El presidente de Estados Unidos ha vuelto a amenazar con usar su poder ejecutivo para socavar las elecciones intermedias de otoño. De tener éxito, esta medida le asestaría un golpe devastador a los derechos democráticos y representaría un paso gigantesco hacia el gobierno de un solo hombre.
Durante una entrevista el 10 de agosto con Donald Trump, el comentarista de derecha Wayne Allyn Root sugirió que el presidente podría declarar una emergencia de seguridad nacional para promulgar disposiciones de la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés), que actualmente se encuentra estancada en el Senado. ”Si haces esto el mes que viene”, le dijo Root a Trump, “lograremos establecer la identificación con foto, la prueba de ciudadanía y un límite a los votos por correo, y ni siquiera necesitarías la ayuda del Senado”.
“Han pasado cosas más extrañas”, respondió el presidente. “Lo dejaré ahí”.
EDITORIAL
La Ley SAVE privaría del derecho al voto a millones de personas, especialmente entre los grupos que más miedo le dan al gobierno: los afroamericanos, los latinos y las naciones originarias; los jóvenes; las mujeres; y los trabajadores en general en las fábricas y el campo.
Con el pretexto de garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses emitan su voto, la ley exige que las personas presenten una prueba de ciudadanía en persona en una oficina electoral para poder registrarse para votar. Solo un pasaporte vigente o una licencia de conducir optimizada — disponible únicamente en cinco estados — servirían como prueba por sí solos.
Una identificación militar tendría que ir acompañada de registros de servicio que indiquen el lugar de nacimiento; todas las demás formas de identificación con foto — incluido el REAL ID — tendrían que ir acompañadas de una acta de nacimiento con un sello oficial. Lo más insultante es que la identificación tribal por sí sola — el documento que prueba que tus antepasados son de los pueblos originarios de Norteamérica, que fueron los primeros seres humanos en ocupar esta tierra — no se consideraría prueba suficiente de ciudadanía.
Actualmente, alrededor del 12 por ciento de los votantes no cuenta con los documentos necesarios para cumplir con los requisitos de la Ley SAVE. Obtenerlos requiere tiempo y dinero; en esencia, un “impuesto electoral” disimulado. Estos obstáculos afectarían de manera desproporcionada al pueblo trabajador, ya que es menos probable que cuenten con un pasaporte o con la flexibilidad para acudir a un centro electoral durante horas hábiles. Y la carga recaería con más fuerza sobre unos que sobre otros:
- En los 30 condados más extensos del oeste, los votantes rurales tendrían que conducir un promedio de 418 kilómetros de ida y vuelta hasta un centro electoral. En Alaska y Hawái, algunos votantes tendrían que viajar en avión. Este sobrecosto en dinero y tiempo es significativo, particularmente para los trabajadores y los pequeños agricultores y ganaderos.
- Las personas de color están representadas de manera desproporcionada entre quienes carecen de acceso inmediato a una prueba de ciudadanía. Casi la mitad de los afroamericanos menores de 30 años no cuenta con una identificación que incluya su nombre y su dirección vigente. A muchos afroamericanos nacidos antes de la era de los derechos civiles nunca se les expidió un acta de nacimiento.
- Alrededor del 24% de los menores de 30 años en general tampoco tiene acceso inmediato a los documentos requeridos. Los jóvenes, que suelen mudarse con más frecuencia, tendrían que presentar sus documentos cada vez que se vuelvan a registrar.
- Se estima que 69 millones de mujeres no cuentan con un acta de nacimiento que coincida con su nombre legal, por lo cual tendrían que presentar documentación adicional.
La Ley SAVE se suma a una serie de otros ataques contra el derecho al voto por parte de la administración Trump.
El 31 de marzo el presidente emitió una orden ejecutiva que les exige a los estados entregar sus registros electorales al Servicio Postal — tomando así el control del proceso de votación, una prerrogativa de los estados según la Constitución de Estados Unidos — y que impide que el servicio postal entregue las boletas completadas de votantes que no aparezcan en las listas aprobadas a nivel federal.
