Caracas cede patrimonio nacional hasta el próximo siglo
Por Yvonne Hayes
“EL MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA EN TODO EL MUNDO” gritó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su cuenta de X el 28 de agosto de 2026. Presumiendo de que Estados Unidos había adquirido control mayoritario sobre una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela, afirmó que el acuerdo “no supone costo alguno para el contribuyente… y a largo plazo reducirá sustancialmente el precio de la gasolina para todos los estadounidenses”.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negoció el acuerdo junto con el secretario de guerra, Pete Hegseth, quien trabajó en estrecha colaboración con la “muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez”, escribió Trump. Trump prometió que el pacto ayudaría “a seguir encaminando a Venezuela hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad”.
Según el acuerdo, 65 mil millones de barriles de las reservas petroleras venezolanas —ubicadas actualmente en 17 yacimientos de alto valor— quedan esencialmente bajo control de Estados Unidos durante los próximos 100 años. Una colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y Alejandro Betancourt, propietario de North American Blue Energy Partners (NABEP), otorgará al Pentágono una participación del 35 por ciento en la empresa. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos podrá comprar el 20 por ciento de la producción de NABEP a precio de costo y tendrá derecho preferencial sobre el 80 por ciento restante.
ANÁLISIS DE NOTICIAS
Este último aspecto del acuerdo es inusual. En esencia, significa que el Pentágono —que será el beneficiario directo de importantes ingresos— se está involucrando en el negocio petrolero. El acuerdo le permite al departamento de guerra usar el dinero eludiendo la aprobación del Congreso —y con ello la ficción de la aprobación pública— para una parte de sus futuras operaciones militares. El Departamento de Estado estará solo un paso atrás.
Washington también controlará la junta directiva de la empresa. La Casa Blanca afirmó que el gobierno de Estados Unidos tendría poder de veto sobre cualquier nombramiento para dicha junta, y que la mayoría de sus miembros tendrían que ser ciudadanos estadounidenses.
Por parte de Venezuela, Rodríguez afirma que el acuerdo generará 200 mil millones de dólares en ingresos por impuestos y regalías para su país. Pero dada la vigencia del acuerdo, eso solo equivale a unos 2 mil millones de dólares al año, lo que es una verdadera gota en el “barril” en comparación con las concesiones.
Otros 100 mil millones de dólares, afirma Rodríguez, se obtendrán en forma de inversiones. Pero nada de eso llegará al pueblo venezolano para reconstruir su país. Esos fondos servirán simplemente para reparar y mejorar la infraestructura de bombeo de petróleo —ahora en manos privadas— que está oxidada y en ruinas.
“El acuerdo tiene más que un ligero tufo a intervención imperial”, escribió la columnista de Bloomberg Mie Dahl. De hecho, no es más que un robo a mano armada bajo la amenaza de una espada imperial.
Estados Unidos intenta imponer su hegemonía en las Américas
Tras su ataque militar del 3 de enero contra Caracas y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Washington tomó control del petróleo de Venezuela. Ha mantenido sanciones contra el país y ha dictado con quién puede hacer negocios Venezuela, prohibiendo específicamente cualquier acuerdo con Rusia, China e Irán. Estas restricciones al comercio petrolero venezolano también están al centro del bloqueo petrolero de Estados Unidos contra Cuba y de los esfuerzos de Estados Unidos por someter al pueblo cubano mediante el hambre.
Las mentiras de la administración de Trump y de Rodríguez que afirman que el pueblo venezolano —y no solo una parte de su élite adinerada— se va a beneficiar por este acuerdo han quedado al descubierto por el historial de Washington desde que se anunció el acuerdo.
