no ha aportado ninguna prueba de que Wagner haya agredido jamás a agentes federales, y mucho menos de que haya utilizado armas; son sus palabras lo que se presenta como prueba de culpabilidad.

Algunos manifestantes, entre ellos Pretti, han portado armas registradas legalmente. Pero en el entorno político actual, llevar armas a manifestaciones legales no ofrece protección. Al contrario, aumenta el riesgo tanto para los propietarios de las armas como para las personas que los rodean. La presencia de armas también puede disuadir a quienes, de otro modo, participarían en este tipo de acciones.

No hay derecho a la autodefensa ante un gran jurado

La administración Trump ha abusado cada vez más del sistema judicial, incluyendo los grandes jurados, como arma de represalia contra quienes considera enemigos políticos. Los grandes jurados están intrínsecamente sesgados en contra de los acusados, que no tienen derecho a contar con un abogado en la sala ni a defenderse ellos mismos.

A principios de este año, los fiscales federales lograron su primera condena por terrorismo “antifa” en el caso Prairieland, en el norte de Texas. En ese caso, 16 acusados se enfrentaban a cargos federales y estatales tras un tiroteo no mortal perpetrado por uno de los manifestantes durante una manifestación “No a ICE” celebrada el 4 de julio de 2025.

En Spokane, Washington, tres activistas fueron condenados por cargos de conspiración derivados de una manifestación contra ICE.

Más recientemente, en Chicago, se archivó la acusación de un gran jurado contra manifestantes que se oponen a ICE, los “Seis de Broadview”, después de que salieran a la luz múltiples violaciones graves por parte de la fiscalía. Cuando el juez y los abogados defensores exigieron ver el testimonio completo ante el gran jurado, y no la versión censurada utilizada para encubrir las violaciones, el Gobierno actuó rápidamente para “archivar con perjuicio” los cargos y pagar todos los costos judiciales de aquellos a quienes habían intentado incriminar.

La persecución de los manifestantes por parte de la Administración Trump va más allá de los activistas que se oponen a ICE. A principios de este año, el Departamento de Justicia presentó cargos por fraude y blanqueo de capitales contra la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center, en relación con los esfuerzos del grupo por vigilar a los supremacistas blancos y otros extremistas de derecha. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también ha detenido y ha intentado deportar a varios estudiantes que participaron en protestas a favor de Palestina.

Una campaña de recaudación de fondos para los 15 acusados de Minnesota ha recaudado hasta ahora más de 322 mil dólares para cubrir los gastos legales. Pueden hacerse donaciones aquí.

A la luz de esta oleada de cargos falsos para tratar de incriminar a la gente, es imperativo que todos los defensores de los derechos democráticos reconozcan y actúen según el principio de que un ataque contra uno es un ataque contra todos, independientemente de cualquier desacuerdo sobre las tácticas utilizadas durante las protestas contra ICE. Debemos unirnos en defensa de los acusados y exigir: ¡Defendamos la libertad de expresión! ¡Defendamos el derecho a manifestarse! ¡Retiren los cargos ya!

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