A continuación presentamos la segunda parte del resumen ejecutivo del Proyecto de Eliminación: El Desmantelamiento Sistemático por Israel de la Vida Colectiva Palestina en Cisjordania. El informe fue publicado en inglés por B’Tselem el 14 de septiembre de 2026.
Fundada en 1989, B’Tselem es una organización israelí independiente que documenta violaciones a los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel: Gaza y Cisjordania. La organización tiene su sede en Jerusalén y una oficina en Washington, DC, conocida como B’Tselem USA.
“El proyecto sionista-israelí demuestra las características clave del colonialismo de asentamientos: establecer la soberanía judía-israelí en un espacio habitado por una población palestina autóctona, mientras socava la existencia palestina mediante la marginación, la expulsión, el despojo y la fragmentación”, explica el informe de B’Tselem.
“Definir el proyecto sionista-israelí como colonialismo de asentamiento no niega los vínculos históricos, religiosos y culturales de los judíos con ese espacio, la presencia continua de una comunidad judía en él, ni la larga historia de persecución, desplazamiento y violencia contra los judíos. La cuestión que se plantea con respecto al proyecto sionista-israelí no es si existe un vínculo judío con ese territorio, sino las formas en que el proyecto sionista trató de establecer una soberanía judía-israelí exclusiva en un territorio donde han vivido y siguen viviendo los palestinos”.
Panorama-Mundial ha cubierto recientemente algunos de estos temas en Israel no está debatiendo un Estado Palestino, está preparándose para expulsarlos y La limpieza étnica de Cisjordania sigue avanzando.
Sin embargo, el informe de B’Tselem ofrece un esquema más completo e histórico del esfuerzo sistemático del gobierno de Israel y de todo su aparato represivo para eventualmente evacuar a todos los palestinos de los territorios ocupados, y quizás incluso de Israel propiamente dicho.
Publicamos el informe que sigue para la información de nuestros lectores. El titular, subtítulo y texto a continuación son del original. Las fotos y la traducción son de Panorama-Mundial. Debido a su extensión, publicamos el resumen ejecutivo de este informe en dos partes, la segunda de las cuales sigue.
— Los editores de Panorama-Mundial
*
(Esta es la segunda de dos partes. La primera puede encontrarse en la Parte 1.)
El Proyecto de Eliminación
El desmantelamiento sistemático de la vida colectiva palestina en Cisjordania por parte de Israel
Septiembre de 2026
Resumen ejecutivo (Parte 2)
Las restricciones de movimiento
La capacidad de desplazarse en el espacio es una condición previa para la vida social, económica, familiar y política. Cuando una persona no puede acceder a sus tierras, a un hospital, al trabajo, a la escuela o a la ciudad más cercana, la propiedad de la tierra o la existencia de instituciones y servicios sociales pierden parte de su importancia práctica.
El sistema de control israelí sobre la circulación palestina se sustenta en una infraestructura de larga data: puestos de control entre Cisjordania e Israel, Jerusalén Este y Jordania; puestos de control internos dentro de Cisjordania; puertas de acceso a las comunidades palestinas; la barrera de separación; carreteras de circunvalación; carreteras prohibidas o restringidas al tráfico palestino; un sistema de permisos; órdenes militares; y diversos tipos de obstáculos físicos.
En conjunto, todo ello ha creado un espacio palestino fragmentado y discontinuo en el que la circulación de los palestinos depende de permisos y de las decisiones de los soldados, otras fuerzas armadas, funcionarios y, en ocasiones, también de los colonos.
Desde octubre de 2023, Israel ha utilizado esta infraestructura de forma más intensiva, arbitraria y violenta. Según datos de B’Tselem, entre octubre de 2023 y junio de 2026, Israel estableció más de 200 nuevos puestos de control y bloqueó el acceso de decenas de comunidades palestinas a las carreteras principales, así como a las carreteras que conectan entre sí las comunidades palestinas.
Estas barreras se abren y se cierran sin previo aviso, los trayectos cortos se alargan durante horas y la gente no sabe si llegará al trabajo, al colegio o a recibir atención médica, ni si podrá regresar a casa. Israel ha revocado todos los permisos que permitían a los palestinos entrar en zonas situadas dentro de la Línea Verde.
Además de los cierres oficiales, los colonos bloquean las carreteras, amenazan a los conductores y atacan a los palestinos que circulan por ellas, y en ocasiones presionan al ejército para que cierre las vías de tráfico palestinas.