Las ganancias por las ventas de petróleo venezolano ahora fluyen directamente a las arcas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Solo una pequeña parte regresa a Caracas, tras la aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“En los primeros cuatro meses desde que Estados Unidos inició su control sobre las exportaciones del petróleo de Venezuela, casi cien millones de barriles de petróleo, con un valor estimado de 8 mil millones de dólares, han pasado por un proceso que se caracteriza por la falta de transparencia y una supervisión mínima”, escribió Roxanne Vigil en un artículo del 3 de junio publicado en el sitio web del Consejo de Relaciones Exteriores. “Si bien la administración de Trump ha presentado repetidamente este control como algo que beneficia a ambos países, no ha revelado públicamente qué cantidad de petróleo venezolano ha vendido, el monto de los ingresos recaudados ni cómo ha utilizado esos fondos”.
El marco del nuevo acuerdo entre Washington y Caracas es igualmente vago.
La porción china del mercado
No es casualidad que cinco de las instalaciones petroleras que se cederán a las agencias del gobierno de Estados Unidos son actualmente empresas conjuntas entre Venezuela y China. En los últimos años, Pekín ha reemplazado a Washington como el principal socio comercial de muchos países latinoamericanos. Esta rivalidad fue parte de lo que impulsó a la Casa Blanca a dar a conocer su “Doctrina Donroe“[1] el pasado noviembre y luego ponerla en práctica durante su ataque militar contra Venezuela. La competencia con China también es uno de los factores que impulsan la política estadounidense en la guerra contra Irán.
A pesar de su riqueza subterránea, Venezuela tiene una deuda considerable, que incluye al menos 10 mil millones de dólares adeudados a bancos chinos. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el 2 de septiembre que Pekín no tendrá derecho alguno a los ingresos de la nueva producción petrolera venezolana, lo que corta uno de los canales con los que contaba el país para el pago de sus deudas.
En los últimos años, Venezuela se ha convertido en una fuente de energía menos importante para China. El crudo de la nación caribeña representó solo el 4% del total de las importaciones chinas de petróleo en 2025. Y no se tiene constancia de que haya llegado ningún petrolero venezolano a China desde que la administración de Trump asumió el control de esos activos tras su asalto militar del 3 de enero.
Hasta ahora, la reacción de Pekín a la amenaza de Estados Unidos a sus intereses ha sido mesurada. El 3 de septiembre, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo que los derechos e intereses legítimos del país en Venezuela “deben ser protegidos”. Agregó: “La cooperación entre China y Venezuela está protegida por el derecho internacional… No es asunto de terceros”.
El presidente chino, Xi Jinping, tiene previsto viajar a Estados Unidos para reunirse con Trump. Es probable que lleve consigo una numerosa delegación de directores ejecutivos chinos. ¿Habrá un enfrentamiento por el acuerdo que Washington ha alcanzado con Caracas, o optarán las dos grandes potencias por ignorar el elefante en la habitación?
Un aliciente para los conglomerados energéticos de Estados Unidos
Con el anuncio del acuerdo con NABEP, la Casa Blanca también busca alentar a los conglomerados energéticos privados de Estados Unidos y de otros países a invertir en la producción de petróleo y gas en Venezuela. Muchos se habían retirado de ese mercado cuando, bajo el mandato del expresidente Hugo Chávez, Caracas reforzó el control estatal sobre los recursos petroleros a partir de 2001. Aprovechando una ola de movilizaciones de la clase obrera y el campesinado, el gobierno de Chávez promulgó leyes que amenazaban con reducir las ganancias y el poder de la oligarquía financiera: la reforma agraria, las protecciones para los pescadores independientes y la asignación de fondos estatales para la vivienda y otros programas sociales.
Chevron fue la única gran empresa estadounidense que mantuvo sus operaciones durante ese período. A raíz del último saqueo por la administración de Trump, la empresa ahora pretende aumentar su capacidad productiva en un 50%. Wright, el “zar de la energía” de Estados Unidos, estuvo en Caracas para celebrar esta decisión con Rodríguez, así como para firmar el acuerdo con NABEP.
El momento que Trump escogió para hacer esta declaración tampoco es casual en lo que respecta a la política interna de Estados Unidos. Las encuestas en el país muestran un aumento en el descontento con la gestión económica de la administración. Por lo tanto, la promesa de un alivio en las gasolineras y en los supermercados está diseñada para apuntalar en las urnas a los políticos apoyados por Trump este otoño.
