El asesinato el 10 de septiembre del “influencer” de derecha Charlie Kirk fue uno de los ataques más serios y peligrosos a la libertad de expresión. Debe ser condenado inequívocamente. El asesinato de Kirk le sirvió en bandeja de plata la mejor excusa a la administración Trump y a sus aliados para que intensifiquen su asalto contra los derechos democráticos. La Casa Blanca ahora está usando el horrendo asesinato para impulsar la trayectoria de Trump hacia un gobierno autocrático.
En este breve ensayo, Rashid Khalidi, autor de “La guerra de los cien años contra Palestina”, describe con precisión cómo la Universidad de Columbia está amordazando a los estudiantes y profesores que se han opuesto a la masiva matanza de palestinos en Gaza por parte de Israel, al tiempo que los funcionarios universitarios viran más a la derecha bajo la presión de la administración Trump.
Tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre y la brutal invasión israelí de Gaza en represalia, se han planteado nuevos desafíos al derecho a la libertad de expresión. En todo Estados Unidos, las restricciones al derecho democrático a expresar sus puntos de vista sobre el conflicto en el Medio Oriente se centran hoy en los campus universitarios. Pero los precedentes establecidos allí se extenderán, con peligrosas consecuencias para la libertad de expresión, si no hay una respuesta ni oposición.
El 1º de agosto, el fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó cargos federales contra el expresidente Donald Trump relacionados a su fallido intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Dos días después, Trump se declaró “inocente” de los cuatro cargos en un tribunal federal en Washington, D.C. Es un hecho ineludible que Trump y sus aliados participaron en una campaña concertada encaminada a anular los resultados de las elecciones. Hasta el día de hoy Trump sigue promoviendo la desvergonzada mentira de que la elección le fue “robada”. Esta nueva acusación, sin embargo, sienta un peligroso precedente, permitiendo que el gobierno tache de criminal ciertos tipos de promoción política. Si el gobierno prevalece en este caso, ¿a quién pondrán en la mira las futuras administraciones en los años venideros — ya sean liberales, conservadoras o de la extrema derecha? No defendemos a Trump, pero sí abogamos por la defensa de los derechos democráticos. Esta es la segunda de dos partes.
El 1º de agosto, el fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó cargos federales contra el expresidente Donald Trump relacionados a su fallido intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Dos días después, Trump se declaró “inocente” de los cuatro cargos en un tribunal federal en Washington, D.C. Es un hecho ineludible que Trump y sus aliados participaron en una campaña concertada encaminada a anular los resultados de las elecciones. Hasta el día de hoy Trump sigue promoviendo la desvergonzada mentira de que la elección le fue “robada”. Esta nueva acusación, sin embargo, sienta un peligroso precedente, permitiendo que el gobierno tache de criminal ciertos tipos de promoción política. Si el gobierno prevalece en este caso, ¿a quién pondrán en la mira las futuras administraciones en los años venideros — ya sean liberales, conservadoras o de la extrema derecha? No defendemos a Trump, pero sí abogamos por la defensa de los derechos democráticos.
La acusación del gran jurado contra Donald Trump, anunciada por el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg el 5 de abril, marca la primera vez que un ex presidente de Estados Unidos ha sido acusado de un delito grave. La decisión, afirmaron los fiscales, apuntala el “estado de derecho”. Muchos de los que se oponen a Trump recibieron la noticia de los cargos con beneplácito, argumentando que por fin Trump tendría que asumir “responsabilidad” por algunas de las cosas que ha hecho. Muchos esperan que esto descarrile la campaña de Trump por la nominación presidencial del partido republicano en 2024, para la cual es ahora el favorito. Por el momento, sin embargo, parece que la acusación ha impulsado aun más a la derecha en la política estadounidense. De hecho, la acusación contra Trump amenaza con socavar protecciones constitucionales muy bien establecidas. Estas incluyen las relacionadas con los estatutos de limitaciones, la separación de poderes entre los gobiernos federales y estatales, y las disposiciones de la Sexta Enmienda a la constitución.