El control de la circulación opera en dos direcciones complementarias: fragmenta el espacio palestino en enclaves y comunidades aisladas que dependen de accesos, pasos fronterizos, permisos y caminos alternativos en mal estado, al tiempo que garantiza la contigüidad territorial israelí mediante carreteras e infraestructuras al servicio de los israelíes. Las restricciones a la circulación están directamente vinculadas al despojo.
Cuando los agricultores no pueden acceder a sus tierras, los pastores no pueden llegar a las zonas de pastoreo, los trabajadores no pueden llegar a sus lugares de trabajo y los estudiantes, profesores o equipos médicos no pueden llegar a sus destinos, las restricciones de movimiento también perjudican los medios de vida, la salud, la educación, los vínculos sociales y la capacidad de permanecer y trabajar en la tierra. A menudo, la denegación del acceso a la tierra crea las condiciones para que Israel se apropie de ella. Por lo tanto, una carretera bloqueada o una verja cerrada no son meramente una restricción de movimiento, sino un instrumento al servicio del mecanismo de despojo y eliminación.
Estrangulamiento económico
El estrangulamiento económico de los palestinos en Cisjordania perjudica las condiciones materiales que les permiten ganarse la vida, mantener un hogar, cultivar la tierra, estudiar, recibir tratamiento médico y planificar el futuro. Se manifiesta en la pobreza, el desempleo y un descenso significativo del nivel de vida. Pero también funciona como mecanismo de control y presión sostenida, lo que aumenta la dependencia de la sociedad palestina respecto al dominio israelí.
Desde 1967, Israel ha restringido el desarrollo económico independiente de los palestinos, ha canalizado la mano de obra palestina hacia el mercado laboral israelí, ha controlado los recursos y los pasos fronterizos, y ha impedido el desarrollo independiente de las infraestructuras, la industria y el comercio.
La división de Cisjordania en las zonas A, B y C, en virtud de los Acuerdos de Oslo, dejó la mayor parte de las tierras, los recursos naturales y las fuentes de agua bajo control israelí. Los acuerdos también dejaron a Israel al mando de las perspectivas de desarrollo e independencia de la economía palestina, al mantener el control sobre las importaciones y exportaciones, así como sobre ámbitos políticos que afectan directamente a la economía palestina.
Desde octubre de 2023, Israel ha aprovechado esta dependencia de forma más agresiva. Ha revocado casi todos los permisos que permitían a los palestinos de Cisjordania trabajar dentro de la Línea Verde, privando a más de 140 mil personas de su principal fuente de sustento.
La tasa de desempleo, que se situaba en el 13.1 % en 2022, se disparó hasta superar el 31.3 % en 2024. Las dificultades económicas obligaron a algunos a arriesgarse a entrar en zonas dentro de la Línea Verde sin permiso, exponiéndose a ser detenidos e incluso a perder la vida: entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2026, al menos 26 trabajadores palestinos perdieron la vida al intentar cruzar la Barrera de Separación para ir a trabajar.
Al mismo tiempo, Israel aumentó los retrasos y las deducciones de los ingresos fiscales que recauda en nombre de la Autoridad Palestina, lo que merma la capacidad de esta para pagar salarios y prestar servicios básicos. El control israelí sobre el sistema financiero palestino, el agua, la energía, el suelo y las infraestructuras le permite ejercer una presión sostenida que perjudica tanto a los hogares como a las empresas y a las instituciones palestinas.
Durante años, Israel ha impedido el desarrollo independiente palestino de las infraestructuras hídricas y la producción de energía, al tiempo que ha dañado las infraestructuras existentes y las iniciativas locales para desarrollar fuentes de energía alternativas. El daño económico también se inflige a través de otros ámbitos de la “eliminación”: las restricciones de movimiento impiden el acceso a los lugares de trabajo y a los mercados; la violencia ejercida por el ejército y las milicias de colonos impide el acceso a las tierras de cultivo, las zonas de pastoreo y las fuentes de agua; y la apropiación territorial bloquea el desarrollo palestino.
Para muchas familias las tierras de cultivo, los olivos, los viñedos y los rebaños no son solo fuentes de ingresos, sino también una red de seguridad económica, un vínculo intergeneracional con la tierra y una base para la vida comunitaria. El arrancar árboles, robar rebaños y mantener a los agricultores alejados de sus tierras no solo perjudica los ingresos inmediatos. Estas acciones socavan los conocimientos agrícolas tradicionales y el apego a la tierra, y rompen los cimientos de una vida construida a lo largo de generaciones, minando la capacidad de permanecer en la tierra.