Pero estas promesas no tienen fundamento. Según muchas fuentes, va a tomar años reconstruir la infraestructura en Venezuela y permitir así una extracción óptima de las vastas reservas de petróleo crudo del país.
Mientras tanto, la capacidad de las refinerías de petróleo crudo en Estados Unidos se ha mantenido en un promedio cercano al 95% desde principios de este año, por encima del promedio a largo plazo de poco menos del 90%. El precio del petróleo en las gasolineras no tiene nada que ver con la capacidad de las refinerías estadounidenses ni con el acceso a reservas. Se trata de las gigantescas ganancias de los monopolios petroleros. Los trabajadores en Estados Unidos están siendo estafados por las mismas fuerzas que estafan a los trabajadores en Venezuela y que bombardean al pueblo de Irán.
Delcy Rodríguez: ¿Patriota o marioneta?
En febrero de 2026, Panorama-Mundial publicó La conquista de Washington en Venezuela, cuestionando las declaraciones de Manolo de los Santos, líder del Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), de que el gobierno de Delcy Rodríguez estaba destinado a ser el portador de la “Revolución Bolivariana”[2] puesta en marcha por Chávez y, supuestamente, continuada bajo Maduro. De los Santos afirmó que el proceso que se desarrolla en Venezuela está conduciendo al establecimiento del “socialismo del siglo XXI”.
Los autores del artículo de Panorama-Mundial, dividido en dos partes, argumentaron que las señales ya eran claras: apenas un mes después de la invasión de Estados Unidos y el secuestro de Maduro y Flores, Rodríguez estaba preparada para actuar como la representante de Trump y sus secuaces. La aprobación, el 29 de enero, de una nueva ley de hidrocarburos — que otorga nuevos derechos a las entidades privadas y reduce el impuesto sobre la renta de los proyectos energéticos — abrió esa puerta. Durante los meses siguientes, un paso tras otro ha despejado aún más el camino para este acuerdo más reciente, lo que confirma la evaluación de una capitulación total ante Washington por parte del actual gobierno interino.
En lugar de defender la soberanía de Venezuela, como afirma, el gobierno de Rodríguez está facilitando el robo de los derechos y recursos del pueblo venezolano. Rodríguez lo hace empleando una retórica “antiimperialista” y pretende continuar el legado de Simón Bolívar y las reformas de Chávez. Pero eso no debería engañar a nadie.
El historial reciente demuestra que las afirmaciones de Trump y de Caracas de que los beneficios de este nuevo acuerdo llegarán a las masas venezolanas son simplemente mentiras. La respuesta de ambos gobiernos ante la devastación causada por el terremoto del 24 de junio dejó claras sus prioridades.
A raíz de ese desastre — que dejó al menos 6,500 muertos, más de 225,000 heridos, miles de desaparecidos y decenas de miles de personas sin hogar — el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió una respuesta estadounidense “fuerte, rápida y eficaz”. En realidad, eso se redujo a un compromiso irrisorio de 150 millones de dólares para grupos de ayuda de carácter religioso y dos agencias de las Naciones Unidas, un Equipo de Asistencia para Respuesta ante Desastres y dos equipos de búsqueda y rescate de Virginia y California que incluían a 150 personas y una docena de perros.
Sin embargo, al centro de esta respuesta se encontraba la llamada “ayuda” del Pentágono para llevar al país personal y suministros del gobierno de Estados Unidos.
Es probable que Washington también haya estado detrás del acercamiento en las relaciones entre Caracas y Tel Aviv en los últimos meses. Eso llevó a que Israel enviara un pequeño contingente de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), miembros de organizaciones no gubernamentales israelíes y personal diplomático — unas 30 personas en total — en respuesta al desastre. Las autoridades israelíes y venezolanas insisten en que la llegada de los israelíes — con quienes Venezuela había roto relaciones diplomáticas en 2009 — se produjo por invitación expresa de Rodríguez. Pero todo apunta a que el gobierno de Estados Unidos está tomando cada vez más las riendas, no solo en lo económico, sino también en lo político y diplomático en Venezuela.
