Las redadas antiinmigrantes son menos visibles pero igual de mortales: los arrestos se duplican a 2 mil diarios

Por Yvonne Hayes y Duane Stilwell

El 7 de julio de 2026 agentes de inmigración de Estados Unidos añadieron otro nombre a la lista de personas que han matado a tiros.

Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que había vivido del lado estadounidense de la frontera durante 35 años, iba camino al trabajo a un sitio de construcción en Houston, Texas, con tres compañeros de trabajo, entre ellos su hermano menor. El video muestra a dos autos sin distintivos siguiendo a su camioneta blanca.

Minutos después, según funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Salgado Araujo “usó su vehículo como un arma” contra un agente de ICE y fue baleado por el oficial actuando en “defensa propia”. Salgado Araujo murió camino al hospital. Sus compañeros de trabajo están todos en detención.

Casi de inmediato la familia Salgado y grupos de derechos civiles pidieron una investigación independiente, diciendo que no confiaban en que el gobierno federal dijera la verdad dado su historial en otros casos. El testimonio de los compañeros de trabajo de Salgado Araujo — los únicos testigos conocidos hasta ahora — que surgió en los medios tres días después del asesinato, apoyó las sospechas de la familia. Sus declaraciones hicieron que la historia de los matones de ICE comenzara a desmoronarse.

La defensa del “vehículo como un arma” no es nueva. En múltiples casos de tiroteos — incluyendo el asesinato de la ciudadana estadounidense Renee Good mientras actuaba como observadora legal de las acciones de ICE en Minnesota — los agentes han citado el “comportamiento agresivo” del conductor como justificación para sus acciones. En varios casos, esas acusaciones se han derrumbado bajo el escrutinio, a menudo con la ayuda de pruebas en video.

Durante una parada de tránsito en Texas en marzo de 2025, un agente de ICE mató a tiros a Ruben Ray Martínez, otro ciudadano estadounidense de 23 años. El involucramiento de ICE en su muerte solo se reveló un año después. Funcionarios afirmaron que Martínez había atropellado “intencionalmente” a un agente federal, pero el video pintó un panorama más complicado.

En el caso de Salgado Araujo, la evidencia disponible públicamente en video presenta vacíos, incluso en el momento del tiroteo. Los agentes federales no llevaban cámaras corporales.

La noche después de su asesinato la gente de la comunidad donde vivía Salgado Araujo inundó la calle residencial donde el trabajador de la construcción fue abatido.

En el East End de Houston, un vecindario predominantemente latino, los residentes fueron acompañados por varios miembros de la cámara de representantes de Estados Unidos y por defensores de los inmigrantes, pidiendo que ICE abandonara el estado. Durante una vigilia a la luz de las velas, la gente dejó veladoras, peluches y notas en un memorial en honor a Salgado Araujo en la cercana calle Canal.

El relato oficial comienza a desmoronarse

Ahora, días después de que ICE afirmara que Salgado Araujo intentó “atropellar a un oficial de la ley de ICE”, la versión oficial se está desmoronando.

El 10 de julio, The Washington Post informó que abogados habían estado en contacto con los tres compañeros de trabajo de Salgado Araujo que estaban en la camioneta. Refiriéndose a la acusación de que el trabajador de la construcción intentó embestir a los oficiales con su vehículo, José Trinidad Rojas, de 51 años, uno de los tres, escribió a mano en un comunicado: “Eso es una mentira… Es imposible que digan que los iban a atropellar… No había oficiales frente ni detrás del vehículo. Estaban a los lados”.

El abogado Hugo Balderas-Ibarra entrevistó a Rojas; a Daniel Tirado Pantoja, 43; y al hermano de la víctima, Víctor Salgado, de 44 años, cada uno por separado. El abogado dijo que escuchó la misma historia de los tres. “Todos ellos reiteraron que nunca hubo agentes de ICE frente a la camioneta”, dijo Balderas-Ibarra. “Llegaron y empezaron a disparar desde los costados”.

Los tres hombres no están siendo alojados juntos, dijo el abogado. Todos ellos son inmigrantes mexicanos indocumentados que ahora enfrentan procedimientos de deportación.

La muerte a tiros de Salgado Araujo es la décima en el último año y medio. Desde que regresó al cargo en 2025, el presidente estadounidense Donald Trump ha desatado un ejército de matones de ICE para cumplir su promesa de llevar a cabo “la mayor operación de deportación doméstica” en la historia de Estados Unidos. Cinco de esas muertes ocurrieron entre los 21 incidentes que se han reportado de agentes de ICE disparando contra vehículos. En ese mismo periodo, al menos 52 inmigrantes han muerto bajo la custodia de ICE.