El estrangulamiento económico se extiende desde los hogares hasta las instituciones y los servicios que sostienen la sociedad. Cuando las familias no pueden comprar alimentos, saldar sus deudas o enviar a sus hijos a la escuela, y cuando los sistemas de educación, salud y bienestar se ven obligados a funcionar con recortes presupuestarios crónicos, se reduce la capacidad de la sociedad palestina para mantener la continuidad institucional, la resiliencia comunitaria y las perspectivas de futuro para la próxima generación. El estrangulamiento económico, por lo tanto, no es meramente un efecto secundario del control; es un mecanismo utilizado para desmantelar la existencia palestina.
Destrucción social y política
La destrucción social y política socava las instituciones, las relaciones y los espacios que permiten a los palestinos organizarse, representarse a sí mismos, preservar el conocimiento y la memoria, y actuar en pro de un futuro común. Desde 1967, Israel ha impuesto un régimen militar a los palestinos de Cisjordania que prohíbe o restringe casi todas las formas de actividad política palestina independiente.
Mediante órdenes militares y legislación, Israel proscribe las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos políticos, cierra instituciones, impide las manifestaciones, detiene a activistas políticos y tilda de “terroristas” o acusa de “incitación” a partidos políticos, movimientos juveniles, comités populares, organizaciones de la sociedad civil, grupos estudiantiles, periodistas y defensores de los derechos humanos. Entre 1967 y 2019, Israel proscribió a más de 411 organizaciones políticas, entre ellas todos los principales partidos políticos palestinos.
Desde octubre de 2023, Israel ha intensificado su ataque contra toda forma de organización, protesta y expresión. Israel ha detenido a funcionarios electos, activistas, académicos, estudiantes y periodistas; ha realizado redadas en las oficinas de las ONG; ha restringido las manifestaciones y las protestas no violentas; y ha ampliado la vigilancia y las detenciones por las publicaciones en las redes sociales.
La participación en actividades partidistas o estudiantiles, la organización de una manifestación, la documentación de violaciones de los derechos humanos e incluso el apoyo a las víctimas de la violencia pueden dar lugar a la detención, el encarcelamiento y daños a los activistas y sus familias. De este modo, el encarcelamiento no solo sirve para castigar a las personas, sino también para disuadir a la población y restringir la posibilidad de acción colectiva.
La represión de las manifestaciones y el uso habitual de métodos violentos y, en ocasiones, letales para dispersarlas, ha sido durante años una de las principales formas en que Israel ha socavado la organización palestina. En los siete meses transcurridos entre el 7 de octubre de 2023 y mediados de mayo de 2024, las fuerzas israelíes mataron al menos a 28 palestinos, entre ellos 11 menores, en manifestaciones o en eventos relacionados.
En comparación, esta cifra representa casi la mitad del número de palestinos que las fuerzas israelíes mataron en manifestaciones durante los 13 años anteriores a octubre de 2023. La intensificación de la violencia y la oleada de detenciones afectaron también a los organizadores de las protestas y a destacados activistas, lo que provocó, a lo largo de 2024, el declive de las manifestaciones que se habían celebrado durante años en pueblos y ciudades de toda Cisjordania.
El ataque se dirige también contra los espacios en los que se crea y se preserva la vida en común: escuelas, universidades, centros culturales y religiosos, archivos, la prensa e instituciones comunitarias.
Las redadas, las restricciones de movimiento y las dificultades económicas obligan a las instituciones educativas a reducir las horas lectivas o a cesar por completo su actividad; los ataques contra periodistas y equipos de documentación limitan la capacidad de informar sobre lo que está sucediendo; y la campaña de Israel contra la UNRWA, que incluyó, entre otras cosas, la promulgación de dos leyes que prohíben o restringen las operaciones de la agencia, perjudica no solo a los servicios esenciales que la UNRWA presta a los refugiados, sino también a uno de los marcos institucionales fundamentales que preservan la condición de refugiado y la memoria política e histórica de Palestina.
En el espacio público, a esto se suma la eliminación de los símbolos palestinos y la saturación del paisaje con símbolos israelíes. Las banderas palestinas son retiradas de los hogares, las instituciones y los espacios públicos, a veces mediante violencia y detenciones. Al mismo tiempo, se colocan decenas de miles de banderas israelíes a lo largo de las carreteras y en las entradas de las comunidades palestinas. El control sobre los símbolos no es trivial: expresa una reivindicación de exclusividad sobre el espacio, la historia y la identidad política permitida en su seno.