Aprovechar el desastre para promover los intereses de Estados Unidos
En una entrevista del 24 de julio con The Tempest, el socialista venezolano Gonzalo Gómez señaló que al menos 15 países habían enviado ayuda tras los sismos. “Pero el gobierno de Estados Unidos”, dijo, “que ya tenía presencia en Venezuela, se apresuró a enviar personal militar en lugar de ayuda de calidad. Estados Unidos se ha aprovechado de la situación para avanzar en la ocupación militar de Venezuela”.
Gómez también señaló que esto se hizo en un contexto de corrupción, burocracia y falta de respuesta por parte del gobierno venezolano.
Es en este contexto que el trabajador venezolano José Luís Machena se refirió al reciente acuerdo petrolero durante una entrevista con Al Jazeera, indicando que no inspiraba confianza.
“Esto perjudica al país”, dijo Machena. “Ya saben, prácticamente le están entregando el país a otros países, y eso no debería estar pasando. Hubo un terremoto y no hicieron nada. La gente tuvo que pagar de su propio bolsillo para alquilar maquinaria” para excavar entre los escombros.
Otra señal de a quién realmente va a beneficiar el acuerdo con Washington se encuentra en el hombre al que Trump llama un “campeón” de la industria petrolera: el dueño de NABEP, Alejandro Betancourt López. Este empresario de 46 años saltó a la fama en la década de 2010 “cuando el gobierno venezolano les otorgó a él y a sus socios contratos para construir numerosas centrales eléctricas en todo el país, a pesar de que no tenían experiencia en ese tipo de proyectos”, informó el New York Times del 29 de agosto, como parte de un “nuevo grupo de empresarios que se beneficiaron de la llamada Revolución Bolivariana emprendida por el gobierno”.
Posteriormente, Betancourt adquirió participaciones en la explotación de yacimientos petroleros maduros en el lago Maracaibo, en el oeste de Venezuela, yacimientos que se convirtieron en el negocio principal de NABEP.
Durante más de una década, Betancourt ha enfrentado acusaciones de corrupción. Ha sido objeto de investigaciones por lavado de dinero y otros delitos bancarios en Suiza, España y Estados Unidos — donde Rudy Giuliani fue su abogado. Nunca se le han imputado cargos.
NABEP, que se había convertido en el segundo productor privado de petróleo en Venezuela, fue una de las empresas que firmó acuerdos de reparto de producción a mediados de 2025 bajo el gobierno de Maduro, acuerdos diseñados para eludir las sanciones de Estados Unidos. En ese entonces, el gobierno de Estados Unidos le negó a NABEP una licencia de operación.
Sin embargo, desde el secuestro de Maduro en enero, la administración de Trump ha estado contando con Betancourt para ayudar a realizar proyectos comerciales y alianzas en Venezuela, informó el New York Times.
“Este año, funcionarios del Departamento de Estado intentaron presionar al gobierno suizo para que relajara las investigaciones en contra del Sr. Betancourt y le pidieron al gobierno británico que levantara las restricciones de viaje en su contra”, escribió el Times. “El departamento también le otorgó al Sr. Betancourt una visa de entradas múltiples a Estados Unidos para que pudiera reunirse con funcionarios de la administración de Trump”.
Muchos de los principales medios de comunicación capitalistas han señalado que existe oposición dentro de Venezuela al acuerdo petrolero, afirmando que proviene de “ambas partes”. Esto se traduce en la oposición de quienes ven el acuerdo como una traición a los derechos soberanos del pueblo venezolano, y de aquellos dentro de la oposición capitalista del país que se sienten excluidos del acuerdo y cuestionan la legitimidad del gobierno de Rodríguez para ceder activos tan importantes por un plazo tan largo.
Desconfianza tanto de Washington como de Caracas
Lo que resulta mucho más difícil de discernir son los sentimientos entre las masas trabajadoras del país, aunque los reportajes insinúan un amplio descontento y la desconfianza tanto sobre el papel de Estados Unidos como sobre el papel de su propio gobierno.