Estos actos de alto perfil con miles de matones enmascarados y con botas blandiendo armas y gas pimienta que caracterizaron la Operación Metro Surge en Minnesota a principios de este año, así como en operaciones en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades, se han moderado ante una resistencia masiva.

Sin embargo, las detenciones de ICE han aumentado en los últimos meses. The New York Times informó el 1 de julio que los agentes de inmigración habían realizado 10 mil arrestos en los cinco días previos, reflejando el promedio diario de 2 mil que la Casa Blanca le ha exigido a ICE como el “estándar en la aplicación de la ley”.

Los efectos de estas operaciones se están observando en todo Estados Unidos y más allá de sus fronteras.

“En Puerto Rico, una pastora dijo haber visto a agentes federales desplegar tácticas cada vez más agresivas contra inmigrantes negros y de piel más oscura, entre ellos muchos de Haití, quienes recientemente han visto revocadas sus protecciones humanitarias”, informó el New York Times el 10 de julio.

“Aunque dicen que la Operación Midway Blitz ha terminado, no ha terminado”, dijo Berto Aguayo, un abogado de Chicago, refiriéndose a las redadas migratorias del verano pasado en esa ciudad. “Estamos en solidaridad con Texas exigiendo justicia”. Las operaciones de ICE han incluido cada vez más el secuestro de inmigrantes en los juzgados y los edificios gubernamentales mientras se presentan para registros programados y entrevistas, y en paradas de tráfico.

Los objetivos de estas operaciones no son “los peores de los peores”, como afirma la administración Trump. De hecho, los datos oficiales muestran que los arrestos de personas con condenas penales en Houston, por ejemplo, cayeron de un promedio de aproximadamente 61% bajo la administración Biden a 39% bajo Trump.

Sin embargo, estos números son engañosos. Aparte de infracciones menores de tránsito, muchos de estos “delitos” son simplemente el acto de entrar a Estados Unidos sin papeles. Quienes de otro modo cumplen con la ley están incluidos en las estadísticas si han sido detenidos previamente por cruzar la frontera sin documentación.

Por supuesto, muchos inmigrantes cruzan varias veces para seguir cuidando a su familia al otro lado de la frontera, y por eso se les etiqueta como “delincuentes”.

La política del gobierno de Estados Unidos está diseñada para ayudar con la superexplotación de los trabajadores inmigrantes. Utilizando exportaciones de capital financiero con intereses muy altos en lucrativas inversiones diseñadas para saquear la riqueza de los países semicoloniales, y valiéndose de un comercio desigual y otras herramientas similares, Washington fomenta condiciones de precariedad en los países de origen de estos trabajadores — como México — obligándolos a migrar en busca de una vida mejor.

La política migratoria de Estados Unidos entonces obliga a estos trabajadores a cruzar la frontera sin papeles, para que puedan ser una fuente reemplazable y barata de mano de obra en Estados Unidos. Si estas personas trabajadoras tuvieran acceso a vías legales para venir a Estados Unidos en busca de empleo, la mayoría no arriesgaría su vida para cruzar ilegalmente la frontera.

La mayoría de las personas atrapadas en estas redadas son trabajadores como Salgado Araujo — muchos con cónyuges o hijos que son ciudadanos estadounidenses — tratando de obtener su green card o ciudadanía. Son secuestrados por ICE por hacer justo lo que el gobierno afirma que los inmigrantes deben hacer: valerse de los canales legales. Los trabajadores sin antecedentes penales constituyen la mayor parte de los más de 70 mil que ahora están detenidos por ICE en todo el país.

‘Mi padre no debería ser solo un titular’

En una conferencia de prensa al día siguiente del tiroteo, Ronaldo Salgado, un maestro, dijo sobre su padre: “No merecía morir. No merecía ser reducido a un titular de ‘hombre mexicano asesinado a tiros por ICE’”.

“Después de casi 35 años trabajando para darnos el sueño americano, tomó la decisión de comenzar el proceso para obtener su sueño americano mediante un permiso de trabajo”, dijo Ronaldo Salgado. “Hicimos todo al pie de la letra, llenamos cada documento, asistimos a cada cita. Estaba cerca de obtener su estatus legal”.

Salgado Araujo se sometió a un escaneo biométrico y a tomas de huellas a principios de este año, dijo su hijo, y estudió cuidadosamente qué debía hacer si ICE lo llegara a detener.