Incluso en estas condiciones, la vida política y social palestina persiste. Los palestinos siguen organizándose, documentando, enseñando, escribiendo, interponiendo acciones legales, preservando la memoria, defendiendo su tierra, manteniendo instituciones y reconstruyendo espacios comunitarios. Esta continuidad subraya que la eliminación no es un hecho consumado, sino un proceso continuo desplegado contra un colectivo que sigue existiendo y resistiéndose.
La limpieza étnica y la apropiación territorial
La forma en que Israel se apropia del espacio y las crecientes muestras de limpieza étnica en Cisjordania son las expresiones más claras de las dos dimensiones de la eliminación colonial: desmantelar, por un lado, las condiciones para la existencia palestina en el territorio, mientras que, por otro, se establece un espacio israelí contiguo e institucionalizado.
Desde 1967, Israel se ha apoderado de más de dos millones de dunams [1 dunam = 0,1 hectáreas], más de un tercio de Cisjordania, mediante una serie de mecanismos jurídicos, urbanísticos y administrativos: declaraciones de “tierras estatales“, “zonas militares cerradas”, “zonas de tiro”, reservas naturales y yacimientos arqueológicos; restricciones urbanísticas y de construcción; la demolición de viviendas e infraestructuras; el establecimiento de asentamientos; y la construcción de carreteras e infraestructuras que conectan los asentamientos con Israel.
Se trata supuestamente de medidas diferentes, justificadas por motivos distintos, pero en su conjunto reducen el espacio vital palestino y amplían el espacio disponible para los judíos israelíes.
Paralelamente a la vía oficial y burocrática, las milicias de colonos operan desde granjas y puestos de avanzada que reciben presupuestos, equipamiento, infraestructuras y protección militar. El establecimiento de granjas y puestos de avanzada permite que un pequeño número de colonos armados actúe desde ellos como milicias y se apodere de vastas áreas en poco tiempo: bloquean carreteras, impiden el acceso a zonas de pastoreo y fuentes de agua, atacan a los residentes, causan daños a la propiedad y a los rebaños, y recurren al ejército y a la policía contra las comunidades palestinas.
En julio de 2026, Israel había tomado el control de más de 1 070 000 dunams a través de estas milicias, lo que equivale al 18% de Cisjordania. Entre 2023 y 2025, se establecieron 185 nuevos asentamientos, de los cuales aproximadamente 130 eran asentamientos agrícolas.
La violencia, la denegación del acceso a la tierra, la demolición de viviendas e infraestructuras, y la falta de protección crean un entorno coercitivo en el que las comunidades palestinas no pueden permanecer en sus tierras. En junio de 2026, esta apropiación había provocado la expulsión de 64 comunidades de pastores palestinos de sus hogares y la expulsión parcial de otras 15. Dicho traslado forzoso no siempre requiere una expulsión física directa; también se produce cuando el Estado o los actores que operan bajo su protección hacen imposible la vida en un lugar.
Cuando este patrón tiene como objetivo expulsar a un grupo étnico o nacional concreto de una zona, se suele describir como “limpieza étnica”. En Cisjordania, este patrón reduce la presencia palestina, amplía la presencia judío-israelí y rompe la continuidad de la vida palestina al empujar a los palestinos hacia enclaves.
Otra forma de desplazamiento y toma de control se observa en los campos de refugiados del norte de Cisjordania. Desde enero de 2025, el ejército ha desplazado de sus hogares a unos 33 mil residentes de los campos de refugiados de Jenin, Tulkarm y Nur Shams. Ha destruido edificios e infraestructuras, ha declarado que mantendrá su control sobre los campos por el momento y ha impedido el regreso de la mayoría de los residentes.
Este desplazamiento forma parte de una transición hacia una nueva fase de acción militar de mayor envergadura y más agresiva en los campos de refugiados y otras zonas residenciales densamente pobladas de toda Cisjordania.
La expulsión de la tierra es también una expulsión del hogar, de la comunidad, de la escuela y de los medios de subsistencia. Una vez que una comunidad es desplazada, sus tierras se convierten en terrenos de pastoreo para las granjas de los colonos; se cierran las vías de acceso, se establece infraestructura israelí en su lugar y la presencia palestina queda borrada del paisaje.