Al Jazeera transmitió uno de esos reportajes el 30 de agosto. “Si ese dinero le va a llegar a la gente, creo que es excelente”, dijo una mujer entrevistada en las calles de Caracas. “Pero si, por el contrario, el dinero va a las arcas del Estado y se queda allí, entonces no me gusta, porque la idea es que ese dinero se invierta en Venezuela en escuelas, hospitales, carreteras, alumbrado público y la reconstrucción de tantas cosas destruidas por el terremoto, además de brindar ayuda a las personas que lo perdieron todo. Pero si va a los bolsillos de los que están en la cima, no estoy de acuerdo con eso”.
Un hombre entrevistado para el mismo video dijo: “Tenemos que esperar. Pero para mí, es una gota en el océano comparado con lo que se han llevado estas personas del gobierno. Los hospitales están destruidos. No hay seguridad. No hay educación. Prácticamente gano el salario mínimo. No tengo seguro. Trabajo con zapatos raídos. Bueno, seguiremos esperando”.
Un tema que impulsa la oposición de la clase trabajadora es la falta de pasos hacia nuevos comicios presidenciales tras el secuestro de Maduro.
Al hablar sobre el papel de Estados Unidos en su país, Carlos Pérez, un estudiante de mecánica automotriz de 23 años, le dijo a Los Angeles Times: “Nos dicen que tenemos que esperar dos años, tal vez más, mientras tanto hacen negocios con un gobierno que no fue elegido, que nos fue impuesto y que no queremos”.
“Esperábamos elecciones” le dijo Antonio Marchetti, un plomero y electricista de 45 años, al mismo periódico. “Este pacto con Trump afianzó la dictadura a la que él mismo le declaró la guerra. Pero para deshacerse de Maduro, dejó todo lo demás y entabló negocios con ellos. Me repugna”.
En la entrevista de julio con Tempest, Gómez habló sobre su evaluación del estado de la clase trabajadora y sus organizaciones, tras los terremotos pero antes del anuncio del acuerdo petrolero con Trump. “Hoy en día, el agotamiento social coexiste con algunos indicios de una renovada organización social y política”, señaló Gómez. “La respuesta comunitaria demuestra que existe una reserva de fuerzas que puede organizarse y, potencialmente, transformarse en una fuerza política, si se articula de manera democrática e independiente por parte de la clase trabajadora”.
Queda por verse si esto se puede traducir o no en organizaciones capaces de aprovechar el poder potencial del pueblo trabajador de Venezuela. Pero la ruta marcada por el gobierno de Rodríguez es una rendición ante el poder imperial del norte.
Para el pueblo trabajador de Estados Unidos, nuestra respuesta debe ser fuerte y clara: “¡Estados Unidos Fuera de Venezuela! ¡Devuelvan el petróleo a la soberanía venezolana!”
NOTAS
[1] Articulada por primera vez por el entonces presidente James Monroe en 1823, cuando casi todas las colonias de España en las Américas habían logrado la independencia o estaban a punto de hacerlo, la doctrina Monroe afirmaba que cualquier nuevo intento por las potencias europeas de controlar o influir en los Estados soberanos de la región se consideraría una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Representó el germen de una política que podría resumirse en que América Latina y el Caribe eran el “patio trasero” de Estados Unidos — un intento descarado de dominación económica de Estados Unidos en el hemisferio y la movilización de su poder militar para respaldarla.
“El Corolario de Trump a la Doctrina Monroe” — o la “Doctrina Donroe”, como se le ha denominado — se afirmó por primera vez en el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 publicado por la Casa Blanca en noviembre de 2025.
[2] La Revolución Bolivariana se refiere al proceso de reforma social en Venezuela iniciado en 1998, cuando Hugo Chávez fue elegido presidente del país por primera vez. Lleva el nombre de Simón Bolívar, un oficial militar venezolano que lideró la lucha por la independencia de España a principios de la década de 1820 en la región que abarca lo que hoy son Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
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Categorías:Política Mundial