“Si mi padre hubiera visto un emblema de ICE o un emblema que dijera algo sobre una agencia de la ley, mi padre hubiera cumplido”, continuó Ronaldo Salgado. Concluyó que si se estaba tratando de alejarse, probablemente era porque temía que le robaran sus herramientas.

La indignación por este asesinato y los asesinatos que los agentes de ICE siguen cometiendo está creciendo en la comunidad latina y más allá.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), fundada en 1929, es la organización latina de derechos civiles más antigua, con más de 500 consejos en todo el país. LULAC lanzó una petición exigiendo una “investigación totalmente transparente” sobre el tiroteo por parte de ICE. Ya ha reunido más de 168,000 firmas.

El 11 de julio, la Coalición de Latinos e Indígenas de Arizona (LICA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado de prensa que declaraba: “Exigimos que toda evidencia disponible, incluyendo videos de vigilancia, comunicaciones por radio, declaraciones de testigos y grabaciones de cámaras corporales (si existen), se preserve y se haga pública. Exigimos una investigación completa e independiente. Exigimos se den a conocer públicamente los nombres de los agentes de ICE involucrados en este uso injustificado y atroz de la fuerza, y que sean enviados de vuelta a Houston para enfrentar las consecuencias legales de sus acciones imprudentes en un tribunal de justicia”.

El 9 de julio, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, anunció que su oficina se compromete a investigar el tiroteo fatal, pero advirtió que los fiscales locales enfrentan dificultades para acceder a las pruebas, según The Texas Tribune.

“Desafortunadamente, en este momento,” publicó Teare en su cuenta X, “las autoridades federales continúan manejando exclusivamente todos los aspectos de este caso. Permítanme ser claro: la familia del Sr. Salgado Araujo y nuestra comunidad merecen la verdad. Insto a cualquier persona que tenga videos, fotos o testimonios presenciales sobre el tiroteo del martes en la cuadra 6800 de Canal Street que los presente”.

Teare también ha estado en contacto con la oficina del fiscal del condado de Hennepin, Minnesota, que inició investigaciones sobre los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti por agentes federales de inmigración a principios de este año. “Nadie está más familiarizado con este tipo de situaciones que ellos”, dijo.

Gobierno mexicano presentará denuncias penales

Sumando su voz a los llamados por que se haga justicia, el gobierno mexicano anunció que planea presentar denuncias penales en Estados Unidos por los ciudadanos mexicanos que hayan muerto bajo custodia migratoria o por ser blanco de operaciones contra la inmigración. Catorce ciudadanos mexicanos han muerto bajo la custodia de ICE. Tres más murieron en operaciones de arresto realizadas por la agencia.

Citando repetidos intentos fallidos de dialogar con Washington por canales diplomáticos, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, dijo: “Vamos a ir más allá del ámbito diplomático y acudir directamente a los fiscales estadounidenses para presentar quejas sobre estos incidentes, solicitando que sean investigados como asuntos penales”. Agregó que México también presentará demandas civiles contra empresas privadas que operan centros de detención migratoria en Estados Unidos.

El asesinato de Salgado Araujo llega tras un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre cambios radicales en las vías legales que permiten a los inmigrantes obtener las tarjetas verdes que les permiten vivir y trabajar en Estados Unidos. El gobierno ha dicho que, con pocas excepciones, los solicitantes deben regresar a sus países de origen para solicitar permisos de trabajo y residencia. A menudo esto significa separar familias indefinidamente.

Mientras tanto, decenas de miles de haitianos, sirios y otros refugiados — que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos bajo Estatus de Protección Temporal (TPS) — ahora enfrentan una posible deportación a los países de los que huyeron porque sus vidas estaban en peligro. El DHS — respaldado por la Corte Suprema — ha cancelado ese estatus en muchos casos o está permitiendo que expire.

La administración Trump también ha reducido drásticamente las cuotas migratorias para refugiados. El límite originalmente establecido para este año fue de 7,500, frente a 125 mil en el último año de Biden en el cargo. Al cierre de mayo de 2026, se habían admitido 6,688 refugiados, todos menos tres son sudafricanos blancos. La administración ha aumentado ese límite a 10 mil, citando la necesidad de permitir la entrada de más sudafricanos blancos porque supuestamente están siendo perseguidos en su país de origen.

El gobierno también está señalando cada vez más a quienes defienden los derechos de los inmigrantes, desde ciudadanos involucrados en defender a sus vecinos hasta una jueza de Wisconsin que le permitió a un inmigrante indocumentado usar una salida segura de su sala mientras agentes federales esperaban afuera.

Duane Stilwell, miembro de LULAC, informa desde Phoenix, Arizona. Yvonne Hayes informa desde Albuquerque, Nuevo México.

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