El 21 de agosto el Servicio Postal publicó reglamentos que cumplen con el pedido de Trump de restringir la popular práctica del voto por correo apenas unos meses antes de las elecciones de medio término. El Servicio Postal indicó que entregaría boletas electorales por correo solo en los estados que compartan los datos de sus votantes con el gobierno federal y que revisaría cada sobre para verificar que cumple con las nuevas normas.
La orden ejecutiva del 31 de marzo había sido bloqueada en gran medida por los tribunales federales. Pero el 24 de agosto, en un fallo de emergencia, la Corte Suprema dictaminó que Trump podía proceder con la implementación de las restricciones a las boletas por correo. Los magistrados advirtieron que su orden sigue siendo “preliminar” y deberá someterse a una revisión completa. ¡No esperen que la Corte Suprema proteja el voto por correo cuando hagan su “revisión completa”!
250 años de lucha por el sufragio universal
Desde la fundación de la república los trabajadores han luchado por ampliar los derechos democráticos, comenzando con la necesaria incorporación de la Carta de Derechos: las primeras diez enmiendas a la Constitución.[1] La lucha por ampliar el derecho al voto, inicialmente restringido a solo alrededor del 6% de la población — hombres blancos propietarios de tierras — ha sido el eje central de esa lucha.
Tuvieron que pasar casi 100 años y una guerra civil para que a los hombres negros se les permitiera votar. Incluso con la ratificación en 1870 de la 15.ª enmienda a la Constitución, el ejercicio del derecho al voto para los afroamericanos en muchos estados se vio limitado por pruebas de alfabetización, impuestos electorales y la violencia racista.
Luego tuvo que pasar otro medio siglo, y se tuvo que ratificar una nueva enmienda constitucional, antes de que las mujeres lograran ejercer el sufragio en 1920. No fue sino hasta 1965 que la presión del movimiento por los derechos civiles condujo a la aprobación de la Ley de Derechos Electorales, que declaró que es ilegal el negar acceso a las urnas por motivos de discriminación racial. La radicalización de la década de 1960, cuando jóvenes que aún no podían votar eran reclutados en grandes cantidades y enviados a Vietnam, condujo en 1971 a la reducción de la edad para votar a los 18 años.
Sin embargo, el 29 de abril de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos vació de contenido la Ley de Derechos Electorales de 1965 — que ya había sido debilitada por fallos anteriores. La corte afirmó que el racismo ya no es un factor en las elecciones ni en la representación en el Congreso. El fallo le permitió a los legisladores de Luisiana trazar un nuevo mapa electoral que diluyó la representación de las minorías, sentando un precedente para todo el país.
Si Trump declara una “emergencia nacional”, sería un paso enorme adicional por revertir los avances en el derecho al voto que se han logrado en los últimos 250 años.
¿Cuál es la “emergencia”? En primer lugar se trata de redoblar la apuesta de la obsesión del presidente por borrar el registro histórico de su derrota en las elecciones de 2020 — una ilusión basada en gran medida en el narcisismo, la egolatría y la imprudencia de un aspirante a emperador que odia perder. Las afirmaciones falsas de Trump de que la causa principal de su derrota en 2020 fue un fraude electoral masivo han sido interminables.
Un ejemplo claro fue el discurso de Trump en horario estelar desde la Casa Blanca el 16 de julio, cuando repitió su afirmación sin fundamento de que los sistemas electorales del país son vulnerables a ser “manipulados y usurpados”, sin aportar nuevas pruebas de un solo voto fraudulento emitido en ninguna elección. Estas acusaciones de Trump y sus acólitos impulsaron el asalto del 6 de enero de 2021 al Congreso de Estados Unidos, cuyo objetivo — que no tuvo éxito en esa ocasión — era anular la voluntad de los votantes.