En ocasiones, los palestinos permanecen a poca distancia de sus tierras, pero sin posibilidad alguna de recuperar el modo de vida, los medios de subsistencia y la comunidad que allí existían. La limpieza étnica y la apropiación territorial son el resultado de la acción combinada de los otros cuatro ámbitos, al tiempo que refuerzan sus efectos. La pérdida de tierras daña la contigüidad territorial, la base económica y el tejido comunitario, lo que reduce aún más la posibilidad de mantener la vida palestina en ese espacio a lo largo del tiempo.
Las implicaciones jurídicas del ‘proyecto de eliminación’ en Cisjordania
El “proyecto de eliminación” no es una categoría jurídica independiente, sino un término que describe la importancia cumulativa del régimen de apartheid junto con las políticas y actos que el derecho internacional reconoce y prohíbe, entre ellos la anexión, la construcción de asentamientos, el traslado forzoso, la persecución, la violencia sistemática y la denegación de derechos fundamentales.
Muchas de las prácticas mediante las cuales se aplican los cinco ámbitos descritos anteriormente también pueden constituir violaciones del régimen de ocupación y del derecho internacional de los derechos humanos, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, entre ellos el homicidio ilícito, la tortura, la privación ilícita de libertad, el castigo colectivo, la persecución, la expulsión y el traslado forzoso, así como el establecimiento de asentamientos. En su conjunto, no pueden entenderse únicamente como violaciones aisladas, sino como parte de un sistema integrado a través del cual se impulsa el «proyecto de eliminación».
La prohibición del apartheid en virtud del derecho internacional proporciona el marco jurídico central para analizar el régimen en Cisjordania. El régimen israelí distingue entre dos grupos — judíos y palestinos — y les asigna de forma diferente el estatus, los derechos, las protecciones y los recursos; mantiene un sistema institucionalizado de dominación y opresión sistemáticas de los palestinos; y comete actos inhumanos para establecer y preservar dicha dominación.
El derecho de ocupación sigue aplicándose en Cisjordania, pero no es una alternativa al marco del apartheid ni basta por sí solo para captar el panorama jurídico en su totalidad. El régimen de apartheid en Cisjordania funciona principalmente a través del control militar, mientras que la anexión y los asentamientos afianzan el control de Israel sobre el territorio, alteran su composición y violan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. En su dictamen consultivo de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal y que debe ponerle fin lo antes posible.
La amplia impunidad de la que gozan los soldados, los agentes de policía y los colonos que causan daño a los palestinos permite que los mecanismos de eliminación persistan, se consoliden y se arraiguen como parte del régimen de apartheid israelí.
Entre 2016 y 2024, se presentaron ante el sistema de justicia militar 2,427 denuncias relativas a daños causados por soldados a palestinos y a sus bienes; solo se abrieron investigaciones en el 22.7% de los casos, y solo se dictaron autos de acusación en el 0.9%. El mismo patrón se observa en los casos de violencia por parte de israelíes
contra palestinos: el 93.6% de los expedientes de investigación abiertos entre 2005 y 2025 concluyeron sin que se dictara auto de acusación, y solo el 3% concluyó con una condena total o parcial. La impunidad no se limita al castigo a posteriori. Crea las condiciones en las que los autores pueden contar con que el sistema los respalde, lo que permite que la violencia continúe.
Conclusión: El deber de detener el proyecto de eliminación y poner fin al régimen de apartheid israelí
La realidad aquí descrita conduce a una clara conclusión moral y política: la opresión sistemática y violenta que Israel inflige a los palestinos en Cisjordania no puede acabarse mediante una aplicación más eficaz de la ley contra colonos especialmente violentos, la eliminación de ciertos puestos de control, una congelación parcial de la construcción o cambios políticos fragmentarios.
Esas medidas pueden prevenir algunos delitos y violaciones de derechos y proteger a las personas en casos concretos, por lo que son importantes a corto plazo. Pero no alteran la estructura que genera la violencia, el despojo y la opresión. Las prácticas descritas en este informe no son aberraciones, sino que forman parte integral del funcionamiento del régimen.
La protección de los derechos humanos requiere detener el proyecto de eliminación y poner fin al régimen de apartheid de Israel y al control militar sobre los palestinos. Las soluciones esporádicas no pueden convertir un proyecto colonialista basado en el despojo en un sistema que respete los derechos humanos. Los derechos de los palestinos nunca podrán garantizarse dentro de un sistema que se dedica a negarles el poder político, a controlar sus tierras y a desmantelar su capacidad para existir como colectividad.