La noche del discurso de Trump el 16 julio el ultraderechista Steve Bannon, antiguo estratega de Trump, le envió un mensaje de texto a CNN: “Necesitamos de inmediato una emergencia de seguridad nacional para las elecciones de medio término; esto es un poderoso predicado para ello”. Más tarde, Bannon predijo que esa declaración se haría pública pronto. “Saquen su lápiz n.º 2”, dijo Bannon en su video podcast War Room el 29 de julio. “Ya viene. Ya viene. Simplemente programen la última semana de agosto. Ya viene”.
Esta cruzada ha cobrado urgencia a medida que las condiciones económicas empeoran, la popularidad del presidente disminuye, y se hace cada vez más evidente la posibilidad de que su partido pierda sus mayorías en el Congreso este otoño.
Hay otra motivación que impulsa no solo a Trump y a sus secuaces, sino también a amplios sectores de la clase dominante.
La hegemonía global del imperialismo estadounidense está en declive, como lo demuestran la humillación de Washington en la guerra contra Irán y la continua pérdida de cuota de mercado frente a China.
Dentro de las fronteras de Estados Unidos la resistencia también va en aumento, como lo demostraron recientemente los 8 millones de personas que se manifestaron en las marchas “No Kings” en marzo y, de manera más gráfica, las decenas de miles que se mantuvieron firmes frente a los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Minnesota y otros estados — aunque estas protestas a favor de los inmigrantes no hayan detenido las redadas ni las deportaciones.
Ciudadanos, residentes legales e inmigrantes indocumentados por igual han sido esposados y trasladados a brutales centros de detención en muchos estados. A pesar de las órdenes judiciales que establecen que los funcionarios federales no pueden detener, y mucho menos arrestar a nadie basándose únicamente en su percibido origen étnico, estas detenciones siguen ocurriendo a diario en ciudades y pueblos en todo Estados Unidos.
Los antagonismos de clase se están volviendo más agudos y más evidentes.
Cuando la democracia amenaza a las familias capitalistas que gobiernan
En su libro Democracia y revolución, el marxista revolucionario George Novack escribió: “La democracia es un gasto adicional que los gobernantes capitalistas están dispuestos a pagar solamente mientras no les cueste demasiado”. Cada vez que los monopolistas observan que sectores de los oprimidos se valen agresivamente de los derechos e instituciones democráticos para promover su bienestar, cuando ven que los trabajadores y sus organizaciones desafían enérgicamente su supremacía, sienten que los órganos y las normas de la democracia se empiezan a convertir en una amenaza demasiado peligrosa y se apresuran a restringirlos y, finalmente, a eliminarlos”.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca ha utilizado su poder para intentar hacer precisamente eso. En 2025 el presidente firmó 225 órdenes ejecutivas sin precedentes, y este año emitió otras 49, eludiendo al poder legislativo.
La administración ha convertido al Departamento de Justicia en un instrumento propio, iniciando procesos judiciales contra funcionarios electorales por supuesto fraude y manipulación de boletas; ha hecho campaña en contra del voto por correo y el recuento electrónico; y ha establecido mecanismos — desde la manipulación de los distritos electorales hasta un mayor uso de agentes armados y enmascarados en las calles — para interferir en los procesos de votación y sentar las bases para la intimidación de los votantes.
En más de 60 casos los tribunales han rechazado las acusaciones de fraude electoral utilizadas para justificar la Ley SAVE. El propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reveló en abril los hechos sobre el supuesto voto ilegal de inmigrantes no ciudadanos. Solo el 0.03% de los registros revisados por la agencia merecía una revisión adicional por posible voto de personas que no son ciudadanos. Tras una revisión más detallada por parte de funcionarios estatales y locales, estas cifras se redujeron. Muchos de los señalados habían sido registrados automáticamente por error por un sistema estatal y nunca tuvieron la intención de votar; otros ya habían presentado documentos de ciudadanía.
Pero las mentiras se repiten una y otra vez hasta que empiezan a sonar como si fueran ciertas. Contradiciendo los datos del USCIS, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron a mediados de julio que se habían encontrado 250 mil personas que no son ciudadanos en los registros electorales de cuatro estados. En un informe del 18 de agosto, la Oficina del Censo de Estados Unidos afirmó que 24 mil no ciudadanos votaron en las elecciones presidenciales de 2020. Ambas afirmaciones se basaron en “evidencias” y metodologías cuestionables.
Las medidas para imponer el control federal sobre las elecciones también contradicen la afirmación de la administración de Trump de que favorece los derechos de los estados. Después de todo, este fue uno de los principales argumentos utilizados para justificar la anulación de Roe v. Wade en 2022 y la erosión del derecho de la mujer a decidir sobre el aborto en un estado tras otro.
En la entrevista que Trump le concedió al señor Root en agosto, la amenaza de una intervención federal en las elecciones de noviembre se presentó como un comentario improvisado, pero la intención expresada representa una grave amenaza. Junto con las recientes investigaciones y procesos judiciales contra activistas y organizaciones de un amplio espectro político — desde los que se oponen a la guerra económica de Washington contra Cuba hasta los trabajadores y sus sindicatos que se enfrentan al ICE — esto revela que al menos una parte de la clase dominante podría estar dispuesta a dar el siguiente paso hacia un régimen autoritario.
Como escribió el columnista del New York Times David French en un artículo del 23 de julio, “incluso si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes después de que se cuenten todos los votos este otoño, uno o más de los candidatos republicanos derrotados podrían intentar persuadir a la mayoría republicana saliente de que no permita que sus opositores demócratas asuman el cargo mientras la licitación siga pendiente”.
French explicó: “El verdadero proceso para impugnar una elección a la Cámara de Representantes se rige por la Ley Federal de Elecciones Impugnadas de 1969, una ley que revisó y actualizó los procedimientos legales que antes regían las elecciones impugnadas a la Cámara. La ley es detallada en cuanto al proceso, pero en gran medida no se pronuncia sobre las razones. Los supuestos para impugnar una elección quedan a discreción de la Cámara”.
Es un escenario razonable.
Además, a mediados de julio, el Pentágono extendió hasta el día de la toma de posesión de 2029 el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país, que ya lleva un año en vigor. Casi 5 mil soldados patrullan ahora las calles de Washington, D.C., sentando un precedente para el uso de las fuerzas armadas como fuerza policial interna. La fecha de desmovilización que fue anunciada es una amenaza apenas disimulada de que las tropas supervisarán la votación en las próximas elecciones presidenciales y la certificación de los resultados por parte del Congreso.
Vivimos una situación en la que las válvulas de seguridad de la democracia están comenzando a estallar una tras otra. La mentira, la calumnia, el soborno, la venalidad, la coacción y el asesinato están adquiriendo nuevas dimensiones. Todas estas son manifestaciones del declive del imperialismo. La decadencia del capitalismo denota la decadencia de la sociedad contemporánea, así como la de sus leyes y su moral.
Debemos reconocer esta nueva realidad para estar mejor preparados para hacer frente al intento de normalizar la militarización de nuestras calles y para defender las libertades civiles frente a la avalancha de los intentos de socavar el voto y otros derechos democráticos.
Bajo este gobierno no hay nada que se pueda descontar.
NOTAS
[1] La Carta de Derechos se refiere a las primeras diez enmiendas a la Constitución de Estados Unidos; en ellas se consagraron las libertades fundamentales de expresión, religión, prensa, asamblea pacífica y de petición al gobierno, así como el derecho a portar armas, a un juicio con jurado, a no sufrir registros ni incautaciones injustificados, y otras garantías. Entre las enmiendas posteriores que lograron ampliar el derecho al voto se encuentran la 15.ª enmienda, que prohibió la denegación del derecho al voto por discriminación racial, y la 19.ª enmienda, fruto de una larga y enconada lucha política tras la cual las mujeres ganaron el derecho al voto.
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Categorías:Derechos Democráticos, Editorial, Política en Estados Unidos