Un régimen basado en la supremacía judía, el apartheid y el despojo es ilegítimo. No puede aceptarse ni normalizarse, y tampoco basta con limitarse a reducir parte de la violencia y el despojo que genera.
Durante años, la comunidad internacional ha observado cómo se desarrollan estos acontecimientos en Cisjordania, al tiempo que sigue tratándolos como una serie de actos e incidentes aislados: la expansión de los asentamientos, la violencia de los colonos, las demoliciones, los controles de carreteras, la expropiación de tierras o el asesinato de palestinos. Las condenas aisladas y los repetidos llamados a mostrar moderación, evitar medidas unilaterales o volver a la mesa de negociaciones le otorgan a Israel tiempo, margen de maniobra e inmunidad para seguir avanzando en su proyecto de eliminación.
El apoyo político, militar y económico a Israel, así como la protección diplomática que recibe, proporcionan al régimen israelí los recursos, la legitimidad y la libertad para seguir cometiendo crímenes contra los palestinos.
Los Estados y las instituciones internacionales tienen la obligación moral y jurídica de hacer todo lo que esté en su mano y utilizar todos los medios a su alcance en virtud del Derecho Internacional para impedir que Israel continúe con sus crímenes, para darles fin y proteger a los palestinos de ellos. La impunidad internacional impide que se rindan cuentas por los crímenes ya cometidos y es, además, una de las condiciones que permite que dichos crímenes continúen.
El genocidio en Gaza no ha provocado el cambio fundamental en la política internacional que la magnitud de los crímenes exige, y esa misma política permite que continúen la violencia, el estrangulamiento económico, la destrucción social y política y la limpieza étnica en Cisjordania.
El análisis del proyecto de eliminación también requiere prestar atención a las formas en que los palestinos actúan dentro de él y en contra de él: se aferran a su tierra, mantienen y desarrollan instituciones y marcos sociales y políticos, preservan la memoria y la identidad, documentan, se organizan y resisten. Estas acciones forman parte integral de la realidad descrita en el informe y de la lucha en curso por el espacio, la vida en él y la posibilidad de forjar un futuro palestino.
Cualquier orden político justo debe basarse en el reconocimiento de los palestinos como sujetos políticos con derechos individuales y colectivos, y no como una población que deba ser gestionada por Israel o por actores internacionales. Los derechos de los palestinos a la libertad, la igualdad, la autodeterminación y a vivir colectivamente como pueblo son la premisa, no una cuestión sujeta a la aprobación del régimen que los controla. La situación política de los palestinos y sus condiciones de vida no pueden seguir determinándose mediante la coacción israelí, el control militar o acuerdos que perpetúen las relaciones de dominación existentes.
B’Tselem trabaja por un futuro de libertad, justicia, igualdad y democracia para todas las personas que viven entre el río y el mar. Ese futuro exige poner fin al régimen de apartheid y al dominio militar sobre los palestinos, así como garantizar los derechos individuales y colectivos, la participación política en igualdad de condiciones y una oportunidad real para que todos puedan forjar su futuro.
Poner fin a los crímenes y a las violaciones de derechos es una condición necesaria, pero la justicia también exige el reconocimiento de las injusticias, la rendición de cuentas por los crímenes cometidos y hacer frente a las consecuencias actuales de la desposesión y el desplazamiento, la violencia y la destrucción social y política, tanto en el pasado como en el presente.
Todo ello requiere una transformación fundamental de la estructura del régimen actual y la construcción de un sistema basado en la igualdad de valor de todos los seres humanos y que garantice el derecho a vivir en libertad, igualdad, seguridad y dignidad.
Financiado principalmente con fondos de Estados extranjeros. Los nombres de los Estados extranjeros de los que se han recibido las donaciones figuran en la página web del Registro.
(Esta fue la segunda de dos partes. La primera puede encontrarse en la Parte 1.)
Si te gustó este artículo, compárte lo con amigos y usa el enlace a continuación para suscribirte gratuitamente a Panorama-Mundial.
Anota en el espacio a continuación tu correo electrónico y haz clic en el botón SUSCRIBIRSE. Recibirás un mensaje con el enlace que necesitas usar para confirmar tu suscripción.
Categorías:Palestina/Israel
1 respuesta »